Marco Antonio Santos Díaz
Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marco Antonio Santos Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio ******************** de este índice e, informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el número de toca ********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el quince de mayo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 134/2023, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, remitido esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, ******************** promovió juicio de amparo contra actos del Titular del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en la tramitación del juicio civil ******************** de su índice. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés del citado febrero se ordenó: admitir la demanda; dar la intervención que compete a la parte tercera interesada y al fiscal de la Federación adscrito a este juzgado y, requerir a la autoridad responsable su informe justificado. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibió el informe justificado de la autoridad responsable; así como las constancias de notificación de la parte tercera interesada y del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio contra actos de una autoridad judicial en la tramitación de un juicio civil, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; al margen de lo que se resuelva respecto a su procedencia, con base en lo dispuesto en el disímil 61 de la propia normativa. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos que la parte quejosa reclama se producen dentro de un proceso jurisdiccional tramitado dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados en el presente juicio. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo se aprecia que consisten en: a) El auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio civil ******************** del índice de la Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por el que se le requiere que cumpla con el pago de la pensión provisional de alimentos fijada en el proceso bajo el apercibimiento de multa en caso de no hacerlo. b) El auto dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés en el juicio civil ******************** del índice de la Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por el que se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Titular del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, manifestó que eran ciertos los actos que se le reclaman; lo que además se corrobora de las constancias remitidas por la autoridad junto a su informe con justificación. CUARTO. Estudio de procedencia del primer acto reclamado. Definida la certeza de los actos reclamados, técnicamente es menester examinar si respecto a éstos resulta procedente la acción de amparo, pues sólo si se superan los obstáculos o condiciones de procedencia establecidos en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se estará en condiciones de proceder al estudio de la cuestión de fondo que subyace en los conceptos de violación. En ese contexto, resulta inconcuso que respecto del primero de los actos a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que "el juicio de amparo es improcedente: (.) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Procede evidenciar tal aserto. En el citado numeral, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual puede actualizarse en dos hipótesis en particular que son: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, con lo cual el gobernado es restituido en el goce de sus garantías. En tanto que la segunda hipótesis se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide sobre la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, cuya firmeza se da con motivo del acto por el cual fue sustituido. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, de las constancias remitidas por el juzgado responsable se aprecia que por auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio civil ******************** del índice de la Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se requirió al quejoso que cumpla con el pago de la pensión provisional de alimentos fijada en el proceso bajo el apercibimiento de multa en caso de no hacerlo. Asimismo, que por diverso acuerdo emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés se desechó el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por estimarlo improcedente. En las relatadas consideraciones, es patente que el acto reclamado consistente en el auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós fue sustituido procesalmente por el diverso acuerdo que también se combate en la presente instancia constitucional, a saber, el pronunciado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en dicho expediente, en el cual se desechó de plano el recurso de revocación intentado en contra del referido auto de requerimiento de cumplimiento a la pensión provisional de alimentos. Se afirma lo anterior, porque el aludido recurso de revocación constituye el medio de defensa idóneo para combatir el referido auto de desechamiento parcial del libelo natural, ya que esa determinación es un decreto no apelable que no causa daño irreparable en la sentencia, en términos de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Así las cosas, es evidente que el referido auto ya fue sustituido procesalmente al haberse impugnado a través del indicado recurso de revocación y, por ende, cesaron sus efectos al haberse sustituido en sus consecuencias jurídicas, por lo que es el indicado auto de treinta de enero pasado, en el que se desechó el medio de impugnación en cita que también se reclama en la especie, el que actualmente rige en el procedimiento Se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 841, registro 2002188 que dispone: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: 'APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).', al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". Por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. QUINTO. Estudio de procedencia del segundo acto reclamado. En otro aspecto, se colige que el juicio de amparo es improcedente respecto del segundo acto reclamado en razón de que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relación la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con la diversa fracción V del disímil numeral 107 de la propia ley de la materia, este último interpretado en sentido contrario, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De ellas se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Por estar íntimamente relacionado con lo que precede, es menester señalar que ha sido criterio constante en la casuística judicial que, cuando se reclama en la vía de amparo indirecto un proveído en el que se deseche un recurso, para constatar la procedencia de la instancia constitucional intentada, debe revisarse si el recurso rechazado se promovió en contra de una determinación que afecte derechos fundamentales del gobernado, pues, al haberlo sustituido procesalmente, si es así, el amparo biinstancial en contra de tal desechamiento será procedente, pero si, por el contrario, el acto que se pretendía impugnar sólo afecta derechos adjetivos y sus consecuencias son meramente procesales, el juicio de garantías indirecto será improcedente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, CONTRA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL CUANDO LA MATERIA DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN SE REFIERE A DERECHOS FUNDAMENTALES DEL RECURRENTE.