Marco Antonio Muñoz Martínez
Expediente 676/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Marco Antonio Muñoz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que se inconformaran en contra de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por último, con fundamento en los artículos 12, 14, y 17 fracción I, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos; de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, sin que hubieran hecho manifestación alguna. En esas condiciones, en cumplimiento al proveído de veintisiete siguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Presidente de este Tribunal Colegiado procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que concedió el amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.129/2007, visible en la página 619, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS Y MEDIOS PROCESALES PARA LOGRAR SU PLENO ACATAMIENTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 39/2005, de rubro: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE NATURALEZA JUDICIAL O JURISDICCIONAL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD., toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta que se emita una nueva resolución para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo. De esta forma, el contenido de la nueva resolución podrá sujetarse con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, o apartarse de ello, lo cual podría dar lugar a un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, a la repetición del acto reclamado, en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no así a la inejecución del fallo protector de garantías. También es factible que, en el caso de un amparo para efectos, se emita una resolución con libertad de jurisdicción, lo que podría dar lugar a otro amparo que combatiera las nuevas consideraciones.". Por lo anterior, cabe mencionar, que el trece de abril de dos mil veintitrés, este órgano pluripersonal de control del orden jurídico constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Marco Antonio Muñoz Martínez, a través de su apoderado, Luis Abel Hernández Rodríguez, para los efectos de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado; 2. Emita otro en el que reitere lo que no es motivo de la concesión; 3. Respecto de la condena de indemnización constitucional, subsane la incongruencia advertida, en el entendido de que las consideraciones rigen sobre los puntos resolutivos; y, 4. Hecho lo cual determine lo que en derecho proceda.". Luego, en respuesta al requerimiento de cumplimiento, la Junta responsable remitió el oficio JLCA/625/AMP/2023, de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, al que acompañó copia certificada del laudo de veintiocho del mismo mes y año, en el cual: 1. Dejó insubsistente el laudo reclamado; 2. Reiteró lo que no fue motivo de la concesión; 3. Respecto de la condena de indemnización constitucional, subsanó la incongruencia advertida, observando lo ordenado en la ejecutoria de amparo, en el entendido de que las consideraciones rigen sobre los puntos resolutivos, por lo que, condenó al pago de $10,285.20 (diez mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/100) por concepto de indemnización constitucional (fojas 79 y 80 vuelta). En esa condición, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que se practique la notificación encomendada en el juicio de mérito. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, archívese el presente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este tribunal federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 196, cuarto párrafo y 214 del ordenamiento legal antes citado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de dos de mayo del año en curso, transcurrió del ocho al diecinueve del mismo mes; en consecuencia, resérvese acordar lo que corresponda. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIÓ: "ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.
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