Marco Antonio Velasco Martínez
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marco Antonio Velasco Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el servicio postal de correos, que contiene el oficio 2168 de primero de febrero del año en curso, dirigido al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual se le notifica el auto de misma fecha, por el que se declaró cumplido el fallo protector en el presente asunto, con la razón "Juez Cuarto ya no existe". Ahora bien, de autos se advierte, que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo de la circular 18 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que en sesión extraordinaria celebrada el treinta de junio del año en curso, aprobó el cierre del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se tuvo como autoridad sustituta para el cumplimento a la ejecutoria dictada en el presente asunto al Juzgado Segundo de Primera Instancia, en la misma ciudad. En mérito de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reexpídase el oficio 2168, al Juzgado Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, lo anterior para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto al representante especial del menor de identidad reservada, el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, donde se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de trece de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el Asesor Jurídico Federal Alfonso Sánchez Luna, en su carácter de representante especial del menor quejoso, mediante escrito visible a fojas ciento veintiocho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de septiembre del año inmediato anterior, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Marco Antonio Velasco Martínez por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales E.G.V.C., para el efecto de que la autoridad responsable: a.- Deje insubsistente la orden de que se realicen las visitas y convivencias de manera presencial, del menor quejoso con su progenitora y, b.- Atendiendo los lineamientos precisados en esta resolución, se realicen esas convivencias a través de los medios de comunicación disponibles." En proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de trece de enero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 96 de seis de enero de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del auto de cinco de enero del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número 519/2021/I, Diligencias de Jurisdicción Voluntarias, del que en cumplimiento a la ejecutoria dictada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dejó sin efecto la convivencia de transición decretada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, entre el menor de edad, de identidad reservada, de iniciales E.G.V.C., y su progenitora Cesia Merab Carbajal de León, dictada dentro de los autos 1105/2021-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo anterior, considerando que por Circular número 18, de fecha treinta de junio del presente año, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ordenó el cierre y desaparición del juzgado familiar de referencia, correspondiéndole al juzgado oficiante continuar con el conocimiento del presente asunto hasta su conclusión y radicándose bajo el número de expediente 519/2021 de su índice; por lo que en calidad de autoridad sustituta del extinto juzgado familiar responsable, turnó los autos para proveer única y exclusivamente respecto de la convivencia paterno-filial entre el menor E.G.V.C. y el padre no custodio, sin trastocar el resto de lo acordado en la audiencia celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Seguidamente, el juez responsable, hizo una relación de las manifestaciones vertidas por el núcleo familiar del menor involucrado, así como del perito en psicología Julio Apolinar Bonilla Mota, la Fiscal comisionada, y entidades auxiliares en la impartición de justicia, sobre todo, atendiendo a las necesidades especiales del menor, por su edad, madurez, y advirtiendo un notorio conflicto entre los padres, el lugar de residencia de cada uno de ellos, ocupaciones, horarios de trabajo y entorno familiar en el que actualmente se desenvuelve, y que éste identifica a la figura materna en su abuela paterna, teniendo en cuenta lo manifestado por el perito en psicología en el sentido de que dada la edad del menor, una convivencia virtual no resultaría efectiva ni benéfica para iniciar una identificación de la figura materna del menor con su progenitora; sin embargo no perdió de vista el contexto excepcional que atraviesa el país, derivado de la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars Cov2 (Covid19). Luego así, a fin de garantizar y procurar al menor una vida digna, alejada de conflictos de violencia en la familia, que afecten su entorno familiar y social, el juez responsable estimó prudente FIJAR DE MANERA PROVISIONAL, la convivencia oficiosa del menor quejoso de iniciales E.G.V.C. con su madre Cesia Merab Carvajal de León, como progenitora no custodio, con apoyo en lo que disponen los artículos 1 y 2 párrafo primero, inciso c) Constitucionales; 1,2,3,7,9,12,18,19,y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1,2,3 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 340, 341, 342, 343, 345 tercer párrafo, 346, 351 y demás concordantes del Código Civil del Estado de Veracruz. Ahora bien, atendiendo a la suplencia de la queja contenida en el último párrafo del artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado, al Interés Superior del menor, lo cual no corresponde exclusivamente a los padres protegerlos, sino a la sociedad, y el cual debe prevalecer por encima del de sus progenitores, a lo dispuesto en el artículo 345 del Código Civil, en el entendido que, a efecto de