Marco Antonio Rodríguez Esquivel
Expediente 966/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Rodríguez Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Estado de autos. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual devuelve el despacho 268/2019 orden 790, expedido en cumplimiento a lo ordenado en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, para emplazar a la tercero interesada Rosa Martínez Menchaca; ello es así, toda vez que en auto de catorce de enero de dos mil veinte, se determinó innecesario solicitar al referido juez auxiliar la devolución de la citada comunicación oficial, toda vez que en proveído de catorce de octubre del año próximo anterior, se tuvo a la mencionada tercera afectada compareciendo al presente juicio y por sentencia pronunciada el once de noviembre de dos mil diecinueve, se resolvió en definitiva el juicio, motivo por el cual se ordenó la baja del despacho en comento; de ahí que, se reitera, sea innecesario realizar pronunciamiento diverso a ordenar su integración al expediente en que se actúa. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 24830/2019, a través del que se le notificó el proveído de cuatro de diciembre del año en curso y se devolvieron las constancias que allegó al juicio en que se actúa para justificar su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, se declara que causa estado para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del presente expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni de garantía, toda vez que no se exhibieron. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 34), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-966/2019, promovido por Marco Antonio Rodríguez Esquivel, por propio derecho, en contra del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de quien reclama el acto que se cita enseguida: La resolución dictada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el toca I-239/2019, que revocó la interlocutoria de siete de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, en el juicio familiar 132/2019. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Javier Pérez Santamaría, secretario del juzgado que autoriza las actuaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran las siguientes: Demanda de amparo (fojas 2 a 9). Auto de prevención de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13). Escrito aclaratorio (fojas 16 a 22). Auto admisorio de once de septiembre de la anualidad que transcurre (fojas 23 y 24). Escrito de once de octubre del presente año, en el que compareció a juicio la tercera interesada Rosa Martínez Menchaca (foja 35). Asimismo, se hace relación del informe justificado que obra en autos mediante el cuadro siguiente: N° AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. 27 Cierto En este acto, se da cuenta con un escrito signado por la tercera interesada Rosa Martínez Menchaca, mediante el cual formula sus alegatos, de lo cual se ordena proveer lo conducente en la etapa correspondiente de esta audiencia. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada, sin que haya lugar a proveer de conformidad la petición que hace en el sentido de que se niegue al quejoso la suspensión definitiva, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión, al no haber sido solicitado por el promovente del amparo. Acto seguido, se declaró abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las constancias que el Magistrado responsable remitió con el informe justificado (foja 27), consistentes en copia certificada del juicio familiar 132/2019 y del toca 239/2019, con las cuales se formaron dos tomos de pruebas (foja 28). A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza, y a las demás partes téngaseles por perdido su derecho para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que la tercera interesada Rosa Martínez Menchaca presentó alegatos mediante escrito de veintiuno de octubre de este año (fojas 39 a 40) y en el diverso recibido hoy en este juzgado (fojas 42 a 43), sin que las demás partes lo hicieran. A lo que el Juez acuerda: Téngase a la tercera interesada rindiendo los alegatos respectivos y por perdido el derecho de las demás partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-966/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y recibido en este Juzgado el veintisiete de agosto siguiente, Marco Antonio Rodríguez Esquivel, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que se cita enseguida: "IV.- ACTO RECLAMADO. La sentencia derivada el Toca I-239/2019, bajo la acción: ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES; notificada el día 05 cinco de agosto de 2019 y pronunciada por la autoridad responsable el día 19 de Julio del año 2019." Acto que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, relató los antecedentes y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; la cual, previa prevención, en proveído de once de septiembre del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó dar la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. En ese tenor, la autoridad responsable rindió el informe de ley mediante oficio de veinte de septiembre de este año, compareció la tercera interesada Rosa Martínez Menchaca y la audiencia constitucional se celebró en esta fecha, la cual consta en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que tiene su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación de la juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional; la cual, es de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Conforme a los criterios resaltados, así como al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, junto con las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación de su informe, deriva que el acto reclamado consiste en: La resolución dictada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el toca I-239/2019, que revocó la interlocutoria de siete de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, en el juicio familiar 132/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado en el informe justificado de ley. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio familiar 132/2019 y toca 239/2019, que remitió en apoyo a su informe con justificación, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador federal, de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, en el presente juicio de amparo resulta innecesario el análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que este Juzgado Federal, de oficio, advierte actualizada la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, ya que se configura el supuesto de improcedencia establecido en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con la fracción V, del artículo 107, ambos de la ley en cita, éste último interpretado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del precepto legal referido en primer orden se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando durante su tramitación se advierta actualizada alguna causal de improcedencia; y, del citado en segundo orden, se obtiene que no procede el juicio de amparo cuando se configuren los supuestos de improcedencia establecidos en la Constitución Federal o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, contra actos que afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Así, de la interpretación a contrario sensu del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de garantías es improcedente cuando se promueve contra actos emitidos dentro de juicio que no son de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los actos de imposible reparación son los que afecten materialmente derechos, es decir, cuando sus consecuencias impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, asimismo, que los derechos afectados revistan la categoría de sustantivos, esto es, que no se trate de derechos de naturaleza formal o adjetiva. Lo anterior en la jurisprudencia de rubro y texto intitulada: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En otro orden de ideas, el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la contradicción de tesis 152/2017, estableció que el juicio de amparo es improcedente contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada, ya que no constituye un acto emitido en juicio que sea de imposible reparación. Lo anterior, en virtud de que la desestimación de la excepción de cosa juzgada no tiene una afectación material inmediata, toda vez que dicha cuestión adjetiva puede ser resuelta en sentido favorable del interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el derecho que se estima afectado no tiene la categoría de ser sustantivo. El Alto Tribunal agregó que la única consecuencia que trae el hecho de que no sea analizada la desestimación de la excepción de cosa juzgada en el juicio de amparo es que se continúe con la secuela procesal del procedimiento judicial de origen hasta que se dicte una sentencia definitiva y ésta, en su caso, podrá ser recurrida a través del juicio de amparo directo, en el que podrán hacerse valer las violaciones procesales que se hubiesen cometido en el desarrollo del procesal. De la contradicción referida líneas atrás surgió la jurisprudencia siguiente: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Precisado el aspecto normativo anterior, para llegar a la conclusión del sobreseimiento aludido es necesario establecer una breve relación de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio familiar 132/2019 y del toca de apelación I-239/2019 que remitió la autoridad responsable: Rosa Martínez Menchaca promovió demanda de divorcio sin expresión de causa y diversas cuestiones, en contra de Marco Antonio Rodríguez Esquivel, de la cual tuvo conocimiento el Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, quien la registró con el número de juicio 678/2018, en el que se emitió sentencia definitiva el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Posteriormente, el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, Rosa Martínez Menchaca promovió demanda en contra de Marco Antonio Rodríguez Esquivel a quien reclamó lo siguiente: "A).- Con fundamento en el artículo 258 del Código Familiar, para el Estado de Michoacán, vengo a demandar la Indemnización hasta el 50% sobre el valor de los bienes adquiridos en el matrimonio, al señor MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ESQUIVEL. B).- El pago de alimentos Definitivos en favor de la suscrita ROSA MARTÍNEZ MENCHACA, en los términos del artículo 272 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. C).