Marco Antonio Sánchez Cruz y Otros.

Expediente 36/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Sánchez Cruz y Otros.
  • Moises Maday Mendoza Martínez y Otros.
  • Marco Antonio Sánchez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    SE RECIBE EL OFICIO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA LA VINCULACIÓN DEL JUICIO EN QUE SE ACTÚA, EN MERITO DE LO ANTERIOR, SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO SISE PARA QUE HABILITE LOS PERMISOS DE VINCULACIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE ASUNTO.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; como no se interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 fracción I, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en sentencia se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidental es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción I, 18 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración de este juicio de amparo así como del cuaderno original del incidente de suspensión, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro contexto, respecto del duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Devuélvase al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la copia certificada de la causa penal 90/2017, que remitió como justificante de su informe, los cuales obran en esta secretaría en dos tomos de prueba por separado, sin que haya lugar a solicitar el acuse recibo de estilo correspondiente, en razón de que el talón de notificación que se agregue al expediente, es suficiente para acreditar la devolución de los mismos. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese la misma a los cuadernos incidentales. Finalmente, se autoriza a la secretaria y/o Actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito correspondiente la parte quejosa Marco Antonio Sánchez Cruz, mediante el cual en esencia, solicita se emita resolución correspondiente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en su atención dígase al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de dieciocho de junio del presente año. Por otra parte, respecto a que refiere se le corra traslado y se le de vista a Visitaduría del Consejo de la Judicatura Federal con residencia en el Estado de Oaxaca, con el ocurso de cuenta; dígasele a la parte quejosa que no es legalmente posible proveer de conformidad su petición; por lo cual, se dejan a salvo los derechos de su parte, para que en su caso, los haga valer en la vía y términos que en su caso así lo considere. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no existe precepto alguno que faculte al órgano jurisdiccional para atender favorablemente su petición. Esto es así, pues el indicado Consejo de la Judicatura Federal (con residencia en la Ciudad de México), se erige como un diverso órgano, administrativo, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, tiene como un objetivo fundamental, en los ámbitos de vigilancia y disciplina, detectar, prevenir, sancionar y erradicar las conductas que dañan el funcionamiento, la imagen y la credibilidad institucional del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, por tanto, si bien se encuentra encargado de la vigilancia de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, el mismo es independiente en la toma de sus trámites y resoluciones. Asimismo, se tiene, las funciones de dicho órgano se encuentran establecidas en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de entre las cuales se encuentra, expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación; Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a los miembros de la Suprema Corte de Justicia; apercibir, amonestar e imponer multas a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura Federal; dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, en este último precepto, así como en la Ley de Amparo, no se establece que sea por conducto del órgano jurisdiccional que se hagan llegar los ocursos, al Consejo de la Judicatura Federal; sin que dicha atribución pueda entenderse delegada a los órganos jurisdiccionales. Por ende, si es su deseo hacer llegar su ocurso, se considera en su caso deberá hacerlo, por tanto, directamente ante el indicado órgano. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por sus consideraciones esenciales, la jurisprudencia 2a./J. 87/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. LA FACULTAD CONFERIDA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA Y APLICAR SANCIONES, SÓLO PUEDE EJERCERSE POR SU PLENO O POR LA COMISIÓN QUE ÉSTE DETERMINE Y NO DELEGARSE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES". Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa se encuentra en su caso en aptitud de hacer valer su solicitud ante la autoridad competente, sin que sea jurídicamente posible que a través de este juzgado de Distrito pueda ser enviada la misma; esto es así, pues como ya se dijo, no existe precepto alguno que faculte a este órgano jurisdiccional para hacerlo, al tratarse el Consejo de la Judicatura Federal de un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, y contar con los medios para la presentación del mismo. Por ende, reitérese, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa, de en su caso hacerlos valer en la vía y términos que en su caso así considerara. Ahora bien, no obstante en el indicado auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se exhortó al personal correspondiente en relación con este asunto; por las razones que menciona la parte ocursante, instrúyase a la secretaria para que dé puntual seguimiento a los acuerdos correspondientes y se prosiga con la revisión de que las notificaciones ordenadas se lleven a cabo de inmediato, por lo cual, se instruye a las actuarias se lleven a cabo de inmediato las notificaciones correspondientes al indicado auto de dieciocho del mes y año en curso. