Marco Antonio Soto Zamora
Expediente 992/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Soto Zamora
- Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por Jaime Mondragón Maganda, autorizado de la parte quejosa; glósese a estos autos para que obre únicamente como corresponda, dado que en proveído de veintiséis de abril del año en curso se tuvo por conforme a su autorizante con el auto de veintiocho de marzo del citado año que declaró cumplido el fallo protector en este juicio y se ordenó el archivo de este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintiocho de marzo de la presente anualidad, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Asimismo, se advierte que el entonces Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, remitió mediante oficio sin número de seis de octubre de dos mil quince, dos tomos de constancias en copias certificadas de la causa penal 113/2015-I; en virtud de lo anterior, devuélvanse los citados tomos del expediente de mérito al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad, por ser a quien le corresponde conocer los asuntos de dicho juzgado con motivo de la supresión de este, dado que resulta innecesario que continúen integrados en este juicio. Sírvase acusar recibo de estilo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, y tomando en consideración que por escrito recibido el diecisiete de marzo del año actual, desahogó la vista de referencia; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional procede a resolver si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó el auto de formal prisión dictado el diecisiete de septiembre de dos mil quince dentro de la causa penal 113-1/2015, que se le instruyó por el delito de secuestro agravado en agravio de Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez. En la sentencia materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] que el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 113/2015-I; y, 2. dicte otra en la que reitere su estudio sobre la acreditación del primero y segundo de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, así como las agravantes precisadas en el artículo 10, fracción I, incisos a) (hipótesis que se realice en camino público), y b) (hipótesis: que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esta vez siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia: a) purgue los vicios formales destacados en torno a la demostración de las agravantes restantes, esto es con plenitud de jurisdicción deberá exponer los motivos por los cuales considera que se acreditan las hipótesis previstas en el artículo 10, fracción I, incisos c) (hipótesis: que se realice con violencia) e inciso f) (supuesto que la víctima sea una mujer en estado de gravidez); y en la fracción II, inciso d) (hipótesis: que en contra la víctima se haya ejercido actos de violencia sexual), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la ponderación que haga de los medios de prueba en los que apoye dicha conclusión. b) Y en lo que corresponde al análisis de la probable responsabilidad subsane las incongruencias a que se ha hecho referencia en la presente resolución, esto es, explique fundada, motivada y congruentemente, cuáles son los datos en los que se apoyó para ubicar al quejoso como uno de las personas que el día del evento criminoso tuvo participación en el mismo. [..."]. En cumplimiento a esa sentencia, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante oficios números 1798 y 257, informó que con motivo de la supresión del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, a partir del trece de febrero de dos mil diecisiete, le corresponde conocer los asuntos de dicho juzgado, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución de siete de marzo del año que transcurre emitida en la causa penal número 113/2015-I/7, en que se dejó insubsistente el auto constitucional de diecisiete de septiembre de dos mil quince, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción procedió a dictar nuevo auto de formal prisión en contra de Marco Antonio Soto Zamora, en la comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez; documento que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su arábigo 2º. Ahora bien, a efecto de dilucidar si dicha resolución se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se procede a efectuar el análisis de la misma. En ese sentido, se advierte que, como se indicó con antelación, se dejó sin efectos el auto de plazo constitucional reclamado. De igual forma, se observa que el juez de la causa reiteró el estudio atinente a la comprobación del primero y segundo de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, así como las agravantes previstas en el artículo 10, fracción I, incisos a) (hipótesis que se realice en camino público), y b) (hipótesis: que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, por lo que ve al análisis de la agravante contenida en el artículo 10, fracción I, incisos c) (hipótesis: que se realice con violencia) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de la causa estimó que los medios de prueba allegados eran insuficientes para estimar actualizada dicha hipótesis normativa. Ahora bien, en lo que corresponde a la agravante contenida en el artículo 10, fracción I, incisos inciso f) (supuesto que la víctima sea una mujer en estado de gravidez), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se toma en