Marco Antonio Ramón de los Ángeles

Expediente 862/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
862/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ramón de los Ángeles
  • MARCO ANTONIO RAMÓN DE LOS ÁNGELES y Otros.
  • Carolina Armenta Bojorquez, Directora Técnica Secretaria de Educación Pública Subsecretario de Educación Media Superior Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Dirección Tecnica, Con Residencia En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que el expediente principal es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en su carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Domingo Omar Agatón Lorenzo, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción; así mismo téngase como sus autorizados para tal efecto a las personas designadas en autos.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 862/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito recibido el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Marco Antonio Ramón de los Ángeles, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Directora Técnica de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, residente en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO "(.) la negativa al derecho de petición al no contestar el oficio No. 0001/2006, de fecha 21 de julio de 2016, y por no comunicare los acuerdos que puedan haber recaído al mismo (.)" SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo con el número 862/2016, se previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado y en cumplimiento a ello, mediante escrito presentado el doce de septiembre siguiente señaló como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: "(.) se reclama la falta de notificación al proceso de evaluación docente, asimismo, se señala como autoridad responsable a la Dirección Técnica de la Secretaría de Educación Pública Subsecretario de Educación Media Superior Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Dirección Técnica (.)" Luego, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por admitida la demanda respecto de dicho acto; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio número 12.130.CESPD/2016/0219 de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al quejoso Marco Antonio Ramón de los Ángeles, a través del cual la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en Chilpancingo, le informó la aplicación de la evaluación de desempeño que tuvo verificativo el dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, y su notificación, de ser así como autoridad responsable a la mencionada Coordinadora Estatal y a quienes hayan realizado la notificación asentada en el referido oficio. En cumplimiento a ello, por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, señaló como autoridades responsables y como acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1. Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en Chilpancingo. EJECUTORA 2. Notificador dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Centro de Estudios Tecnológico Industrial y Servicios (CETIS) número 116 de esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De las autoridades ejecutoras reclamo la ilegal notificación del oficio número 12.130.CESPD/2016/0219 de fecha 4 de marzo del año dos mil dieciséis (.) de las ordenadoras se reclama el cese de mi plaza como profesor de dicho plantel educativo (.). CUARTO. Por auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por ampliada la demanda de amparo en los términos propuestos, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama un acto atribuido a autoridades de naturaleza administrativa, cuya ejecución tiene lugar en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa adujo que el catorce de julio de dos mil dieciséis, se enteró verbalmente que había realizado cuatro exámenes de evaluación -proceso de evaluación que refiere no se le notificó- en donde se le calificó como insuficiente, y que tenía como consecuencia que causaría baja en dicho plantel académico; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del quince de julio al nueve de septiembre de dos mil dieciséis (descontado el periodo del dieciséis de julio al veintiuno de agosto, por corresponder al periodo vacacional según los calendarios escolares 2015-2016 y 2016-2017, así como el veintisiete, veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre del año próximo pasado, por ser sábados y domingos y por tanto inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, escrito de desahogo y de ampliación en relación con la demás constancias que integran el expediente del presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama la notificación del oficio número 12.130.CESPD/2016/0219, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, signado por la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en Chilpancingo, a través del cual se informa al aquí promovente la aplicación de la evaluación de desempeño docente en las etapas III y IV, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, y sus consecuencias, es decir, que cause baja como profesor del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y Servicios (CETIS) Número 116, de esta ciudad. CUARTO. Certeza de actos. El Director de Asuntos Laborales de la Secretaría de Educación Pública, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, este último, en representación de la autoridad responsable Directora Técnica de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, y el Director de Procesos Jurisdiccionales dela Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, en representación de las Notificadoras adscritas al Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) número 116, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 27 a 33 y 66 a 74), únicamente aceptaron que se notificó al quejoso el oficio aludido por conducto de Luz del Carmen Chacón Simón y Selene Cossio Soto, docentes que fungen como notificadores adscritas a dicha institución; lo que además se corrobora con la copia certificada de la citada comunicación oficial remitida por el primero de los oficiantes (fojas 35 a 39), la cual dada su naturaleza de documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado (foja 95) sólo aceptó que emitió el oficio 12.130.CESPD/2016/0219, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual se informó al aquí quejoso la aplicación de la evaluación de desempeño docente en las etapas III y IV, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero que su notificación correspondió al Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS); luego, mediante oficios recibidos el quince y veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 103 y 112), dicha responsable manifestó que el aquí quejoso no se presentó a la aplicación del proceso de evaluación docente señalado en el referido comunicado oficial, lo que no le trajo como consecuencia sanción alguna. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del mismo cuerpo normativo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 6 de la ley de la materia, el cual establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; de manera que, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona constitucionalmente protegidos, afectación que debe ser personal y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Aunado a lo expuesto resulta conveniente señalar lo siguiente: La impugnación de un acto de autoridad, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad del mismo, tenga como marco de referencia el perjuicio que este le causa; de lo contrario, si dicho acto no le causa agravio alguno, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, por lo cual el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En ese orden de ideas, la notificación del oficio número 12.130.CESPD/2016/0219, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, signado por la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en Chilpancingo, a través del cual se informa al aquí quejoso la aplicación de la evaluación de desempeño docente en las etapas III y IV, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, ni la determinación en él contenida no generan una trasgresión actual, personal y directa en los derechos del inconforme, ya que de acuerdo a su contenido se advierte que es un mero comunicado que no lleva implícita una afectación precisa ni concreta en su esfera jurídica, pues no contiene la orden coactiva para que el particular ajuste su conducta en determinado sentido, tan es así que le refieren que si el tipo de evaluación que se le notifica en el punto 1 (Matemáticas), no corresponde a su función, le solicitan que envíe dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación un correo electrónico a la dirección evaluación.desempeño@seg.gob.mx, para hacer la precisión con el propósito de dar solución inmediata. Tampoco contiene ni anuncia alguna sanción para el caso de que el quejoso no acuda a someterse a la evaluación que se le notifica, lo que podría condicionar una eventual consecuencia -lo que no ocurrió en el caso como lo expresó la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero- o bien, el resultado desfavorable que obtuviera de haberlo presentado, pero ello no depende o deriva necesariamente del acto reclamado en ese momento, sino de circunstancias externas vinculadas con la conducta o voluntad del propio quejoso, puesto que, como se ha dicho, ese comunicado sólo tiende a la eficacia de la normativa que regula el servicio profesional docente en el que la parte quejosa está inmersa según manifiesta bajo protesta de decir verdad y al que refiere no se opone. Máxime que tampoco es su expresa intención combatir las disposiciones de observancia general que regulan dicho procedimiento de evaluación. Asimismo, a ningún fin práctico conduciría analizar la legalidad del acto reclamado emitido al tenor de las circunstancias antes narradas, si precisamente la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante oficios recibidos el quince y veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 103 y 112), manifestó que la inasistencia del quejoso a la evaluación docente no le trajo como consecuencia procedimiento sancionador alguno en su contra; de ahí que la mencionada notificación reclamada por sí misma no puede depararle perjuicio alguno. Consecuentemente, al no verse afectada la esfera jurídica del quejoso de manera alguna, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 862/2016 promovido por Marco Antonio Ramón de los Ángeles. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual, en atención a lo requerido en proveído de dieciséis del mes en curso, manifiesta que la inasistencia del quejoso a la evaluación al desempeño docente, no le trajo sanción alguna en su contra; lo que se tomará en consideración al dictar la resolución correspondiente. Notifíquese.

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