Marco Antonio Santos Bailón

Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Santos Bailón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular sus alegatos, por lo que se ordena cerrar este periodo. A continuación, se procede a dictar la siguiente resolución VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 193/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; remitido por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al día siguiente (veintitrés de febrero del presente), MARCO ANTONIO SANTOS BAILÓN por conducto de su apoderado legal Canciano Carlos Cortés Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- [.] a).- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ." IV.- ACTO RECLAMADO: "a).- reclamo la omisión de acordar el escrito de fecha 06 de agosto de 2021, en el expediente laboral 0485/2010,mismo que fue recibido en oficialía de partes de la Junta Federal, a las 13:35 horas de esa misma fecha. b).- reclamo la omisión de proveer lo necesario al cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 0485/2010; dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin de hacer eficaz tal ejecución. c).- También reclamo la denegación de justicia pronta, tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con número 193/2022 y se admitió a trámite, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se pidió el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de determinaciones atribuidas a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y derivado del análisis de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa al presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en: La omisión de acordar el escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 485/2010, donde solicitó se despache ejecución del laudo contra la demandada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causal de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, constancias que tienen valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, de oficio, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia relativa a que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado. Cierto, de lo manifestado por la autoridad responsable y de las constancias que acompañó a su informe justificado, se advierte que surge a la vida jurídica, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En principio, previo al estudio de la citada causa de improcedencia, se estima oportuno precisar que el acto reclamado en esta sede constitucional, consiste esencialmente en la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar el escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 485/2010, en el que tiene el carácter de parte actora. Ahora bien, respecto a la citada causa de improcedencia, debe decirse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, sirve de apoyo la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 210, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón a que, de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado de cuenta, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2º, se advierte lo siguiente: ( El ocho de marzo de dos mil veintidós, se dictó el acuerdo correspondiente dentro del juicio laboral 485/2010, que dio respuesta al escrito del actor, de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se despachó auto de requerimiento de pago o en su caso embargo con efectos de mandamiento, respecto de la condena decretada a la parte demandada en el laudo dictado el nueve de junio de dos mil veintiuno. ( Dicho acuerdo, fue notificado a la aquí parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, el catorce de marzo de dos mil veintidós. En esas circunstancias, se tiene que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la autoridad responsable acordó su escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, donde solicitó se diera impulso al procedimiento de ejecución de laudo, por ende, se despachara el auto correspondiente -lo que así ocurrió- y lo notificó a las partes, ello, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo origen del presente sumario constitucional -veintidós de febrero de dos mil veintidós-, se considera que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el efecto que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." Por lo expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al resultar improcedente el juicio de amparo y ante el sobreseimiento decretado, por cuestión prioritaria, acorde con la técnica que rige dicho juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sin que obste a lo anterior, el hecho que en el presente asunto no obre constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, pues se considera que no existe persona alguna física o moral a quien le surta el carácter de tercero interesado, al no actualizarse alguna hipótesis de las establecidas en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, ello en atención a la naturaleza omisa del acto reclamado. Al respecto, debe decirse que el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, tiene como objetivo dar participación en el juicio de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con el dictado de la resolución constitucional. Ahora bien, al tratarse lo reclamado de una omisión, se estima que el cúmulo de partes se encuentran interesadas en que se resuelva la litis; justamente este es el tópico que a consideración de este órgano jurisdiccional, no causa agravio a persona alguna, pues como se dijo, existe un interés común en que se resuelva el citado juicio. Ello, partiendo de la premisa de que la litis en el sumario constitucional, únicamente versó en verificar la existencia o no de la omisión atribuida a la responsable, y en su caso, su constitucionalidad; más no en relación al sentido o afectación que produzca la sentencia emitida. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven de la presente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MARCO ANTONIO SANTOS BAILÓN por conducto de su apoderado legal Canciano Carlos Cortés Cruz, contra los actos reclamados al presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por los motivos expuestos en el considerado ÚLTIMO de esta resolución Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, acordado en auto de diecisiete de marzo de este año. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta, en apoyo a su informe justificado, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. En este sentido, dígase a las partes que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias; por lo cual, para la consulta del expediente en que se actúa, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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