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte ya trascurrió término de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo; lo que hizo valer la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Ahora bien, conviene recordar que mediante sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable (parte tercera interesada), interpuso recurso de revisión; del cual, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, quien confirmó el fallo. En ese sentido, los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio consisten en: "[.] Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, emitido contra la parte quejosa Marco Antonio Sánchez Cruz y Moisés Maday Mendoza Martínez, en la causa penal 90/2017 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado por premeditación, ventaja y traición, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Raúl Santos Mijangos; y, Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en donde se pronuncie, al tenor de lo aquí analizado, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, según lo que en derecho corresponda, pero, en su caso, de insistir, subsane los vicios formales destacados en el presente fallo; es decir: Al establecer los elementos normativos del tipo penal, destaque cuáles son los elementos descriptivos que integran el tipo penal, pero prescindiendo de introducir en ellos, como tal, elementos ajenos a los mismos. Por su parte, de manera fundada y motivada, determine cómo se comprueban los elementos constitutivos del cuerpo del delito, y en su caso los diversos elementos, acorde con los propios artículos referidos en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales aplicables, y que al respecto aludió para fundar su propia determinación. [.]" Por lo que, se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria; así la responsable remitió copia certificada de la resolución dictada diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 90/2017, de su índice, en la que emitió una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios formales destacados en la ejecutoria, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 90/2017, en donde se había dictado auto de formal prisión en contra de Marco Antonio Sánchez Cruz y Moisés Maday Mendoza Martínez, como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, ventaja y traición, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Raúl Santos Mijangos; por lo que, luego se advierte ahora consideró dictar un diverso, en los términos que ahí se contienen, donde se advierte estableció los elementos y, por separado trató cada uno y, a su vez, separadamente con qué pruebas a su consideración se acreditaba cada uno de ellos, dándole igualmente valor jurídico a cada una de las pruebas. Así, en el caso, se considera cumplió con lo establecido en la sentencia ejecutoriada pues de manera fundada y motivada, para lo que aquí únicamente se atiende, es decir, por los aspectos formales de su emisión, determinó específicamente cómo comprobó cada uno de los elementos del delito, que citó como: a) La preexistencia de la vida humana de quien en vida respondió al nombre de Raúl Santos Mijangos, y la cesación de la misma; b) Que dicho resultado fue ocasionado por otra u otras personas; c) Que la acción se realice con premeditación y ventaja; y d) La lesión al bien jurídico, que en el caso lo fue la vida de la víctima ya mencionada; así como la probable responsabilidad de la aquí parte quejosa y otros, pues al efecto estableció por separado para cada uno de ellos, el material probatorio, a los que separada y respectivamente les concedió el valor probatorio que estimó, para lo cual citó normativa y criterios que al respecto de ellos estimó. Lo anterior, sin prejuzgar en específico respecto al fondo del asunto, toda vez que como se vio, en el presente los efectos de la ejecutoria de amparo fueron para subsanar los vicios formales referidos: Al establecer los elementos normativos del tipo penal, destaque cuáles son los elementos descriptivos que integran el tipo penal, pero prescindiendo de introducir en ellos, como tal, elementos ajenos a los mismos. Por su parte, de manera fundada y motivada, determine cómo se comprueban los elementos constitutivos del cuerpo del delito, y en su caso los diversos elementos, acorde con los propios artículos referidos en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales aplicables, y que al respecto aludió para fundar su propia determinación. Para lo cual, se tuvieron presentes los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio consistentes en: "[.] Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, emitido contra la parte quejosa Marco Antonio Sánchez Cruz y Moisés Maday Mendoza Martínez, en la causa penal 90/2017 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado por premeditación, ventaja y traición, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Raúl Santos Mijangos; y, Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en donde se pronuncie, al tenor de lo aquí analizado, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, según lo que en derecho corresponda, pero, en su caso, de insistir, subsane los vicios formales destacados en el presente fallo; es decir: Al establecer los elementos normativos del tipo penal, destaque cuáles son los elementos descriptivos que integran el tipo penal, pero prescindiendo de introducir en ellos, como tal, elementos ajenos a los mismos. Por su parte, de manera fundada y motivada, determine cómo se comprueban los elementos constitutivos del cuerpo del delito, y en su caso los diversos elementos, acorde con los propios artículos referidos en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales aplicables, y que al respecto aludió para fundar su propia determinación. [.]" Así, la responsable emitió resolución de auto de formal prisión en el mismo sentido, pero subsanado los vicios formales destacados en la sentencia de amparo; ello, tomando en consideración que: En principio, se dejó insubsistente la resolución de plazo constitucional de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 90/2017, dictada en contra del quejoso. Dejó establecido, por separado, cada uno de los elementos que integran el tipo penal, estableció por separado el material probatorio y respectivamente les concedió el valor probatorio que estimó, para lo cual citó normativa y criterios que al respecto de ellos estimó, como a continuación esencialmente se expone: Primer elemento: la preexistencia lógica de una vida humana y la cesación de la misma. -Lo que acreditó con diligencia de levantamiento de cadáver que practicó el Agente del Ministerio Público el diecinueve de febrero de dos mil quince. A la cual, concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales, que por el tipo de delito dio lugar a inspección por parte de la autoridad investigadora, describiendo minuciosamente en dónde se encontraba el cadáver de la víctima cuya existencia, características y lesiones que presentó al exterior, tuvo acreditada, además, con dicha diligencia estimó se estableció el deceso del ofendido. -Diligencia que robusteció con el protocolo de autopsia y reconocimiento médico exterior, en la que se clasifican las lesiones que presentaba el occiso. Medio de convicción que otorgó valor probatorio indiciario, en términos del numeral 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado. -Acta de defunción, expedida a favor del occiso, en donde se especifica la causa de muerte. Documental que otorgó separadamente valor probatorio pleno en cuanto a su existencia en términos del artículo 355, fracción I, en relación con el 356, fracción II, del Código de Procedimiento Penales para el Estado. Elementos de prueba que adminiculados y valorados en términos del artículo 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado, estimó tienen por acreditado que la persona identificada como Raúl Santos Mijangos, perdió la vida debido al traumatismo profundo de cráneo producido por objeto cortocontundente, hemorragia interna intensa por laceraciones pulmonares y hepáticas producido por proyectil de arma de fuego disparado. Segundo elemento: que dicho resultado sea ocasionado por otra u otras personas. -Lo que tuvo por acreditado con la declaración y ampliación de declaración del testigo Isabelo Gómez Mijangos. Declaración a la que le dio valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado. -Lo que relacionó con la diligencia de levantamiento de cadáver que practicó el Agente del Ministerio Público el diecinueve de febrero de dos mil quince. Medio de convicción que otorgó valor probatorio pleno, en términos del numeral 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado, en la que se da fe de las lesiones que presentaba el occiso. -Diligencia que robusteció con el protocolo de autopsia y reconocimiento médico exterior, en la que se determinó la causa de la muerte Medio de convicción que otorgó valor probatorio pleno, en términos del numeral 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado. -Acta de defunción, expedida a favor del occiso, en donde se especifica la causa de muerte. Documental que otorgó separadamente valor probatorio pleno en cuanto a su existencia en términos del artículo 355, fracción I, en relación con el 356, fracción II, del Código de Procedimiento Penales para el Estado. Con los citados elementos probatorios concluyó que Raúl Santos Mijangos, murió a causa de traumatismo profundo de cráneo producido por objeto cortocontundente, hemorragia interna intensa por laceraciones pulmonares y hepáticas producido por proyectil de arma de fuego disparado por los sujetos activos. Por cuanto a que la acción se realice con premeditación y ventaja. En este sentido, la responsable estimó que las circunstancias que califican la conducta de los activos son PREMEDITCIÓN y VENTAJA. Que el elemento objetivo que constituyen la PREMEDITACIÓN, esto es, a) el transcurso del tiempo, más o menor largo, entre el momento de la concepción del delito y aquel en el cual se ejecuta; así como el elemento subjetivo consistente en: b) la reflexión sobre el ilícito que se va a cometer, la que se manifiesta en la persistencia o profia delictuosa. Lo acredita con la declaración y ampliación de declaración del testigo Isabelo Gómez Mijangos, estimó que la conducta desplegada por los activos fue reflexionada por un tiempo largo ya que por la mecánica de los hechos advirtió que tuvieron suficiente tiempo para preparar el delito a iban a cometer. Diligencia a la que otorgó valor probatorio indiciario, en términos del numeral 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado. Lo que corroboró con la diligencia de levantamiento de cadáver que practicó el Agente del Ministerio Público el diecinueve de febrero de dos mil quince. Y, en cuanto a la calificativa de VENTAJA, tuvo por acreditado su elemento objetivo material, pues consideró que de los medios de prueba que obraban en autos se acreditó que a la fecha del evento el activo (aquí quejoso) portaba un revolver el cual disparó al pasivo, en tanto que