- El pago de gastos y costas y honorarios profesionales que se originen por la tramitación del presente juicio." De la demanda referida con antelación correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, quien en acuerdo de veintiocho de febrero de este año la registró con el número de juicio 132/2019, la admitió a trámite y ordenó correr traslado a la parte demandada. Mediante escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, Marco Antonio Rodríguez Esquivel dio contestación a la demanda instaurada en su contra e hizo valer excepción procesal de cosa juzgada; por lo que, en auto de veintiséis de marzo del propio año, se admitió a trámite el incidente de previo y especial pronunciamiento relativo a la excepción de cosa juzgada, en el que se emitió resolución interlocutoria el siete de junio del presente año, con los puntos resolutivos que se citan enseguida: "PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver interlocutoriamente este incidente. SEGUNDO. Se declara procedente el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre cosa juzgada formulado por el demandado Marco Antonio Rodríguez Esquivel, por las razones expuestas en el considerando segundo de este resolución; y por consiguiente, no es jurídicamente posible continuar con el trámite de este juicio promovido por Rosa Martínez Menchaca, declarándose, por tanto, concluido. TERCERO. No se hace especial condena en el pago de las costas incidentales. CUARTO. Notifíquese." En contra de la resolución anterior, Rosa Martínez Menchaca interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca I-239/2019, en el que se emitió sentencia el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar la sentencia interlocutoria impugnada y declarar improcedente la excepción de cosa juzgada hecha valer por el demandado [resolución que constituye el acto aquí reclamado], por las consideraciones siguientes: ". toda vez que acorde con el artículo 258 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, al solicitarse el divorcio o dentro de los dos años siguientes a su reclamación, los cónyuges podrán exigir la indemnización hasta del 50% cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio, evidente resulta, que al no haberse analizado la petición de mérito en la tramitación del divorcio, y aún no transcurrir los dos años que señala dicho numeral, virtud a que se solicitó el divorcio en el año 2018 dos mil dieciocho, la aquí apelante tiene expedito su derecho para reclamar como acontece la citada indemnización, sin que corresponda en este momento procesal realizar el estudio procesal sobre su procedencia o improcedencia, pues ello deberá analizarlo el juez de primera instancia. Así las cosas, la excepción procesal que sobre cosa juzgada hizo valer el demandado Marco Antonio Rodríguez Esquivel, es improcedente, no obstante de existir el juicio sobre divorcio número 678/2018, en el que se ha dictado sentencia definitiva y donde intervinieron los mismos contendientes, pues la indemnización reclamada en aquel controvertido no fue motivo de análisis por el juez, y tampoco convenido entre las partes." (Lo resaltado es propio) Así, en el caso que nos ocupa, en la resolución reclamada el Magistrado responsable determinó improcedente la excepción de cosa juzgada hecha valer por Marco Antonio Rodríguez Esquivel, en el juicio familiar 132/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, al considerar que no obstante de existir el diverso juicio sobre divorcio 678/2018 en el que se dictó sentencia definitiva e intervinieron los mismos contendientes, la indemnización reclamada en aquel controvertido no fue motivo de análisis por el juez y tampoco convenido entre las partes. Por lo anterior, revocó la interlocutoria de siete de junio de dos mil diecinueve dictada en el incidente promovido en el juicio de origen, para declarar improcedente la excepción de cosa juzgada que hizo valer la parte demandada y, como consecuencia, continuar con el controvertido familiar. En ese tenor, la resolución reclamada en el presente juicio de amparo constituye un acto emitido dentro de juicio que no es de imposible reparación, ya que -como lo estableció el Máximo Tribunal del País- la desestimación de la excepción de cosa juzgada no afecta de manera material e inmediata derechos sustantivos del quejoso. Es decir, el hecho de que el Magistrado responsable haya determinado improcedente la excepción de cosa juzgada hecha valer por Marco Antonio Rodríguez Esquivel en el juicio familiar 132/2019, no afecta su esfera jurídica, ya que, por una parte, se trata de una afectación a un derecho adjetivo que en su momento puede ser reparado al dictarse la sentencia definitiva y, por otra parte, no le afecta el libre ejercicio de algún derecho sustantivo. Además, la única consecuencia que hasta el momento genera la resolución reclamada es que se continúe el trámite del juicio familiar 132/2019, promovido por Rosa Martínez Menchaca, en contra del aquí quejoso, y para el caso de que dicha violación trascienda al resultado del fallo, la misma podrá ser impugnada mediante el juicio de amparo directo, en que se pueden hacer valer todas las violaciones procesales, todo ello en términos de la jurisprudencia P/J 12/2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", ya citada en líneas precedentes. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en términos del diverso precepto 61, fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 966/2019, promovido por Marco Antonio Rodríguez Esquivel, contra el acto y por la autoridad referida en el considerando segundo, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Javier Pérez Santamaría, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe
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