- Si bien es cierto que conforme a lo establecido en el artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, por regla general el desechamiento de un recurso interpuesto en la secuela de un procedimiento judicial afecta partes sustanciales de dicho procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que rigen al mismo y, por ende, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en aquél, pues a través de esa resolución se actualiza la citada violación procesal, también lo es que si la materia del recurso se refiere a derechos fundamentales del gobernado como sucede cuando la resolución recurrida es el apercibimiento de cateo del domicilio del recurrente, es evidente que no puede sostenerse que el desechamiento del recurso deba reclamarse en amparo directo, sino que en tal hipótesis resulta procedente el amparo indirecto, pues independientemente del sentido del fallo que se emita en el juicio generador, no se le restituiría al quejoso en el goce del derecho violado, como es la intimidad de su domicilio, es decir, que aun siéndole favorable el citado fallo, no invalidaría los efectos del apercibimiento de cateo impugnado, por lo que dicho desechamiento del recurso es un acto realizado en juicio, cuya ejecución es de imposible reparación y, por ello, reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia". "AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EL DESECHAMIENTO DE ALGÚN RECURSO NO PUEDA ALEGARSE EN AMPARO DIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, NO HACE QUE INDEFECTIBLEMENTE PROCEDA AQUÉL.- El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo.". La recta interpretación de la fracción en comento, acorde con el sistema en que está inmersa, debe ser en el sentido de que para que pueda alegarse una violación al procedimiento en amparo directo por el desechamiento de un recurso, es necesario satisfacer ciertas exigencias que la propia fracción contiene, como son que afecte partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo. De lo anterior deriva que el desechamiento del recurso guarde relación análoga con el resto de las fracciones, como por ejemplo el desechamiento de un recurso interpuesto contra el auto que no admite pruebas (fracción III), o el que desecha la apelación interpuesta en contra de la resolución que recayó a un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento (fracciones I y V), etcétera. Lo anterior tiene su razón de ser, porque no debe soslayarse que de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, las violaciones procesales solamente pueden alegarse en amparo directo cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, previa satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 161 de la ley en comento. Luego, no cualquier desechamiento de algún recurso debe reclamarse en amparo directo, pues puede acontecer que se solicite copia certificada de algunas actuaciones y se nieguen éstas y contra tal determinación se interponga recurso de apelación el cual es desechado, pero tal desechamiento no podrá alegarse en amparo directo por no actualizarse el supuesto previsto en la fracción IX del artículo 159 ya citado. Sin embargo, no obstante que la citada violación no pueda alegarse en amparo directo, no por ello indefectiblemente hará procedente el amparo indirecto, pues el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio está limitado por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone que solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución; por ello, debe analizarse si el recurso interpuesto fue en contra de una determinación judicial que incide en una afectación directa de un derecho sustantivo, y si ello es así, el desechamiento del recurso sí es susceptible de hacer procedente el amparo indirecto". "PRUEBA CONFESIONAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL DESAHOGO DE LA.- Si la resolución que constituye el acto reclamado, tiene el efecto de confirmar un auto del juez natural relativo al desechamiento de un recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diligencia de desahogo de la prueba confesional, como este fallo no constituye un acto de imposible reparación, pues aun estimando incorrecta la determinación de la Sala, ello únicamente constituiría una violación que sólo podría causar agravio al hoy quejoso en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en la controversia de origen le fuera adversa, por haber trascendido a la misma la determinación del juez de los autos que se pretendió impugnar a través del recurso desechado, de tal manera que esta violación debe reclamarse en el amparo directo, por estar contenida en la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo". Pues bien, en el presente caso se reclama el auto dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés en el juicio civil ******************** del índice de la Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por el que se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por el que se requiere al quejoso que cumpla con el pago de la pensión provisional de alimentos fijada en el proceso bajo el apercibimiento de multa en caso de no hacerlo. Acto que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el requerimiento con apercibimiento de referencia no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, en la medida que será hasta que -en un acuerdo posterior- se declare que ha incumplido injustificadamente el requerimiento de mérito y se haga efectiva la imposición de la multa condigna que se generará una afectación inmediata en la espera de derechos de la parte impetrante del amparo. En efecto, la declaratoria de incumplimiento injustificado del requerimiento y la imposición de una multa es un acto futuro de realización incierta, e razón de que la imposición de la multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (registro digital: 2010813) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". El subrayado se hace en esta sentencia. Por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relación la fracción XXIII del artículo 61, con la diversa fracción V del disímil numeral 107 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido a favor de ********************, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando sexto de este fallo.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", con residencia en esta localidad, en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones tendentes a realizar el cobro de la multa impuesta a Raciel Anuar Ayala Palma, en su carácter apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con sede en Veracruz, Veracruz, por este órgano jurisdiccional en auto de diez de marzo del año en curso, por lo que, ordenó remitir el oficio 5897 del índice de este juzgado al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chiapas "1" Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Por tanto estese en espera que dicha autoridad de recaudación informe lo conducente respecto a la multa impuesta en autos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada GABRIELA SUHIEY PIMENTEL GARCÍA; atento a su contenido, se le tiene compareciendo al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesada. Asimismo, se le tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro de la Hoz Jiménez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a las restantes personas que cita toda vez que no acreditaron encontrarse registrados en el sistema arriba mencionado, ni contar con el referido grado académico. También, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de comparecencia. Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.
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