Marco Antonio Pérez Dzul

Expediente 604/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
604/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Pérez Dzul

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a los presentes autos, el informe justificado rendido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; documental a la que se le confiere valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última. Sin que sea el caso ponerlo a la vista de las demás partes, toda vez que, este juzgador, de oficio, advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es la inexistencia del acto reclamado, por los motivos que a continuación se exponen. 1. Mediante escrito de demanda presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, Marco Antonio Pérez Dzul, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: La dilación de dictar acuerdo desde el quince de enero del año en curso, en el expediente 09/2019, relativo al juicio ordinario de pérdida de patria potestad. 2. Por auto de ocho de mayo del año en curso, se admitió a trámite la misma; se solicitó a la responsable su informe con justificación, quien, como se ve de la cuenta que antecede, lo rindió. La referida autoridad remitió en apoyo a su informe de ley copia certificada de las constancias conducentes relativas al juicio ordinario oral familiar de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad y pensión alimenticia 9/2019, de las que se advierte que el Juez responsable mediante acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, dio contestación al escrito inicial de demanda, dentro del expediente 9/2019, radicándolo y requiriendo al promovente, aquí quejoso, para que cumpliera con las prevenciones establecidas en dicho auto (foja 30). Posteriormente, en proveído de quince de febrero siguiente, admitió formalmente a trámite el juicio ordinario oral familiar de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad y pensión alimenticia 9/2019, el cual le fue notificado al aquí promovente el veintiuno de febrero último (fojas 32 y 33); e inclusive obra el diverso acuerdo de dos de los corrientes (fojas 68 y 69), en el que, entre otras cosas, señaló fecha y hora para la audiencia correspondiente, el cual fue notificado a la parte actora y aquí quejosa, el quince de mayo actual (foja 70); documentales a las cuales ya se les otorgó valor probatorio pleno y de las que se advierte que la responsable desde el dieciocho de enero de la presente anualidad, a la fecha, ha estado actuando en el referido juicio de origen. El invocado artículo 63, fracción IV, primer párrafo de la Ley en comento prevé que cuando quede claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procede el sobreseimiento del juicio. Ahora bien, en el caso particular se está en el supuesto de ley invocado, ya que, de lo antes plasmado, ha quedado demostrado en autos la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en la dilación de dictar acuerdo desde el quince de enero del año en curso, en el expediente 09/2019, relativo al juicio ordinario de pérdida de patria potestad. Apoya lo anterior, la tesis XIII.1o.P.T.27 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, Décima Época, publicada el viernes 03 de mayo de 2019, a las 10:08 horas, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019803, en los siguientes términos: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Igualmente, la tesis I.16o.T.7 K, sustentada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada el viernes 25 de enero de 2019, a las 10:26 horas, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019142, en los siguientes términos: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En efecto, el acto de omisión reclamado no existe, pues desde el dieciocho de enero de del año en curso, se había estado actuando dentro del controvertido de origen. Por tanto, si antes de la presentación de la demanda de amparo que lo fue el siete de mayo actual, la responsable se encontraba dando impulso al juicio instaurado por el quejoso; es inconcuso que no existe el acto reclamado y en vía de consecuencia, se impone sobreseer el juicio de amparo en que se actúa fuera de audiencia constitucional. Sin que pase desapercibido para el que aquí decide, el hecho de que no ponga a la vista de las partes el aludido informe rendido por la autoridad responsable, ya que a nada práctico conduciría, pues no se acreditaría la existencia del acto que reclama la parte quejosa de la citada autoridad, toda vez que a la presentación de la demanda de amparo, como ya se dijo, no existía el acto de omisión reclamado. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las diez horas con diez minutos del diez de junio del presente año. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, se tiene a Marco Antonio Pérez Dzul, solicitando el amparo y protección contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La dilación de dictar acuerdo en el expediente 09/2019, relativo al juicio ordinario de pérdida de patria potestad. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese con el número 604/2019-VI-A, en el Libro de Gobierno correspondiente. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Por otro lado, toda vez que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Emily Georgina Hermosillo Fuentes; en consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio aportado en el escrito de demanda, a efecto de que la emplace a este juicio; entregándole copia autorizada del acuerdo que se notifica, de la demanda de amparo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio si así le conviniere. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la misma ley. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los demás que relaciona, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos por así haberlo solicitado expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la tercero interesada, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y regístrese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, se tiene a Marco Antonio Pérez Dzul, solicitando el amparo y protección contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La dilación de dictar acuerdo en el expediente 09/2019, relativo al juicio ordinario de pérdida de patria potestad. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese con el número 604/2019-VI-A, en el Libro de Gobierno correspondiente. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Por otro lado, toda vez que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Emily Georgina Hermosillo Fuentes; en consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio aportado en el escrito de demanda, a efecto de que la emplace a este juicio; entregándole copia autorizada del acuerdo que se notifica, de la demanda de amparo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio si así le conviniere. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la misma ley. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los demás que relaciona, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos por así haberlo solicitado expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la tercero interesada, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y regístrese.

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