resguardar el bienestar del menor involucrado y evitar cambios repentinos en el ambiente en el que cotidianamente se desenvuelve, que pudiera provocar una reacción adversa en su desarrollo, el juez consideró que el infante deberá continuar en el lugar donde actualmente se encuentra, que lo es bajo la guarda y custodia de su progenitor, detentando conjuntamente dicho resguardo en la persona de su abuela paterna, autorizando las medidas de convivencia para con su madre y su familia materna. No obstante, dada la situación de peligro por la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), el juez consideró que declarar procedente la convivencia presencial de la madre no custodio y la familia materna con el infante, podría poner en peligro la salud e incluso la vida del mismo, por lo tanto POR EL MOMENTO FIJÓ UNA CONVIVENCIA VIRTUAL, del menor de iniciales E.G.V.C., con su madre Cesia Merab Carvajal de León y su familia materna, hasta en tanto no existan las condiciones mínimas de salud necesarias para evitar el contagio del menor involucrado de iniciales E.G.V.C., debiendo darse ésta DE MANERA LIBRE TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA DENTRO DE UN HORARIO QUE COMPRENDERÁ DE LAS 10:00 (DIEZ) HORAS A 11:00 (ONCE) HORAS, ASÍ COMO DE 16:00 (DIECISÉIS) HORAS A LAS 17 :00 (DIECISIETE) HORAS, mediante los medios de comunicación disponibles, y a los que pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, llamadas telefónicas u otras similares, a fin de mantener comunicación continua entre el menor y su progenitora, y pasando la contingencia, una vez que se vuelva a la normalidad, se estará en aptitud de realizar la convivencia de manera personal. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, en su calidad de autoridad sustituta, dejó sin efecto la convivencia de transición decretada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, entre el menor de edad, de identidad reservada, de iniciales E.G.V.C., y su progenitora Cesia Merab Carbajal de León, dictada dentro de los autos 1105/2021-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fijando en su lugar, una convivencia provisional de manera virtual, a través de los diversos medios de comunicación disponibles, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitora, hasta en tanto no existan las condiciones mínimas de salud necesarias para evitar poner en riesgo la salud del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Asesor Jurídico Federal, en su carácter de representante especial del menor quejoso, mediante escrito visible a fojas ciento veintiocho y ciento veintinueve, toda vez que las mismas se encuentran haciendo del conocimiento su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. De ahí que este Juzgado considera que la responsable sí demostró haber cumplido con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, primero de febrero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 419/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, primero de febrero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, donde se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de trece de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el Asesor Jurídico Federal Alfonso Sánchez Luna, en su carácter de representante especial del menor quejoso, mediante escrito visible a fojas ciento veintiocho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de septiembre del año inmediato anterior, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Marco Antonio Velasco Martínez por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales E.G.V.C., para el efecto de que la autoridad responsable: a.- Deje insubsistente la orden de que se realicen las visitas y convivencias de manera presencial, del menor quejoso con su progenitora y, b.- Atendiendo los lineamientos precisados en esta resolución, se realicen esas convivencias a través de los medios de comunicación disponibles." En proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de trece de enero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 96 de seis de enero de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del auto de cinco de enero del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número 519/2021/I, Diligencias de Jurisdicción Voluntarias, del que en cumplimiento a la ejecutoria dictada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dejó sin efecto la convivencia de transición decretada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, entre el menor de edad, de identidad reservada, de iniciales E.G.V.C., y su progenitora Cesia Merab Carbajal de León, dictada dentro de los autos 1105/2021-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo anterior, considerando que por Circular número 18, de fecha treinta de junio del presente año, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ordenó el cierre y desaparición del juzgado familiar de referencia, correspondiéndole al juzgado oficiante continuar con el conocimiento del presente asunto hasta su conclusión y radicándose bajo el número de expediente 519/2021 de su índice; por lo que en calidad de autoridad sustituta del extinto juzgado familiar responsable, turnó los autos para proveer única y exclusivamente respecto de la convivencia paterno-filial entre el menor E.G.V.C. y el padre no custodio, sin trastocar el resto de lo acordado en la audiencia celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Seguidamente, el juez responsable, hizo una relación de las manifestaciones vertidas por el núcleo familiar del menor involucrado, así como del perito en psicología Julio Apolinar Bonilla Mota, la Fiscal comisionada, y entidades auxiliares en la impartición de justicia, sobre todo, atendiendo a las necesidades especiales del menor, por su