consideración que en la ejecutoria de amparo se estableció lo siguiente: "(.) en lo que ve a la agravante referente a que la víctima sea una mujer en estado de gravidez, se aprecia que el Juez responsable omitió abordar el estudio relativo, pues la resolución sujeta a revisión no contiene apartado alguno en el que se expongan las consideraciones por las cuales se estime acreditada aquella circunstancia; lo cual no se colma con la mera relación de las manifestaciones que hizo la víctima al respecto ni con la transcripción de las conclusiones relativas contendidas en los dictámenes médicos que obran en la causa penal de origen, sino mediante la ponderación del caudal probatorio conforme a las reglas propias de la sana crítica que permitan arribar a aquella conclusión, máxime que se trata de una cuestión objetivamente constatable, de ahí la necesidad de que el juez de la causa establezca el valor probatorio que otorgue a los medios de convicción aptos para tener por demostrado aquel extremo." En contraste con lo anterior, en la resolución sujeta a revisión se observa que la autoridad judicial estableció que dicho extremo quedó acreditado mediante la ponderación de los medios de prueba allegados a la causa penal de origen, particularmente con las declaraciones ministeriales de Liliana García Ramírez y Roberto Juárez Maceda, recabadas el tres de junio de dos mil quince, así como con el parte informativo de esa misma fecha y con el dictamen en materia de medicina forense, en el que concluyó que la mencionada en primer término presentaba un probable embarazo de 7.4 semanas; medios de prueba a los que otorgó valor probatorio en los términos previstos en los preceptos de la legislación adjetiva penal que invocó, por lo que se estima que el vicio formal relativo, quedó subsanado. Por otro lado, en lo que corresponde al estudio de la agravante contenida en el artículo 10, fracción II, inciso d) (hipótesis: que en contra la víctima se haya ejercido actos de violencia sexual), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene señalar que en el fallo protector se estableció lo siguiente: "(.) respecto a la agravante referente a que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de violencia sexual, se advierte que dicho extremo se tuvo por acreditado con las declaraciones de las víctimas Liliana García Ramírez y Roberto Juárez Maceda, con el parte informativo número PF/DINV/CIG/DGMCN/2181/2015, de tres de junio de dos mil quince, suscrito y ratificado por Rojas Arroyo Víctor, en su carácter de suboficial adscrito a la Dirección General de Manejo de Crisis y Negociación de la División de Investigación de la Policía Federal, con el dictamen en materia de medicina forense con número de folio 45036, y con la impresión psicológica de cuatro de junio de dos ml quince, suscritos, el primero, por la perito médico oficial Alejandrina Álvarez Martínez, adscrita a la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, y el segundo, por Pamela Rodríguez Sánchez, psicólogo adscrito y habilitado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, realizados a la agraviada Liliana García Ramírez, de los que sólo por lo que hace a las declaraciones, se limitó a transcribir las partes relativas y en relación con los dictámenes los apartados identificados como: "INTERROGATORIO MÉDICO PERICIAL DE LOS HECHOS PRESENTADOS" y "EXAMEN MENTAL Y ACTITUD DURANTE LA ENTREVISTA", respectivamente, así como las "CONCLUSIONES" de ambos, estudios que valoró en términos del artículo 126, por haberse emitido por peritos oficiales que cuentan con los conocimientos y experiencias necesarios para opinar sobre la materia de que se trata. Como puede apreciarse, en torno a dicho extremo la autoridad responsable sólo se limitó a reproducir parcialmente el contenido de los aludidos medios de prueba, pero sin exponer los motivos que le condujeron a concluir que en el caso, se ejercieron en contra de la víctima actos de violencia sexual, tan es así que ni siquiera estableció lo que debe de entenderse por tal aspecto normativo. En efecto, lo anterior adquiere relevancia, habida cuenta que la porción normativa que agrava ese proceder del activo durante el cautiverio de víctima, previo a su demostración, exige su definición en tanto que lleva implícito un aspecto normativo, de ahí la necesidad de precisar aquel extremo a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad objetiva de procurarse una defensa adecuada, al establecerse puntualmente en qué consistió el hecho que se le atribuye y por qué se estima que se ubica en la hipótesis normativa de que se trata." Luego, en contraste con lo anterior, se observa que la autoridad judicial al abordar el estudio relativo, reprodujo la declaración ministerial de Liliana García Ramírez de tres de junio de dos mil quince, de cuyo contenido explicó que en el caso quedaba de relieve que la imposición de la cópula de la que fue objeto la víctima durante su cautiverio se realizó mediante la violencia moral, porque sus plagiarios la amenazaron con hacerle daño a ella así como a su esposo Roberto Juárez Maceda; otorgándole relevancia demostrativa por tratarse de quien personalmente resintió la acción material en comento. Lo anterior lo concatenó con la declaración ministerial de Roberto Juárez Maceda, la que reprodujo en la parte en la que Liliana García Ramírez le platicó durante su cautiverio que había sido ultrajada sexualmente, por lo que