Marco Antonio Rodríguez Cortés

Expediente 486/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
486/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
24/06/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Rodríguez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA I.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio (fojas 96 a 99). En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Se precisa que este controvertido constitucional se tramitó con incidente de suspensión, razón por la cual, se ordena acordar lo pertinente en dicho cuaderno.

  2. Incidental

    MESA I.- Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA I.- SE NOTIFICA AL QUEJOSO Marco Antonio Rodríguez Cortés, el proveído de del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, que dice: " Visto el estado procesal de autos, así como el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Marco Antonio Rodríguez Cortés consistentes en: 1. La orden de aprehensión y/o reaprehensión 2. La orden de comparecencia 3. Su ejecución. Son inexistentes, por tanto, el suscrito estima que procede decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. A efecto de corroborar el aserto que precede, cabe precisar que los Jueces Primero al Sexagésimo Noveno Penales de la Ciudad de México y el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en ausencia del Procurador General de Justicia de esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En estas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia número 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, de epígrafe y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo para el sentido de la determinación que antecede, la circunstancia que se encuentre transcurriendo la vista dada a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las potestades responsables; habida cuenta que al haber negado los actos imputados, el desahogo de la vista concedida con tales documentales, no cambiaría el sentido de la sentencia, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio jurisprudencial ciento cuatro, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, página 622, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES. La circunstancia de que en autos no exista constancia de que se haya dado vista a las partes con el informe justificado, de ninguna manera implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, si la autoridad responsable lo rindió antes de la celebración de la audiencia de ley, y si las partes tuvieron oportunidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe y en su caso impugnarlo, habida cuenta de que promovieron después de haber sido rendido." Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Además cabe precisar que las órdenes de aprehensión y comparecencia, son instrumentos públicos que emanan de una causa penal, y la prueba idónea de su existencia serían los propios documentos, mismos que no podrían ser aportados por el quejoso, ante la negativa expresa de las autoridades responsables referentes a la existencia de los mandamientos de molestia combatidos, ni siquiera las copias de la causa penal serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, va encaminada, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado los mandamientos de molestia reclamados, en el supuesto de que existiera una causa penal que involucre al quejoso, las mismas, no podrían estimarse conducentes para desvirtuar las negativas, dado que la causa penal no constituye el acto reclamado, y al valorarlas el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente toda causa penal desemboca en el dictado de las órdenes de aprehensión y comparecencia de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. Apoya lo expuesto por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número 7, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 58, Octava Época, Materia Penal, Octubre de 1992, Octava Época, visible en la página trece, de texto y rubro siguientes: "COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA LA PRUEBA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN, CUANDO LA EXISTENCIA DE ESTA HA SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando el Agente del Ministerio Público en su función de investigador niega la existencia de la orden de detención que le atribuye el promovente del juicio de amparo, la copia que se le solicite de la averiguación previa resulta inconducente para la prueba de ese acto reclamado en el juicio de amparo, dado que, aun cuando tal averiguación hubiere iniciado, su contenido en todo caso serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le hubiere violado alguna garantía constitucional en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de la orden de detención cuya existencia negó la responsable, puesto que al no derivar necesariamente la averiguación previa en el dictado de dicha orden, ni siquiera podría establecerse a través de la documental respectiva una presunción de certeza del acto reclamado." En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les imputa la violación constitucional.Visto el estado procesal de autos, así como el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Marco Antonio Rodríguez Cortés consistentes en: 1. La orden de aprehensión y/o reaprehensión 2. La orden de comparecencia 3. Su ejecución. Son inexistentes, por tanto, el suscrito estima que procede decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. A efecto de corroborar el aserto que precede, cabe precisar que los Jueces Primero al Sexagésimo Noveno Penales de la Ciudad de México y el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en ausencia del Procurador General de Justicia de esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En estas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia número 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, de epígrafe y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo para el sentido de la determinación que antecede, la circunstancia que se encuentre transcurriendo la vista dada a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las potestades responsables; habida cuenta que al haber negado los actos imputados, el desahogo de la vista concedida con tales documentales, no cambiaría el sentido de la sentencia, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio jurisprudencial ciento cuatro, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, página 622, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES. La circunstancia de que en autos no exista constancia de que se haya dado vista a las partes con el informe justificado, de ninguna manera implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, si la autoridad responsable lo rindió antes de la celebración de la audiencia de ley, y si las partes tuvieron oportunidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe y en su caso impugnarlo, habida cuenta de que promovieron después de haber sido rendido." Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Además cabe precisar que las órdenes de aprehensión y comparecencia, son instrumentos públicos que emanan de una causa penal, y la prueba idónea de su existencia serían los propios documentos, mismos que no podrían ser aportados por el quejoso, ante la negativa expresa de las autoridades responsables referentes a la existencia de los mandamientos de molestia combatidos, ni siquiera las copias de la causa penal serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, va encaminada, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado los mandamientos de molestia reclamados, en el supuesto de que existiera una causa penal que involucre al quejoso, las mismas, no podrían estimarse conducentes para desvirtuar las negativas, dado que la causa penal no constituye el acto reclamado, y al valorarlas el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente toda causa penal desemboca en el dictado de las órdenes de aprehensión y comparecencia de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. Apoya lo expuesto por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número 7, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 58, Octava Época, Materia Penal, Octubre de 1992, Octava Época, visible en la página trece, de texto y rubro siguientes: "COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA LA PRUEBA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN, CUANDO LA EXISTENCIA DE ESTA HA SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando el Agente del Ministerio Público en su función de investigador niega la existencia de la orden de detención que le atribuye el promovente del juicio de amparo, la copia que se le solicite de la averiguación previa resulta inconducente para la prueba de ese acto reclamado en el juicio de amparo, dado que, aun cuando tal averiguación hubiere iniciado, su contenido en todo caso serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le hubiere violado alguna garantía constitucional en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de la orden de detención cuya existencia negó la responsable, puesto que al no derivar necesariamente la averiguación previa en el dictado de dicha orden, ni siquiera podría establecerse a través de la documental respectiva una presunción de certeza del acto reclamado." En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les imputa la violación constitucional. Cobra aplicación por identidad jurídica sustancial la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIX, Quinta Época, Materia Penal, página 737, de texto y rubro siguientes: "FALSEDAD EN INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable, en su informe niega la existencia del acto reclamado y se comprueba aquella, incurre en el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 247 del Código Penal; sin que obste en contrario, la alegación de que no se demostró que la negativa hubiera sido de manera dolosa, puesto que el artículo 9o. del citado código, determine que la intención dolosa se presume, salvo prueba en contrario". Bajo ese panorama, se reitera, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto a las órdenes de aprehensión, comparecencia; así como su ejecución.En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del quince de junio de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar."

  4. Incidental

    MESA I. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 486/2016-I-A, promovido por Marco Antonio Rodríguez Cortés; y, ...En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Marco Antonio Rodríguez Cortés, la suspensión definitiva que solicitó de los actos y autoridades precisados en el Considerando Tercero de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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