Marco Antonio Rodríguez Gutiérrez
Expediente 21/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Rodríguez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA IV. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiere inconformado contra el auto de veinticuatro de abril pasado (fojas 129 y 130), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el disco compacto remitido por el Juez Militar de Control de la Primera Región Militar, aún no ha sido remitido pese haberse ordenado su devolución, en consecuencia devuélvase a la referida autoridad, toda vez que para este Órgano Jurisdiccional es innecesaria su retención. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes.
- Incidental
MESA IV. Vista la certificación, así como el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito número ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de ***, por ende, deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de veintitrés de enero pasado.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio signado por el Juez de Control Militar adscrito a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el cual, en acato a lo solicitado en proveído de diecinueve de los cursantes, remite copia certificada de las constancias con las cuales refiere haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que sea necesario dar vista a las partes con las constancias que remite la potestad oficiante, en razón de que el Juez Militar únicamente subsanó el error contenido en su determinación de cuatro de abril del año en curso, en atención a lo solicitado en acuerdo de diecinueve del mes y año en curso. En ese tenor, es pertinente destacar que en sentencia acabada de engrosar el diez de marzo pasado (fojas 91 a 107), se sobreseyó y concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Juez Militar de Control de la I Región Militar, Campo Militar 1-A realizara lo siguiente: Dejará insubsistente únicamente la orden de aprehensión dictada el diez de enero de dos mil diecisiete, en la audiencia inicial de formulación de la imputación dentro de la causa penal ***. Ahora bien, de las documentales remitidas por la potestad responsable obligada al cumplimiento, se advierte que hizo lo siguiente: El veinte de abril del año en curso, dejó insubsistente la orden de aprehensión contenida en el oficio STJ-322 el diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada en contra de ***. En ese tenor, si la autoridad responsable observó los lineamientos destacados en el fallo protector y se ciñó a sus efectos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la ley de la materia, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin que la potestad responsable incurriera en exceso o defecto en su cumplimiento. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora bien, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación, así como el estado de autos, se advierte que el plazo de tres días hábiles otorgados a la quejosa en acuerdo de seis del actual, a efecto de que hiciera manifestaciones con relación al cumplimiento de la sentencia amparadora dado por el Juez Militar responsable, transcurrió del once al dieciocho del actual, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este juzgador procede resolver si la sentencia protectora se encuentra cumplida. En ese tenor, es pertinente destacar que en sentencia acabada de engrosar el diez de marzo pasado (fojas 91 a 107), se sobreseyó y concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Juez Militar de Control de la I Región Militar, Campo Militar 1-A realizara lo siguiente: Dejará insubsistente únicamente la orden de aprehensión dictada el diez de enero de dos mil diecisiete, en la audiencia inicial de formulación de la imputación dentro de la causa penal ***. En proveído de treinta y uno de marzo pasado, se declaró ejecutoriado el fallo amparador y se requirió al Juez Militar responsable diera cumplimiento a la sentencia concesora -fojas 110 y 111-. Por oficio STJ-4186 recibido en este juzgado el cinco del actual (fojas 115 a 119), el Juez Militar de Control de la I Región Militar, Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional informó haber dado cumplimiento al fallo protector y remitió las constancias que sustentaban su dicho. Ahora bien, de las documentales remitidas por la potestad responsable obligada al cumplimiento, se advierte que hizo lo siguiente: El cuatro de abril del año en curso, dejó insubsistente la orden de aprehensión contenida en el oficio STJ-322 el diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada en contra de ********************. En vista de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se estima procedente declarar que el FALLO PROTECTOR NO QUEDÓ CUMPLIDO, en razón de que el Juez Militar responsable dejó insubsistente diverso acuerdo al emitido en la orden de aprehensión, es decir, dejó sin efectos el oficio STJ-322 de diez de febrero de dos mil diecisiete, y no así el de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, como se precisó en la sentencia de amparo. En consecuencia, líbrese atento oficio al Juez Militar de Control de la I Región Militar, Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos su legal notificación, remita copia certificada de las constancias que acrediten haber dado cumplimiento al fallo amparador, subsanando el error a que se hizo mención en el párrafo que antecede. Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del propio ordenamiento legal, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251, de la citada ley, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivo y subjetivo que para tal fin deban cubrirse.
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