su coacusado estaba provisto de un machete, y consta que el sujeto pasivo no llevaba ningún arma con que defenderse. Lo que se apreció de la declaración y ampliación de declaración del testigo Isabelo Gómez Mijangos. Declaración que concatenó con los indicios ya valorados en esa resolución, toda vez que el perito médico oficial en su protocolo de autopsia y reconocimiento médico exterior, al describir las lesiones, manifestó que presenta múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego disparo, lo que se corroboraba con el dicho del testigo presencial de los hechos, así como lesiones producidas por machete (instrumento punzocortante). Así también tuvo por acreditado de manera separada el elemento subjetivo de conciencia de superioridad, ya que el pasivo aunado a que había ingerido bebidas embriagantes, constando que eran varios sujetos que lo golpearon y por las armas que llevaban los activos, mientras que el pasivo no llevaba ningún arma con que defenderse. Cuarto elemento: la lesión al bien jurídico tutelado. El cual lo conforma la vida de Raúl Santos Mijangos, y en el caso la conducta asumida por los activos, causó un daño irreparable como lo es la privación de la vida. Lo que acreditó con la diligencia de inspección, descripción y levantamiento de cadáver, realizada por el representante social, así como identificación de cadáver realizada por la progenitora del pasivo y autopsia médico legal. Teniendo con ello acreditado el nexo causal entre la acción desplegada por los activos y otros sujetos y la privación de la vida de la víctima. Constancias que valoró en lo individual y en conjunto, en términos del numeral 354 del Código de Procedimiento Penales para el Estado. Con lo que, se estima que subsanó los vicios formales que contenía el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (acto reclamado), pues como se señaló en la sentencia de amparo en dicha resolución, la responsable realizó una síntesis o fusión de elementos a comprobar respecto del cuerpo del delito, sin que hubiera realizado un estudio de cada uno de dichos elementos ya que no había señalado expresamente con qué probanzas acreditó cada uno de estos, y se limitó a valorar las pruebas para determinar por acreditada la acción, la lesión al bien jurídico protegido, el resultado material y su atribuibilidad a la acción, objeto material y otras calificativas, para pronunciarse posteriormente respecto de la probable responsabilidad. Aunado a que en dicha resolución se habían introducido incluso cuestiones ajenas a las disposiciones legales que al efecto se citaron. Y, ahora se insiste, citando la normativa y criterios que al efecto estimó, determinó específicamente cómo comprobó cada uno de los elementos, los cuales se citaron en párrafos precedentes, estableció por separado el material probatorio, a los que separada y respectivamente les concedió el valor probatorio que así estimó. Lo anterior, sin introducir elemento ajeno a las disposiciones legales (". una circunstancia de tiempo consistente en que la muerte del pasivo de verifique dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que fue lesionada."), como se citaba en su anterior resolución. Y, sin que pase inadvertido que al hacer alusión a los elementos del delito, citó también ahí los relativos a la premeditación y ventaja, cuestión que en la sentencia de amparo se consideró incorrecta, incluso porque introducía un elemento relativo al deceso dentro de sesenta días; sin embargo, como se anotó, en el caso a la postre se advierte ya se ocupó del estudio de cada uno de los elementos y en específico separadamente con qué pruebas a su consideración se acredita cada uno de ellos, cuestión ésta última que fue la que en dicha sentencia de amparo se advertía también por la cual trascendía la ilegalidad; de tal manera que al advertirse ahora que se tratan los elementos cada uno por separado y especificar con qué pruebas a su consideración se acredita cada uno de ellos, dándoles valor jurídico que respectivamente así estimó conducente, citando normativa y criterios, e incluso ya sin hacer alusión como elemento el relativo al deceso dentro de sesenta días, es que se considera entonces cumplida la sentencia de mérito. Así, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa, pero por las consideraciones vertidas con antelación, en el caso se estima cumplida la citada sentencia, aunado a que también se advierten tendentes a controvertir el fondo del auto de plazo constitucional, pues se hacen derivar de consideraciones que pretenden nulificar el valor probatorio otorgado por la responsable a los medios convictivos allegados al proceso, cuya circunstancia no puede atenderse en este cumplimiento, en tanto que el amparo concedido fue para los efectos antes precisados, sin que entonces pueda abordarse o analizarse las consideraciones estimadas por la resolutora en dicha determinación, al habérsele dejado en plenitud de jurisdicción para emitirla de nueva cuenta, ya en el mismo sentido (lo que así sucedió) o en uno diverso. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; lo anterior, en términos del párrafo tercero del numeral 196 de la Ley de Amparo; dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se exhorta al personal encargado de este expediente, a fin que en lo sucesivo sean cuidadosos y diligentes en la integración de los asuntos que tienen a cargo, a efecto de evitar el retraso de los asuntos tramitados ante este Juzgado Federal. Finalmente, se autoriza al Actuario y/o Secretaria a firmar los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese personalmente.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano