Marco Antonio Patiño Padilla
Expediente 1600/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1600/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Patiño Padilla
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dar contestación a su escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, presentado ante su potestad el veintisiete siguiente, en el juicio reclamatorio laboral 726/2016 de su índice, en el que solicitó se decretara el embargo correspondiente en dicho procedimiento y se girara oficio a bancos, para la ejecución del laudo. Sin embargo, de las constancias certificadas que la autoridad responsable remitió con su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa de veintiséis de septiembre referido, pronunciándose sobre el embargo y giró oficio a una institución bancaria (foja 16). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el trece de noviembre de esta anualidad; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 663/2019-IV, para resolver si se ha cumplido o no con la ejecutoria; y, Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo instado a Ana Guadalupe Moo Pool, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad. Segundo. Mediante diversos oficios la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por acuerdo de siete de octubre del presente año, se dio vista a las partes con los referidos oficios y constancias adjuntas, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de mérito, se concedió el amparo a favor de la quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado efectuara lo siguiente: "Declarar cerrada la instrucción y emitir el laudo correspondiente con base a los plazos fijados por la Ley Federal del Trabajo." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: El seis de agosto de dos mil diecinueve, declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen y remitió los autos para la formulación del proyecto de resolución (foja 102). El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral 388/2017 (foja 114 a 127). Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y por consecuencia, al no advertirse que la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
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