Marco Antonio Vargas Sastre
Expediente 776/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Vargas Sastre
Actuaciones
- Principal
Vista la copia certificada del oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, enviado vía correo electrónico, a través del cual informa que el tres de agosto de dos mil diecisiete, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del juicio de amparo al rubro citado, registrándolo bajo el número de amparo ******. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. ...
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su Defensora Público Federal ******, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número *****. Al respecto, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en Tepic, Nayarit, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se encuentra interno el quejoso. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en Tepic, Nayarit, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. No es obstáculo a lo anterior, que este Juzgado de Distrito haya dado trámite a diversas demandas de amparo presentadas ante este órgano jurisdiccional por la Defensora Público Federal Layla Monserrath Herrera Lara, en las que reclamó, en esencia, la falta de atención médica de diversos procesados internos en el Centro Federal de Readaptación Social 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit, basada en los efectos que preceden al acto reclamado; ello, porque el presente criterio es resultado de una nueva reflexión, en la cual se tuvo en cuenta una variante que no había sido objeto de análisis con anterioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como su autorizada para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir todo tipo de documentos, a Adriana Alonso García, por así haberlo indicado en su escrito de cuenta, quien no gozará de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios. En otro orden, en atención a la solicitud consistente en otorgar la suspensión de plano de los actos reclamados; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo instado, en virtud que de las manifestaciones proporcionadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se desprenden datos que permitan llevar a considerar que los actos reclamados encuadren en las hipótesis que prevén los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el precepto legal constitucional invocado. En tal virtud, la competencia decretada no exige que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, al estar condicionada a los actos prohibidos antes relacionados, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo.
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