Marco Antonio Recendez Guerrero
Expediente 193/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio Recendez Guerrero
- José Carlos Hernández Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del veintiséis al veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de veintiuno de noviembre del año en curso (foja 344), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 201 a 231), éste órgano jurisdiccional, dictó sentencia en el presente asunto, en la que por un lado se sobreseyó el juicio de amparo, por otro se negó el amparo a los quejosos Marco Antonio Recendez Guerrero, Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez y por último se concedió Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; luego, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, ante el Tribunal Colegiado de Vigésimo tercer Circuito, por el cual éste modificó la resolución recurrida y concedió a los quejosos el amparo, respecto de la negativa decretada por este juzgado; por lo que, el cumplimiento de la protección constitucional versa sobre los puntos siguientes: Sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. "En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de los quejosos Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) El Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; sean desincorporados de la esfera jurídica de los quejosos Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez, tanto en el presente como en el futuro, por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentren vigentes en los términos analizados. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez respecto del impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales V98197 (74 2) , V 28189 (74 1) y V 28188 (74 1) por los mencionados quejosos, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos.". Sentencia del Tribunal Revisor : "Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver al quejoso Marco Antonio Recendez Guerrero, la cantidad que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, devolución que deberá hacer previa actualización.". Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 295 a 297), se procedió a requerir a la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia. Por lo anterior, mediante oficio PF/3546/2019 suscrito por la referida autoridad y recibido por este juzgado el diecinueve de noviembre de la presente anualidad, comunicó que entregó dos cheques a cada uno de los quejosos según la siguiente relación: QUEJOSO NO. DE CHEQUE MONTO Marco Antonio Recendez Guerrero (fojas 332 y 333) 0001665 $18,743.30 0001671 $11, 851.12 Luis Octavio Quiñonez Herrera (fojas 330 y 331) 0001673 $2,333.70 0001668 $3,119.53 José Carlos Hernández Martínez (fojas 334 y 335) 0001672 $3, 231.61 0001674 $2, 726.93 Así mismo, informa que se abstendrá de aplicar a los promoventes del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo. Ahora, se advierte, según recibos exhibidos por los quejosos, que erogaron respectivamente por los conceptos declarados inconstitucionales, las cantidades siguientes: Luis Octavio Quiñonez Herrera erogó según recibo fiscal V 98197 (74 2), la cantidad de dos mil trescientos treinta y ocho pesos cero centavos moneda nacional ($2,338.00/100 M.N), según se esquematiza a continuación: CONCEPTO ESTIMULO TOTALES DERECHO CONTROL VEHICULAR 2018 $2,350.00 -$705.00 $1,645.00 IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA $705.00 -$176.00 $529.00 ADICIONAL UAZ $164.00 $164.00 TOTAL $2,338.00 José Carlos Hernandez Martínez erogó según recibos fiscales V 28189 (74 1) y V 28188 (74 1), la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional ($2,658.00/100 M.N), según se esquematiza a continuación: RECIBO CONTROL VEHICULAR ESTIMULO TOTAL CONCEPTO INFRAESTRUCTURA ESTIMULO TOTAL CONCEPTO UAZ TOTAL V 28189 (74 1) $2,350.00 $1,528.00 $822.00 $705.00 $282.00 $423.00 $84.00 $1,329.00 V 28188 (74 1) $2,350.00 $1,528.00 $822.00 $705.00 $282.00 $423.00 $84.00 $1,329.00 Total erogado $2,658.00 Marco Antonio Recendez Guerrero erogó según recibos fiscales 40810, 40867, 40909, 40968 y 41017, la cantidad de once mil quinientos cuarenta y cinco pesos cero centavos moneda nacional $11, 545.00M.N), según se esquematiza a continuación: RECIBO CONTROL VEHICULAR ESTIMULO TOTAL CONCEPTO INFRAESTRUCTURA ESTIMULO TOTAL CONCEPTO UAZ TOTAL 40810 $2,350.00 $117.00 $2,233.00 $705.00 ---- $705.00 $220.00 $3,158.00 40867 $2,350.00 $235.00 $2,115.00 $705.00 $70.00 $635.00 $206.00 $2,956.00 40909 $2,350.00 $1,175.00 $1,175.00 $705.00 $247.00 $458.00 $122.00 $1,755.00 40968 $2,350.00 $705.00 $1,645.00 $705.00 $176.00 $529.00 $163.00 $2,337.00 41017 $2,350.00 $1,527.00 $823.00 $705.00 $282.00 $423.00 $93.00 $1,339.00 Total erogado $11, 545.00 Virtud a ello, el secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de las pólizas de los cheques 0001665, 0001671, 0001673, 0001668, 0001672 y 0001674, con fecha de devolución de trece, catorce y quince de noviembre de la presente anualidad, según se esquematiza a continuación: QUEJOSO NO. DE CHEQUE MONTO Marco Antonio Recendez Guerrero (fojas 332 y 333) 0001665 $18,743.30 0001671 $11, 851.12 Luis Octavio Quiñonez Herrera (fojas 330 y 331) 0001673 $2,333.70 0001668 $3,119.53 José Carlos Hernández Martínez (fojas 334 y 335) 0001672 $3, 231.61 0001674 $2, 726.93 Cantidades estas, la que manifiesta la autoridad contempla las contribuciones erogadas por los solicitantes del amparo respecto del Derecho de Control vehicular, impuestos adicional para la infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que incluye la actualización fiscal correspondiente. Con lo anterior, mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (foja 344), se dio vista a la parte quejosa, sin que hicieran manifestación alguna. En ese sentido, de lo anteriormente expuesto se desprende que se devolvió lo erogado, con la actualización fiscal correspondiente, además de haber manifestado la responsable que se abstendrá de aplicar los preceptos declarados inconstitucionales. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditarlo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. ABL
- Principal
El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez con la promoción registrada con número de folio 16433 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo y solicita una prórroga para cumplir con la sentencia. En tal virtud, como lo solicita, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le concede por única ocasión una prórroga de diez días hábiles, legalmente computados, para que remita a este Tribunal Federal las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, haciéndole saber que queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, para el caso de incumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL
- Principal
El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión; Que no existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 15772. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 922/2018, así como los autos del juicio de amparo 193/2018. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó en materia de la revisión la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 200 a 231), pronunciada por este órgano jurisdiccional. Ahora, de la ejecutoria de mérito se desprende que la sentencia del Tribunal Revisor fue en el sentido de modificar la sentencia recurrida, en razón de que quedó firme el sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo por inexistencia del acto atribuido al secretario de Finanzas del estado de Zacatecas, consistente en el refrendo de los Decretos 272 y 273; de los artículos 1, numeral 4.4, 2 y 3 de la Ley de Ingresos para el estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018; así como el sobreseimiento decretado únicamente respecto del quejoso Marco Antonio Recendez Guerrero, por los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas y la concesión del amparo a favor de Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez, relativo a los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, en que se contienen los impuestos adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas; y, artículo 1, numerales 1.8, 1.8.1, 1.8.2 de la Ley de Ingresos para el estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018; por tanto, para efectos estadísticos, regístrese la aludida modificación por los razonamientos expuestos. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, dé cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. "En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de los quejosos Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) El Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; sean desincorporados de la esfera jurídica de los quejosos Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez, tanto en el presente como en el futuro, por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentren vigentes en los términos analizados. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por Luis Octavio Quiñones Herrera y José Carlos Hernández Martínez respecto del impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales V98197 (74 2) , V 28189 (74 1) y V 28188 (74 1) por los mencionados quejosos, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos.". Sentencia del Tribunal Revisor : "Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver al quejoso Marco Antonio Recendez Guerrero, la cantidad que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, devolución que deberá hacer previa actualización.". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambas del estado, con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por último, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por los quejosos; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición de los quejosos dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recojan, apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, podrá ser destruido junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a los quejosos. Así lo acordó y firma Jesús Romero Hernández, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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