le otorgó eficacia demostrativa, en concatenación con el parte informativo número PF/DINV/CIG/DGMCN/2181/2015 y el dictámenes en materia de medicina forense del que transcribió las partes relativas y los apartados identificados como: "INTERROGATORIO MÉDICO PERICIAL DE LOS HECHOS PRESENTADOS" y "EXAMEN MENTAL Y ACTITUD DURANTE LA ENTREVISTA"; medios de convicción a los que otorgó relevancia probatoria, de todo lo cual puede concluirse la actualización de la hipótesis en comento, previa definición del tipo de violencia (moral) con el que se cometió el hecho delictivo. Por otro lado, en lo que corresponde al estudio de la probable responsabilidad del quejoso, en el fallo protector se indicó lo siguiente: "(.) en el apartado de la probable responsabilidad penal de Marco Antonio Soto Zamora en la comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de Roberto Juárez Maceda y Liliana García Rmaírez, el juez se limitó a exponer que la misma se encuentra comprobada con los mismos elementos que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito estudiado en el apartado respectivo, entre las que destacó las declaraciones de las víctimas cuya parte relativa transcribió. Asimismo con lo expresado en la ampliación de declaración de las víctimas, respecto de las cuales precisó lo siguiente: "(.) Aunado a lo expresado en la ampliación de declaración de las víctimas Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez, una vez que tuvieron a la vista cinco fotografías de diversas personas del sexo masculino con similares características físicas y vestimentas, las cuales se encuentran rendidas dentro del dictamen en fotografía, suscrito por la perito Cinthia Flores Cadena, el cual adquiere valor probatorio en términos del numeral 126 del Código de Procedimientos Penales, al haber sido reproducido por perito oficial es eficaz para demostrar la existencia y características de los probables responsables del delito, ya que una vez que los agraviados Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez, observaron las impresiones fotográficas que el Agente del Ministerio Público les puso a la vista, las reconocieron sin temor a equivocarse como las personas que participaron en su secuestro, argumentando "que la persona del sexo masculino que se encuentra en la fotografía marcada con el número uno, lo reconoce por la facciones físicas, es decir, por la forma de las cejas pues las tiene muy tupidas y por la forma de los ojos, asimismo por la altura y edad concuerda con las de las personas que participó en su secuestro y también como una de las personas que estaba al mando durante su cautiverio, siendo reconocido dijo sujeto por la pasivo Liliana García Ramírez, como una de las personas que abusó sexualmente de ella. Por cuanto hace al sujeto que obra en la fotografía número cuatro, también lo reconocieron por el cabello y facciones, pues fue uno de los que vigilaba en las noches y como el que los bajó de la sierra el día de la liberación. Enseguida el juez de la causa mencionó lo siguiente: "Del mismo modo la Representación Social al poner a los agraviados a escuchar los diversos audios de llamadas obtenidas de la orden de intervención de comunicaciones privadas 293/2015, otorgada por el Juez Cuarto Federal Penal especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de comunicaciones, los pasivos identificaron las voces de las personas como de las que participaron en su secuestro, a excepción de los audios con números de evento (.)" Luego, el Juez de la causa expuso: "Como se podrá apreciar los agraviados reconocieron a los inculpados como las personas que participaron en secuestro, señalando al sujeto de la fotografía marcada con el número uno(Jonathan Reyes Lumbraño) por las facciones físicas, es decir, por la forma de las cejas pues las tiene muy tupida y por la forma de los ojos, asimismo por la altura y edad concuerda con las de las personas que participó en su secuestro y también los señalaron como una de las personas que estaban al mando durante su cautiverio. Incluso la pasivo reconoció dicho sujeto como una de los sujetos que abusó sexualmente de ella. En tanto que al diverso inculpado Marco Antonio Soto Zamora, lo identificaron como uno de los que vigilaba en las noches y como el que los bajo de la sierra el día de la liberación Imputaciones de hechos, que merecen valor probatorio en términos de los artículos (.) que son útiles para acreditar la identidad y probable responsabilidad penal del inculpado de referencia en la comisión del delito de Secuestro agravado, en agravio de Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez (.)" De lo anterior, se pone de manifiesto que el Juez de la causa incurrió en una incongruencia propiciada por la manifestación imprecisa, en razón de que expuso que las víctimas Roberto Juárez Maceda y Liliana García Ramírez reconocieron a los inculpados como las personas que participaron en su secuestro, afirmación que no guardan congruencia con lo expresado por la víctima Roberto Juárez Maceda en su comparecencia de trece de julio de dos mil quince que obra en la indagatoria correspondiente (foja 82 del tomo uno de pruebas), pues de su lectura sólo se advierte que el representante social únicamente puso a escuchar al citado ofendido diversos audios contenidos dentro del disco marcado como "O.I. 293/2015, disco uno", mismo que contiene diversos audios de llamadas obtenidos de la orden de intervención de