Marco Antonio Valadez Rosas
Expediente 191/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Valadez Rosas
- Marco Antonio Valadez Rosas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Ahora, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hágase la devolución de los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, previa razón de recibo que se deje asentada en autos; en la inteligencia que la parte interesada deberá de comparecer dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados, los documentos serán destruidos junto con el expediente, en término de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por propio derecho por Marco Antonio Valadez Rosas, por propio derecho, contra actos del médico Pedro Saenz Ponce, Encargado de la Subgerencia de la Unidad Operativa de Guerrero de Diconsa y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 191/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado a [1] el médico Pedro Saenz Ponce, Encargado de la Unidad Operativa Guerrero de Diconsa, [2] Mayre Grissel Flores Salinas, Coordinador de Administración y Finanzas de Diconsa y [3] Emilio Ariel Donjuán, Jefe de Recursos Humanos de Diconsa, consistente en: [.] ".NEGARSE A RECIBIRME EL CERTIFICADO MEDICO QUE ACREDITABA MI INCAPACIDAD MEDICA y señalándole a mi sobrino que cuando el ahora quejoso estuviera en condiciones me presentara ante la C. Mayre Grissel Flores Salinas y Pedro Saenz Ponce quienes son ellos los que ordenaban ya que era la Coordinadora de administración y finanzas de Diconsa y Encargado de la subgerencia operativa de Diconsa y Como SEGUNDO ACTO RECLAMADO la suspensión preventiva de mi salario con la categoría de SUBJEFE DE BODEGA, perteneciente al almacena de Xochipala, Municipio de Eduardo Neri, Guerrero y que consiste en el pago de mi salario de la Primera Quincena de Febrero y las consecutivas de esa fecha del presente año y, que al suscrito por incapacidad médica que me origino la enfermedad de dengue Hemorrágico Y que la responsable ejecutoria al no recibir mi incapacidad origino dicha suspensión y. De esa forma de la ejecutora señalo la suspensión de mi salario. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Esto es así, ya que el quejoso tiene la vía laboral en contra del [1] médico Pedro Saenz Ponce, Encargado de la Unidad Operativa Guerrero de Diconsa, [2] Mayre Grissel Flores Salinas, Coordinador de Administración y Finanzas de Diconsa y [3] Emilio Ariel Donjuán, Jefe de Recursos Humanos de Diconsa, porque la actuación de los antes mencionados frente a la parte quejosa se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación regulada por el derecho laboral, en donde aquellas actúan como particular (patrón), y no como autoridad investida de imperio frente a la parte peticionaria de garantías. Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sobre esas premisas, es evidente que la parte quejosa tiene un recurso previo al juicio de amparo en contra de los actos que atribuye a [1] el médico Pedro Saenz Ponce, Encargado de la Unidad Operativa Guerrero de Diconsa, [2] Mayre Grissel Flores Salinas, Coordinador de Administración y Finanzas de Diconsa y [3] Emilio Ariel Donjuán, Jefe de Recursos Humanos de Diconsa, ya que el acto reclamado deriva de una relación laboral, lo cual puede reclamarse en dicha vía, antes de instar juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren para tal efecto; empero, no ha lugar a tener como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan, toda vez que en el escrito de cuenta donde les otorgan dicha autorización, no proporcionan los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo prevé el citado artículo que dice: Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. En tal virtud, a todas las personas que señalan sólo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Esther Alicia Nieto Luna, que autoriza y da fe.
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