Marco Antonio Marrufo Borges
Expediente 1859/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1859/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Marrufo Borges
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y la certificación efectuada por la Secretaría de este Juzgado en la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días otorgado para tal fin. En consecuencia, se acuerda: llevando adelante el apercibimiento contenido en el referido auto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo relativa a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el escrito de cuenta, por medio del cual Juan Antonio Herrera Aussin, quien se ostenta apoderado de Marco Antonio Marrufo Borges, en el que, con relación a la prevención realizada en auto de ocho de agosto de este año, manifiesta que el documento original solicitado se encuentra ante la autoridad responsable, el cual exhibió mediante memorial presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, siendo que por auto de cuatro de febrero del año en curso, se dio cuenta con ello, y se tuvo por reconocida dicha personalidad, por lo que exhibe copia simple del memorial y proveído de referencia. Al respecto, dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad a lo instado, en virtud de que de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 114 de la Ley de Amparo, la acreditación de la personalidad es un requisito indispensable para la admisión de su demanda. Por lo que el promovente se encuentra obligado a exhibir el documento idóneo con el que acredite su personalidad en este juicio, desde el momento en el que presentó su demanda de amparo. Siendo que los documentos que exhibe con su escrito de cuenta, no son idóneos para acreditar tal extremo, por ser copias simples. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 373, del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES ILEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuando para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." La cual es de observancia obligatoria para el suscrito, por tratarse de una jurisprudencia. De igual manera sirve de apoyo para arribar a tal determinación, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, con número de registro en Ius Intranet 167431, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Consecuentemente, es dable concluir que aún no se tiene por cumplida la prevención de mérito. Por tanto, se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto precluya el término otorgado en autos para el cumplimiento del requerimiento de referencia, en el entendido que la presentación del escrito de cuenta interrumpió el mismo, por lo cual continuará su cómputo a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo. Sin que sea el caso hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos en cuanto a ese punto concierne, toda vez que como se refirió en el párrafo que antecede, aún se encuentra transcurriendo el término que se le concedió al ocursante para que cumpliera debidamente con la prevención de que se trata. Ello en atención a que el plazo en comento se suspendió con motivo de su aclaratorio, recibido el doce de agosto de esta anualidad, y si la notificación del auto de ocho del presente mes, se le hizo el nueve siguiente, mediaron dos días hábiles del plazo de cinco que le fue concedido, por lo que quedan tres días hábiles para cumplir con dicha prevención. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de dos mil trece, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Así como la tesis III.2°.A.38.K sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 178830, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en l jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 4935, de cuatro de agosto del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca de queja ********************, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós dictado en este juicio. Notifíquese y cúmplase.
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