Marco Antonio Rivas Villamil
Expediente 721/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Marco Antonio Rivas Villamil
- Marco Antonio Rivas Villamil y Otros.
- Dianela Cruz Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, sin que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito hayan hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, y atendiendo el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercera interesada se impongan del contenido de los informes justificados de las autoridades responsables de este juicio. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por las terceras interesadas Clara Rivas Villamil y Genaria Villamil Osorio; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se les tiene apersonándose al presente juicio. Asimismo, como lo solicitan dichas terceras interesadas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que citan en el escrito de referencia, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lorena del Carmen Gómez Palma quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y términos restringido a Juan Agustín Apodaca González, por no contar con registro en dicho sistema. Ahora, por cuanto hace a las diversas manifestaciones que formulan a manera de alegatos, serán relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se reservó proveer sobre las pruebas testimoniales, hasta en tanto obrara en autos la constancia relativa al emplazamiento de la tercera interesada Genaria Villamil Osorio; por tanto, es de proveerse lo siguiente: Previo a pronunciarse a la admisión o desechamiento de las pruebas testimoniales ofrecidas por el quejoso, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 119 y 121 de la ley de la materia, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones. Sin embargo, el contenido de dichos imperativos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora, la pertinencia impone al juzgador verificar, previo a calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; en tanto la idoneidad, regida, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Con lo anterior se trata de recabar sólo las pruebas que cumplan con esas exigencias, para evitar una mayor dilación en el trámite del juicio, en perjuicio de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia.". En ese sentido, a fin de proveer respecto a las pruebas testimoniales que anuncia la parte quejosa, conviene destacar: 1. El acto reclamado por el que se admitió el presente juicio es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamamos la medida de protección dictada en el Caso Número: FGE/QR/OPB/04/2087/2017; Carpeta de Investigación: FGE/QR/CHE/UJM/04/230/2017; Unidad: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razón de Género; consistente en: ? Separación inmediata del domicilio. ? La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. ? El reingreso de la víctima u ofendida a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad." 2. La parte promovente anuncia las testimoniales, con la finalidad de acreditar que habitan el domicilio ubicado en calle Flores Magón número doscientos noventa y dos (292), entre Justo Sierra y Camelias, en esta ciudad. Una vez señalado lo anterior, se observa que la parte quejosa pretende demostrar a través de las pruebas testimoniales, que Marco Antonio Rivas Villamil, Dianela Cruz Ávila, Grisel Amayrani Rivas Cruz y Marco Daniel Rivas Cruz han habitado desde siempre el predio que se ordenó desalojar mediante la medida de protección dictada en el Caso Número: FGE/QR/OPB/04/2087/2017; Carpeta de Investigación: FGE/QR/CHE/UJM/04/230/2017. Sin embargo, resulta ocioso llevar a cabo el desahogo de tales testimoniales puesto que la medida de protección emitida por la autoridad administrativa, consistente, entre otras, en la separación de personas del domicilio, y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue dirigida a los aquí quejosos, de lo que se infiere que estos residían en dicho inmueble. Por todo lo expuesto, no se admiten las testimoniales anunciadas por los quejosos, dado que al resultar ocioso su desahogo, no son idóneas ni pertinentes para el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *****, mediante el cual ofrece diversas pruebas; en ese sentido, con fundamento en el artículo 119 Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las consistentes en: Acuse del escrito de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al Juez Familiar de Primera Instancia, con sello de recepción de nueve de noviembre del año en curso. Copia simple de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/04/1853/2017. Acuse del escrito de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana, con sello de la Fiscalía General del Estado. Mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en relación a las documentales que exhibe el quejoso consistentes en los acuses de los escritos de ocho y nueve de noviembre del año en curso, se advierte que los mismos pretende acreditar que solicitó ente el Juez Familiar de Primera Instancia y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana copias certificadas del expediente 311/2017, y de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/04/1853/2017, para ser exhibidas como pruebas en este juicio, por lo que una vez que cuente con las mismas y sean allegadas a este órgano jurisdiccional se proveerá lo concucente. Finalmente, se tiene por anunciada la prueba testimonial que ofrece el promovente, reservándose proveer respecto a su admisión o desechamiento, hasta en tanto sea emplazada la tercera interesada Genaria Villamil Osorio.
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