Marco Antonio Miramón Vilchis

Expediente 1822/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1822/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Miramón Vilchis

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I DESISTIMIENTO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado electrónicamente por el quejoso********************, por medio del cual manifiesta desistirse del presente juicio de amparo. RATIFICACIÓN DE DESISTIMIENTO. Ahora, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover juicio de amparo puede también válidamente desistir de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa del agraviado para que el órgano jurisdiccional ejerza su voluntad para que produzca todos sus efectos legales, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial, lo anterior con la finalidad de no dejar duda o incertidumbre de que efectivamente es la voluntad de la parte quejosa la vertida en el escrito de desistimiento. En consecuencia, con apoyo en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que ratifique mediante el uso de su firma electrónica el escrito de desistimiento, o en su defecto, con apoyo en el artículo 297 fracción II del código citado, comparezca personalmente para tal efecto ante este órgano jurisdiccional, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite del juicio. Sobre el particular, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, visible en la página 1533 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Registro digital: 2023937, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Y por razón de contenido la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 119/2006, de la 2ª Sala referida, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2006, del Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución incidental de liquidación de laudo emitida por la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de seis de enero de dos mil veintitrés, en los autos del expediente laboral ** de su índice estadístico." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la autoridad y por el acto reclamado, precisados en los considerandos cuarto y quinto, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando noveno de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a a, en contra de la autoridad y por el acto reclamado, precisados en los considerandos cuarto y quinto, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución." El dieciocho de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se solicitó se cumpliera en los términos siguientes: "En mérito de lo anterior, toda vez que la resolución reclamada transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, en los aspectos concretos destacados en esta resolución, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados por **, para el efecto de que la Junta Especial Número 29 de la Ley Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo a las consideraciones de la presente resolución, con plenitud de jurisdicción, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria dictada el seis de enero de dos mil veintitrés; y, b) En su lugar, emita una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en la que de manera congruente con el laudo dictado el dos de agosto de dos mil diecinueve, resuelva el incidente de liquidación planteado por * Se pronuncie con relación a la cuantificación de las condenas a partir de la fecha en que se presentó la demanda laboral, esto es, del nueve de diciembre de dos mil trece. Considere en la condena a realizarse, el contenido del artículo 4º, tabla C (pensión por riesgos de trabajo), del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos establecidos en el laudo. Hecho que sea lo anterior, cuantifique nuevamente las prestaciones motivo de condena y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." En ese orden de ideas, mediante oficios registrados con folios 12223, 15381 y 16607; el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el cual dejó sin efectos la resolución interlocutoria dictada el seis de enero de dos mil veintitrés, posteriormente de igual manera remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre del año que transcurre, relativa al incidente de liquidación planteado por la quejosa en la cual siguiendo los lineamientos establecidos por este órgano jurisdiccional se pronunció con relación a la cuantificación de las condenas a partir de la fecha en que se presentó la demanda laboral, esto es, del nueve de diciembre de dos mil trece, consideró en la condena el contenido del artículo 4º, tabla C (pensión por riesgos de trabajo), del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción cuantificó nuevamente las prestaciones motivo de condena. Lo precedente revela que la responsable acató la totalidad de los efectos de la sentencia amparadora como quedó narrado en el párrafo que antecede; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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