comunicaciones privadas 293/2015, otorgada por el Juez Cuarto Federal Penal especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de comunicaciones, no así que llevara a cabo reconocimiento fotográfico alguno, como sí se puso a la vista de la víctima Liliana García Ramírez en diligencia de la misma fecha (foja 84 del tomo uno de pruebas). Por tanto, la acotada incongruencia externa se ocasiona por la invocación de manifestaciones añadidas que no fueron planteadas por la propia víctima Roberto Juárez Maceda; circunstancia que genera inseguridad jurídica e indefensión al quejoso, al ocasionarle confusión en torno a saber cuáles son, en verdad, los datos probatorios que se tomaron en cuenta para emitir la resolución reclamada. Asimismo el Juez responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del aquí quejoso con la diligencia de trece de julio de dos mil quince, en el que puso a la escucha de las víctima diversos audios contenidos dentro del disco marcado como "O.I. 293/2015, disco uno", mismo que contiene diversos audios de llamadas obtenidos de la orden de intervención de comunicaciones privadas 293/2015, otorgada por el Juez Cuarto Federal Penal especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de comunicaciones, y con los partes informativos suscritos y ratificados por Rojas Arroyo Víctor, en su carácter de suboficial adscrito a la Dirección General de Manejo de Crisis y Negociación, sin exponer las razones por las que de ellas arribó a la conclusión de que el quejoso es la persona que conjuntamente con otros en forma probable participó en el hecho delictivo que se le reprocha. En efecto, el Juez de la causa en el rubro de la probable responsabilidad, no explicó qué datos en particular aportaban los citados medios de prueba para arribar a tal conclusión, así como motivar fundadamente el por qué esos datos le resultan confiables y suficientes para demostrar la probable responsabilidad del aquí quejoso; lo cual era necesario a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Todo lo expuesto con antelación, resulta necesario para que el aquí quejoso esté en aptitud de tener una adecuada y oportuna defensa, y se encuentre a la vez en posibilidad de aportar las pruebas durante el proceso respectivo, que considere pertinente para desvirtuar esos extremos, cumpliendo así con la garantía de la debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad de conformidad con lo previsto por el artículo 16 constitucional, ya que como se señaló en párrafos precedentes, un acto de autoridad estará adecuado y suficientemente fundado y motivado, cuando la autoridad responsable invoque el precepto legal que la faculta para actuar como lo hace; cuando formule las consideraciones que permitan establecer que existe adecuación del caso concreto a las hipótesis normativas invocadas; y precise las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para emitir un acto autoritario; exigencias que se traducen en el deber y obligación de analizar todos y cada uno de los elementos probatorios que aporten las partes, atendiendo a la valoración jurídica y alcance probatorio que le merezcan, de acuerdo con las disposiciones legales relativas a la valoración de la prueba, sin dejar de analizar alguno de ellos." Sobre el particular en la resolución que nos ocupa, la autoridad judicial tuvo en consideración exclusivamente lo señalado por la víctima Liliana García Ramírez en torno al señalamiento directo que efectuó en contra del quejoso como una de las personas que participó en el evento delictivo, a partir de lo cual lo ubicó como el sujeto que los cuidaba por las noches y que los bajó de la sierra cuando se pagó el rescate, aduciendo además que resultaba lógico que pudiera reconocer a dicho inculpado por las características físicas y de su voz dada la cercanía que tuvo con los acusados. Por ello, se estima que aquel estudio subsanó la deficiencia formal destacada en el fallo protector, habida cuenta que el análisis del caudal probatorio solamente se basó en el señalamiento de la tercera interesada Liliana García Ramírez, por lo que no se incurrió en la incongruencia descrita en la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, se estima que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, que sustituyó al juez responsable con motivo de la supresión del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de la materia y distrito judicial en cita, siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector; de modo que quedaron subsanadas las deficiencias destacadas en la ejecutoria al realizar el acto conminatorio a que se encontraba vinculado sin restricción de su jurisdicción alguna conforme a los alcances del fallo amparador, con lo que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, sin exceso ni defectos. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones que vertió el quejoso al desahogar la vista que se le otorgó en acuerdo de trece de marzo del año actual, sin embargo, contrario a lo señalado por dicha parte procesal, no se observa que al estudiar la probable responsabilidad del inculpado, el juez de la causa hubiera incurrido en la misma incongruencia pues como se indicó, únicamente basó el sentido de su resolución con el alcance demostrativo de la declaración de Liliana García Ramírez no así con lo depuesto por el diverso pasivo. Notifíquese.
- Principal
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