Marco Antonio Rodríguez Santillán
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Rodríguez Santillán
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Enrique García Martínez, por conducto de su tutor definitivo José Aarón García López, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; por las razones indicadas en el considerando último de esta sentencia. En términos de lo previsto en el artículo 6 Constitucional; 3, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2 del Reglamento de la materia; Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y; del Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de noviembre de dos mil nueve; la información considerada legalmente como reservada o confidencial contenida en esta sentencia se marcó e identificó a fin de que sea adaptada a la versión pública con la supresión de los datos respectivos. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución y el disco compacto que la contenga devuélvanse los autos a su lugar de origen para que proceda en términos del artículo Único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado el quince de abril de dos mil dieciséis, por lo cual debe quedar testimonio en el cuaderno de antecedentes 604/2017, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Claudia Guerrero Centeno, Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, ante Horacio Bustos Rojas, Secretario que autoriza y da fe, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SANTILLÁN. Radicación y registro. Vista la demanda de amparo que promueve Marco Antonio Rodríguez Santillán, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, Presidente de la Mesa Directiva, Comisión de Gobernación y Comisión de Puntos Constitucionales, todos de dichos Congreso, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número III-21/2018, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones sobre la procedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad con que cuentan los jueces de distrito para desechar la demanda de amparo, cuando adviertan que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiéndose que lo primero se actualiza cuando las razones se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia que sustenta el desechamiento de la demanda debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, en la tesis XV.2o.2 K , del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, señala lo siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: El dictamen con proyecto de acuerdo que declara improcedente la denuncia de juicio político presentada en contra de Armando Carrillo Barragán y Omar Salas Nicaso, emitido por las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, ambas del Congreso del Estado de Michoacán. Actos respecto de los cuales se actualiza la causa de improcedencia que se integra de la interpretación sistemática (sentido estricto) y funcional (teleológica), de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículos 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos invocados, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, pero también de otras hipótesis que se pueden deducir tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hipótesis que deben ser integradas atendiendo a la interpretación jurídica de la norma, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". En el caso, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, establece la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero condiciona esa procedencia a que se actualice cualquiera de las hipótesis que de manera restrictiva se consignan en dicho normativo. Así, en el inciso b), se condiciona la procedencia del juicio a que se trate de actos de imposible reparación, los que se encuentran definidos en la propia norma, al establecer: ".entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte". De lo anterior se sigue que cuando se reclaman actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no encuadran en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente; dicho de otra forma, el juicio de amparo será improcedente cuando: 1. Se trate de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que no sean de imposible reparación; esto es, no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo, pues éste se encuentra regulado en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, el que desde el punto de vista formal, pertenece a la materia administrativa. Los artículos aglomerados en el CAPÍTULO III de dicha ley, del 29 al 35, establecen una serie de pasos consecutivos, con unidad de propósito, y de aplicación escalonada, cuyo objeto es el dictado de una resolución definitiva que crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta y particular, mediante el establecimiento, reconocimiento, declaración, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Dicho procedimiento, como cualquier juicio, consta de varias etapas, incluso una preliminar que se divide en dos fases, que comprende desde la denuncia, hasta que se hace la calificación respecto de los requisitos de la misma, así el artículo 31, de la ley en aplicación, señala que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia escrita ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado. El artículo 32, regula el procedimiento que debe seguir la Mesa Directiva del Congreso, hasta turnar la denuncia a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales para que determinen la procedencia de la denuncia, esto es, verificar que el denunciado esté comprendido dentro de los servidores públicos sujetos de Juicio Político y que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas para proceder. Para ello las