Marco Antonio Pérez Pérez
Expediente 1677/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1677/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de octubre al doce de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1677/2018. Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veintitrés de octubre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; Así mismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. cindy*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo 1677/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. En seguida, se da cuenta con cuatro pedimentos con folios 21478, 21479, 21480 y 21481, signados por la agente del Ministerio Público de la Federación; a lo cual, el juez determina relacionarlos en la etapa procesal correspondiente. Acto continuo, el secretario hace constar que las autoridades responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas y agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Fiscalía General de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, no rindieron su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos, no obstante que quedaron notificadas de los oficios 33408/2018 y 33411/2018 mediante los cuales se les solicitó. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, Fiscal General de Justicia del estado, agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa y director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado, todas con residencia en esta ciudad (fojas 34, 32, 19 y 21), el informe relativo a la suspensión de plano que rindieron las autoridades mencionadas en segundo y tercero orden (fojas 28-29 y 16); y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendido el informe justificado y el relativo a la suspensión de plano de las responsables que así lo hicieron. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta con las documentales que remitió el director general de la Policía Ministerial y el agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado; así como con los discos compactos que allegó el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, todos con residencia en esta ciudad (fojas 17,18, 22-27 y 36). A lo cual, el Juez determina: Con fundamento en el artículo 119 de la ley en cita, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las referidas pruebas. Se declara cerrado el periodo de pruebas y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley en cita, se da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación, en sus pedimentos 1873/2018, 1874/2018, 1875/2018 y 1876/2018 (fojas 38-41). Por otra parte, como lo solicita la citada fiscal federal en sus pedimentos, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1677/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Marco Antonio Pérez Pérez y Rafael Ceja Encarnación, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades: juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado Fiscal General de Justicia del estado agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado Todas con residencia en esta ciudad Acto: La orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante auto de veinte de septiembre del año en curso se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado y el relativo a la suspensión de plano decretada en autos, a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por actos reclamados a las autoridades que residen en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. La fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". A su vez, tiene sustento la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al rendir su informe justificado las autoridades responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, Fiscal General de Justicia del estado, agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa y director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado, todas con residencia en esta ciudad, negaron el acto que se les reclama, consistentes en la orden de aprehensión contra los quejosos y su ejecución, sin que los mismos desvirtuaran tales negativas, en razón de que no ofrecieron algún medio de convicción que acreditara lo contrario. Lo que se corrobora con lo expuesto por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por los promoventes, debido a que no ha girado orden de aprehensión o comparecencia en contra de los mismos. Asimismo, que el veintiuno de septiembre del año en curso, recibió solicitud de audiencia a fin de llevar a cabo el control de detención de los quejosos, dando lugar a la causa penal 972/2018, audiencia que tuvo verificativo a las catorce horas con veinticinco minutos de la misma fecha; en donde se le controló de legal la detención de los reiterados promoventes, se les formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, previsto en los artículos 317, 319, 320 fracción IV, 321, fracciones VIII Y IX, en relación con el 5°, 6° fracción 1, 7° Fracción 1 y 11 fracción II, todos del código Punitivo en el estado, se le respetó su derecho a declarar; se les dieron a conocer los antecedentes de investigación y se acogieron al plazo constitucional. Luego, en la continuación de la audiencia inicial, que se celebró a las diez horas con veinte minutos del veintitrés del mes y año antes citados, la defensa de los imputados (previo debate de la vinculación a proceso); propuso un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; en donde se pagó a la víctima la totalidad de la reparación del daño; y por tanto: se decretó la extinción de la acción penal y se emitió el sobreseimiento. Bajo la aclaración que las partes renunciaron al derecho y término para interponer el recurso de apelación; por tanto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por último, resulta innecesario esperar los informes faltantes relativos a la suspensión de plano decretada en autos, dado que como lo manifiestan las autoridades responsables, no existen los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marco Antonio Pérez Pérez y Rafael Ceja Encarnación, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos indicados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 37188, 37189, 37190 y 37191
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo 1677/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. En seguida, se da cuenta con cuatro pedimentos con folios 21478, 21479, 21480 y 21481, signados por la agente del Ministerio Público de la Federación; a lo cual, el juez determina relacionarlos en la etapa procesal correspondiente. Acto continuo, el secretario hace constar que las autoridades responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas y agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Fiscalía General de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, no rindieron su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos, no obstante que quedaron notificadas de los oficios 33408/2018 y 33411/2018 mediante los cuales se les solicitó. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, Fiscal General de Justicia del estado, agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa y director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado, todas con residencia en esta ciudad (fojas 34, 32, 19 y 21), el informe relativo a la suspensión de plano que rindieron las autoridades mencionadas en segundo y tercero orden (fojas 28-29 y 16); y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendido el informe justificado y el relativo a la suspensión de plano de las responsables que así lo hicieron. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta con las documentales que remitió el director general de la Policía Ministerial y el agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado; así como con los discos compactos que allegó el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, todos con residencia en esta ciudad (fojas 17,18, 22-27 y 36). A lo cual, el Juez determina: Con fundamento en el artículo 119 de la ley en cita, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las referidas pruebas. Se declara cerrado el periodo de pruebas y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley en cita, se da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación, en sus pedimentos 1873/2018, 1874/2018, 1875/2018 y 1876/2018 (fojas 38-41). Por otra parte, como lo solicita la citada fiscal federal en sus pedimentos, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1677/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Marco Antonio Pérez Pérez y Rafael Ceja Encarnación, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades: juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado Fiscal General de Justicia del estado agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado Todas con residencia en esta ciudad Actos reclamados: La orden de aprehensión y su ejecución La retención por parte de los elementos de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante auto de veinte de septiembre del año en curso se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado y el relativo a la suspensión de plano decretada en autos, a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por actos reclamados a las autoridades que residen en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: La orden de aprehensión y su ejecución. La retención por parte de los elementos de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. La fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". A su vez, tiene sustento la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al rendir su informe justificado las autoridades responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del estado, Fiscal General de Justicia del estado, agente del Ministerio Público Especial Para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa y director general de la Policía Ministerial, ambas de la Fiscalía General de Justicia del estado, todas con residencia en esta ciudad, negaron el acto que se les reclama, consistentes en la orden de aprehensión contra los quejosos y su ejecución, sin que los mismos desvirtuaran tales negativas, en razón de que no ofrecieron algún medio de convicción que acreditara lo contrario. Lo que se corrobora con lo expuesto por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por los promoventes, debido a que no ha girado orden de aprehensión o comparecencia en contra de los mismos. Por tanto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la retención que atribuye a los elementos de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas, tal y como quedó precisado con anterioridad el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, hizo del conocimiento de este Juzgado que en la continuación de la audiencia inicial, que se celebró a las diez horas con veinte minutos del veintitrés del mes y año antes citados, la defensa de los imputados (previo debate de la vinculación a proceso); propuso un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; en donde se pagó a la víctima la totalidad de la reparación del daño; y por tanto: se decretó la extinción de la acción penal y se emitió el sobreseimiento, bajo la aclaración que las partes renunciaron al derecho y término para interponer el recurso de apelación. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, los quejosos reclamaron la retención de que fueron objeto de parte de los elementos de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas. Sin embargo, la autoridad responsable el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, informó que el veintiuno de septiembre del año en curso, recibió solicitud de audiencia a fin de llevar a cabo el control de detención de los quejosos, dando lugar a la causa penal 972/2018, audiencia que tuvo verificativo a las catorce horas con veinticinco minutos de la misma fecha; en donde se le controló de legal la detención de los quejosos, se les formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, previsto en los artículos 317, 319, 320 fracción IV, 321, fracciones VIII y IX, en relación con el 5°, 6° fracción 1, 7° Fracción 1 y 11 fracción II, todos del código punitivo en el estado, se le respetó su derecho a declarar; se les dieron a conocer los antecedentes de investigación y se acogieron al plazo constitucional. Luego, en la continuación de la audiencia inicial, que se celebró a las diez horas con veinte minutos del veintitrés del mes y año antes citados, la defensa de los imputados (previo debate de la vinculación a proceso); propuso un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; en donde se pagó a la víctima la totalidad de la reparación del daño; y por tanto: se decretó la extinción de la acción penal y se emitió el sobreseimiento, bajo la aclaración que las partes renunciaron al derecho y término para interponer el recurso de apelación; Por tanto, al haberse decretado la extinción de la acción penal y con ello el sobreseimiento de la causa, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento penal. De ahí que, la posible afectación causada a los quejosos ha desaparecido como si se les hubiera concedido a éstos el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por último, resulta innecesario esperar los informes faltantes relativos a la suspensión de plano decretada en autos, dada la improcedencia del presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marco Antonio Pérez Pérez y Rafael Ceja Encarnación, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos indicados en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El tres de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 20066. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; acúsese recibo. Agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria; por tanto a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se acuerda: Requiérase al secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, remita las constancias pertinentes o cualquier otro medio que justifique que el quejoso realizó el pago del impuesto adicional para la infraestructura en el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Se apercibe a la mencionada autoridad que de hacer caso omiso al presente requerimiento, este órgano jurisdiccional resolverá el presente juicio únicamente con las constancias que obran en el expediente. Por último se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional celebrada, así como la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Marco Antonio Madrid Villa1045/2021
- Marco Antonio Martínez Aguilera1101/2016
- Marco Antonio Mdina Robles211/2020
- Marco Antonio Olvera Fraga1223/2018
- Marco Antonio Olvera Fraga1940/2018
- Marco Antonio Olvera Fraga246/2016
- Marco Antonio Ramírez Lozano942/2017
- Marco Antonio Recendez Guerrero193/2018
- Marco Antonio Regis ZùÑiga524/2020
- Marco Antonio Ruelas Zavala910/2021
- Marco Antonio Ruelas Zavala1657/2018
- Marco Antonio Ruelas Zavala1179/2014