Marco Antonio López Sánchez
Expediente 986/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Marco Antonio López Sánchez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE , EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: ... Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de octubre de dos mil quince. Visto el oficio del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 6113/2015, al que acompaña el cuaderno de amparo que contiene el escrito de presentación, así como la demanda de amparo promovida por Marco Antonio López Sánchez,, el acuerdo de uno de octubre de la presente anualidad y la constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada; asimismo, remite el oficio 1773/2015 con el que se rinde informe justificado y cinco copias de la demanda; además, remite el juicio ejecutivo mercantil 1127/2014; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. La autoridad responsable. La C. Juez Segundo "de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, del H. "Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo (.). - - - IV. "Acto reclamado: La sentencia interlocutoria que resolvió la "excepción de falta de personalidad, dictada con fecha 01 de "septiembre del año 2015 (.)." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que la parte ahora tercero interesada, demandó al ahora quejoso en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones, radicándose el nueve de diciembre de dos mil catorce, ante el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, como juicio ejecutivo mercantil 1127/2014. Luego, al contestar la demanda Marco Antonio López Sánchez, interpuso como excepción la de falta de personalidad y legitimación de la parte actora, acordándose el trámite respectivo el veinticuatro de junio del año en curso. Seguido el juicio por sus trámites legales, el uno de septiembre de dos mil quince, se dictó la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado, relativa a la excepción procesal de falta de personalidad planteada por el ahora quejoso Marco Antonio López Sánchez, en el sentido de declararla improcedente. Inconforme con dicha resolución, Marco Antonio López Sánchez, por propio derecho, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin "al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del "trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el "procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del "fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el "juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin "decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias "absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser "impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por "el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los "recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los "cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser "modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los "recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de "normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos "sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse "valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la "demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el "órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio "dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean "favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de "violación en contra de las normas generales aplicadas. "En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad "interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso "administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero "lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el "caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio "de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De lo anterior expuesto, se colige que como el acto reclamado en la especie consiste en la sentencia interlocutoria que resolvió sobre la excepción de falta de personalidad planteada por el ahora quejoso en contra del actor principal y declararla improcedente; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva, por lo que entonces, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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