comisiones elaborarán el dictamen respectivo, el cual someterán a votación del Pleno del Congreso. En caso de que la denuncia sea notoriamente improcedente o el demandado no sea sujeto de juicio político el Pleno resolverá su archivo. En caso de que se determine que la denuncia es procedente, se dará inicio, en sentido estricto, al procedimiento, que comprenderá una fase expositiva en la que se turnará el expediente a la Comisión Jurisdiccional, misma que notificará por escrito al denunciado sobre la acusación dentro de los cinco días naturales siguientes, haciéndole saber que deberá comparecer o informar por escrito sus excepciones y pruebas dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación. En la fase probatoria, la que inicia después de transcurridos los siete días aludidos, la Comisión Jurisdiccional abrirá un período de treinta días naturales dentro del cual calificará las pruebas que ofrezcan el denunciante, el servidor público o su defensor, teniendo la obligación de practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia (artículo 33). Incluso se dotó a la Comisión Jurisdiccional de facultades para solicitar por escrito a todas las dependencias y oficinas de los otros poderes del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos autónomos, informes y documentos que juzgue necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos que se investiguen. Terminada la fase probatoria; esto es, el desahogo de pruebas, se pondrá el expediente a la vista del denunciante y del servidor público, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, presentándolos por escrito dentro de los siete días naturales siguientes, con lo que concluirá la etapa de alegatos. A partir de este momento, inicia la etapa de juicio (sentido estricto) denominada en el artículo 35 de la Ley en consulta como "Conclusiones", en la que se impone como obligación a la Comisión Jurisdiccional de dictaminar el asunto dentro de los quince días naturales siguientes. Si de las constancias se concluye la responsabilidad del servidor público, el dictamen propondrá: I. Que está comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que existe responsabilidad del denunciado; y, III. La sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público hasta por diez años. La sanción se motivará y fundamentará de manera individualizada. Como se puede apreciar, por el diseño del procedimiento de juicio político, hasta en tanto el Congreso se erige en Jurado de Sentencia (artículo 36), ninguno de los actos de las comisiones que participan en la instrucción crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta y particular, mediante el establecimiento, reconocimiento, declaración, modificación transferencia o extinción de derechos y obligaciones, de ahí que deban reputarse como actos instrumentales. En este sentido, el acto que el quejoso reclama es de carácter instrumental, dado que lo que reclama es el dictamen con proyecto de acuerdo que declara improcedente el juicio político que intentó el quejoso en contra de dos personas, elaborado por las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Michoacán. Además, del contenido del artículo 32 de la ley referida ley, establece lo siguiente: "Artículo 32. Procedimiento. Presentada la denuncia y ratificada dentro de los tres días naturales siguientes ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se hará del conocimiento del Pleno del Congreso en la sesión inmediata siguiente y se turnara (sic) con la documentación que la acompaña a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para que determinen la procedencia de la denuncia en un plazo de veinte días naturales, esto es, si el denunciado está comprendido dentro de los servidores públicos sujetos de Juicio Político y si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas para proceder. Las comisiones elaborarán el dictamen respectivo y lo someterán a votación del Pleno del Congreso". Ahora, es claro que el acto reclamado se encuentra supeditado a la votación del Pleno del Congreso del Estado, lo que hasta el momento no ha sucedido, ya que únicamente se emitió el dictamen con proyecto de acuerdo elaborado por las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales de dicho congreso, lo que pone en evidencia que no constituye un acto definitivo, sino que dicho proyecto requiere de un acto posterior que emita una diversa autoridad para que pueda considerarse de esa manera, es decir, definitivo. De lo anterior se sigue que los actos que realizan las comisiones unidas descritas, no crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica concreta y particular, pues su actuar se reduce a realizar actos procesales, de ahí que el presente juicio de amparo es improcedente. Lo anterior porque como ya se dijo, el dictamen que emitan las comisiones en común para declarar la improcedencia de la denuncia de juico político, requiere de la votación del Pleno del Congreso del Estado, lo que hasta el momento no ha sucedido, esto es, no ha habido un acto definitivo, sino que se realizó un acto meramente procedimental que hasta la fecha no causa agravio alguno en los derechos sustantivos del quejoso. De ahí que en el caso proceda desechar la demanda por improcedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada; además se interrumpiría un procedimiento de ejecución de sentencia en contravención con el párrafo cuarto del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. ? Domicilio. Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas para tales efectos a las personas que indica. ? Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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