edad, madurez, y advirtiendo un notorio conflicto entre los padres, el lugar de residencia de cada uno de ellos, ocupaciones, horarios de trabajo y entorno familiar en el que actualmente se desenvuelve, y que éste identifica a la figura materna en su abuela paterna, teniendo en cuenta lo manifestado por el perito en psicología en el sentido de que dada la edad del menor, una convivencia virtual no resultaría efectiva ni benéfica para iniciar una identificación de la figura materna del menor con su progenitora; sin embargo no perdió de vista el contexto excepcional que atraviesa el país, derivado de la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars Cov2 (Covid19). Luego así, a fin de garantizar y procurar al menor una vida digna, alejada de conflictos de violencia en la familia, que afecten su entorno familiar y social, el juez responsable estimó prudente FIJAR DE MANERA PROVISIONAL, la convivencia oficiosa del menor quejoso de iniciales E.G.V.C. con su madre Cesia Merab Carvajal de León, como progenitora no custodio, con apoyo en lo que disponen los artículos 1 y 2 párrafo primero, inciso c) Constitucionales; 1,2,3,7,9,12,18,19,y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1,2,3 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 340, 341, 342, 343, 345 tercer párrafo, 346, 351 y demás concordantes del Código Civil del Estado de Veracruz. Ahora bien, atendiendo a la suplencia de la queja contenida en el último párrafo del artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado, al Interés Superior del menor, lo cual no corresponde exclusivamente a los padres protegerlos, sino a la sociedad, y el cual debe prevalecer por encima del de sus progenitores, a lo dispuesto en el artículo 345 del Código Civil, en el entendido que, a efecto de resguardar el bienestar del menor involucrado y evitar cambios repentinos en el ambiente en el que cotidianamente se desenvuelve, que pudiera provocar una reacción adversa en su desarrollo, el juez consideró que el infante deberá continuar en el lugar donde actualmente se encuentra, que lo es bajo la guarda y custodia de su progenitor, detentando conjuntamente dicho resguardo en la persona de su abuela paterna, autorizando las medidas de convivencia para con su madre y su familia materna. No obstante, dada la situación de peligro por la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), el juez consideró que declarar procedente la convivencia presencial de la madre no custodio y la familia materna con el infante, podría poner en peligro la salud e incluso la vida del mismo, por lo tanto POR EL MOMENTO FIJÓ UNA CONVIVENCIA VIRTUAL, del menor de iniciales E.G.V.C., con su madre Cesia Merab Carvajal de León y su familia materna, hasta en tanto no existan las condiciones mínimas de salud necesarias para evitar el contagio del menor involucrado de iniciales E.G.V.C., debiendo darse ésta DE MANERA LIBRE TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA DENTRO DE UN HORARIO QUE COMPRENDERÁ DE LAS 10:00 (DIEZ) HORAS A 11:00 (ONCE) HORAS, ASÍ COMO DE 16:00 (DIECISÉIS) HORAS A LAS 17 :00 (DIECISIETE) HORAS, mediante los medios de comunicación disponibles, y a los que pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, llamadas telefónicas u otras similares, a fin de mantener comunicación continua entre el menor y su progenitora, y pasando la contingencia, una vez que se vuelva a la normalidad, se estará en aptitud de realizar la convivencia de manera personal. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, en su calidad de autoridad sustituta, dejó sin efecto la convivencia de transición decretada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, entre el menor de edad, de identidad reservada, de iniciales E.G.V.C., y su progenitora Cesia Merab Carbajal de León, dictada dentro de los autos 1105/2021-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fijando en su lugar, una convivencia provisional de manera virtual, a través de los diversos medios de comunicación disponibles, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitora, hasta en tanto no existan las condiciones mínimas de salud necesarias para evitar poner en riesgo la salud del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Asesor Jurídico Federal, en su carácter de representante especial del menor quejoso, mediante escrito visible a fojas ciento veintiocho y ciento veintinueve, toda vez que las mismas se encuentran haciendo del conocimiento su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. De ahí que este Juzgado considera que la responsable sí demostró haber cumplido con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia; con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido téngasele dando cumplimiento a lo requerido mediante auto de diez de enero del año en curso. Por otro lado, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Marco Antonio Velasco Martínez el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, por las razones expuestas en la misma. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno y se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado, realizar la notificación del acuerdo de trece de enero del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal, por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, como se encuentra ordenado líneas anteriores, con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de trece del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio y anexo signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, así como a Alfonso Sánchez Luna, en su carácter de representante especial del menor quejoso, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior se notifica por éste medio, a la parte tercero interesada.
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