Marco Antonio Solis Chable

Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
345/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Solis Chable

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el peticionario de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la diligencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que el quejoso reconoció como suya la firma que calza el escrito presentado el dos del mes y año en curso, y ratificó su contenido; en atención al mismo, se le tiene desahogando la prevención realizada mediante proveído de tres del citado mes y año. Por otra parte, del presente expediente se advierte que en proveído de veintiséis de abril de la presente anualidad, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda con relación a los antecedentes del acto reclamado, a lo que en lo conducente manifestó que en la audiencia inicial no se formuló imputación, no se dictó auto de vinculación a proceso ni tampoco se fijó alguna medida cautelar. Luego, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: ***** El precepto legal en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, el promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: **** De la transcripción que antecede se desprende que el promovente reclama por esta vía constitucional la violación al debido proceso en la audiencia inicial de trece de abril de dos mil dieciocho relativa a la carpeta administrativa ****, llevada ante el Juez de Despacho para Adolescentes en Chetumal, Quintana Roo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: ***** Preceptos legales que expresamente establecen que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior es así, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae aparejada como consecuencia una imposible reparación, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo que se intenta dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como en los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 173, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos. Ahora, de acuerdo a lo establecido en artículo 211 el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio contará con las siguientes etapas: Etapa de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e; Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento; En ese tenor, en relación a la etapa inicial conviene traer a contexto el contenido de los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: ****** De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la primera etapa del procedimiento penal acusatorio, es la de investigación, dentro de la cual se desahoga la audiencia inicial, en la que el Juez de control debe pronunciarse sobre: a) la legalidad de la detención; b) la formulación de la imputación; c) la solicitud del auto de vinculación a proceso; d) la solicitud de medida cautelar; y, f) el plazo para el cierre de la investigación, una fase tendiente a procurar los derechos fundamentales del imputado. Así, de lo anterior se colige que, el acto aquí reclamado no constituye uno de imposible reparación, sino por el contrario, como se dijo, el mismo tiene su origen en el reclamo de una violación procesal que, en su momento, podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo. En ese orden, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento citado con antelación y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo, mediante amparo directo. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 173, fracción XXII, todos del cuerpo de leyes en cita, por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta aparentemente signado por el quejoso ****mediante el cual intenta desahogar la prevención inmersa en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Sin embargo, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en relación a lo que refiere, toda vez que existe notoria discrepancia entre la firma que lo calza con la que obra a foja seis del sumario, que fue la que plasmó cuando promovió el juicio de amparo en que se actúa, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que, al que le corresponda, se constituya en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones y lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional, previa identificación, a ratificar el escrito de mérito, advirtiéndole que quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial incurren en los delitos previstos en el capítulo III del Título Quinto de la Ley de Amparo; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta y se acordará lo que en derecho corresponda. Finalmente, hágase del conocimiento a la parte quejosa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 338/2016 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Material Civil del Sexto Circuito, sostuvo que, cuando el Juez de Distrito aprecie una diferencia entre la firma ratificada y la plasmada en la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia a fin de corroborar su autenticidad.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, ***solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a Gabriela Guadalupe Ballote Quintala Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez de Despacho para Adolecentes en Chetumal, Quintana Roo, regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 345/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)" Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. En principio, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado se hacen consistir en: "ACTOS RECLAMADOS.- La violación al debido proceso penal y derecho a una defensa adecuada, dentro de la audiencia inicial de fecha trece de abril de 2018, derivada de la carpeta administrativa de adolescentes 03/2018 seguida ante la responsable. También, la parte quejosa señaló como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: (.) DOS.- El caso es que llegó el día de la audiencia y acudí de manera puntual a la cita, acompañado del abogado particular de mi entera confianza el lic. **, así como de mi padre el C. ***, quien también fue citado a la audiencia por ser mi representante legal, ello como tal exigía el artículo 51, fracciones V, XX, XXI de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en relación al artículo 3ro de la misma, el cual dispone que la edad a considerar es la que tenía la persona al momento de realizar la conducta. No obstante lo anterior, la autoridad responsable el día de la audiencia impidió que mi padre estuviera a mi lado con lo cual me proceso como si fuera un adulto a pesar de que todo el proceso se debía de seguir considerando la edad que tenía el día de los hechos (pues era menor de edad el día de los hechos) y no el día de la audiencia; así como también impidió que mi defensor particular me defendiera, bajo el pretexto de que se requería una especialidad para tal efecto y que el citado abogado debía acreditar la especialidad para poder fungir como mi defensor particular. Actos que violentan directamente mis derechos y es la razón por la cual solicito el Amparo y la Protección de la Justicia Federal. (...) Los antecedentes expuestos por la parte quejosa resultan insuficientes en función de que es menester que se precise si en la audiencia inicial materia del acto reclamado se le formuló imputación, se le vinculo a proceso o si se le fijaron medidas cautelares; ello, a fin de que este juzgado de Distrito esté en aptitud de analizar la procedencia del juicio de derechos fundamentales o, en su caso, de los términos en que habrá de pronunciarse con relación a la suspensión solicitada. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: Único. Señale cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos que originaron la emisión del acto reclamado atribuidos a la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez de Despacho para Adolecentes en Chetumal, Quintana Roo, esto es, exponga el contexto jurídico-procesal de las determinaciones y actuaciones judiciales que precedieron y dan sustento para el dictado del acto que reclama, en concreto si se dictó alguna resolución en la audiencia inicial en la que se haya determinado en su caso la vinculación a proceso o alguna medida precautoria, toda vez que es necesario para este órgano de control constitucional contar con dicha información para estar en aptitud de pronunciarse lo que a derecho corresponda en el presente juicio de derechos fundamentales y en su caso, en el incidente de suspensión que solicitó. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a la prevención impuesta en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y las capturas deban de efectuarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano