Marco Antonio Miramon Vilchis

Expediente 113/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
113/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Miramon Vilchis

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO Y ANOTACIONES. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda el presente asunto (artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    QUEJOSO ATIENDE REQUERIMIENTO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado por quejoso *, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada mediante auto de veintisiete de enero del año en curso. Así, del escrito que se provee se advierte que la parte promovente no atendió la totalidad de los requerimientos de que fue objeto en la prevención formulada; lo anterior es así, ya que el primer punto fue referente a precisar el acto que se reclama y, en el segundo, bajo protesta de decir verdad, indicara de manera clara, suscinta y cronológica, el capítulo de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama en este juicio de garantías. Sin embargo, en el ocurso que se atiende, no se advierte que el peticionario narre bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, tal y como le fue requerido. En ese orden, si el escrito aclaratorio con el que pretender dar cumplimiento a la prevención fue presentado en este juzgado el quince de febrero del año en curso, esto es, en el último día de los cinco que le fueron concedidos, pues como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, el plazo inició el nueve y feneció el quince de los cursantes; en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda, al haberse agotado el término con el que contaba la parte quejosa para atender la referida prevención. Por otra parte, con independencia de que el quejoso hubiese desahogado de forma total los requerimientos formulados en la prevención de que fue objeto, su demanda resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues atendiendo al escrito inicial de demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el acto que reclama el impetrante consiste esencialmente en: La omisión genérica de la autoridad responsable de ejecutar el laudo emien el expediente 795/2018. Se dice lo anterior, porque en el escrito aclaratorio el quejoso manifiesta que atribuye a la responsable el incumplimiento de laudo, al ser omisa genéricamente en emitir todas y cada una de las resoluciones tendentes a ejecutar el mismo, lo que se traduce en una omisión genérica. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Ahora bien, la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Esto porque como está planteada el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, durante la tramitación del juicio no se lograría desvirtuar dicha causal de improcedencia, por lo que nada de lo que se arguya o pruebe, podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado, que sustancialmente se hace consistir en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo. Para explicar lo anterior, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, distinguió entre dos tipos de omisiones que se atribuyen a los tribunales laborales dentro del procedimiento de ejecución de un laudo, a saber: Omisión genérica, entendida como aquella en la que la parte quejosa únicamente señala como acto reclamado que el Tribunal no ha llevado a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo. Omisión concreta, entendida como aquella en la que se señala como acto reclamado un acto omisivo específico que acontece dentro del procedimiento de ejecución. En cuanto al primer aspecto, el Máximo Tribunal del País sostuvo que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente improcedente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, ya que la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la responsable. Lo anterior se consideró así, al hacer una interpretación de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, en donde concluyó que si bien corresponde al Presidente de la Junta ejecutar el laudo, ello se puede dar de la manera siguiente: a) De oficio, en la que el mencionado funcionario dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo debe dictar las medidas que considere necesarias para su cumplimiento; y, b) Concluido ese plazo, el Presidente de la Junta despachará auto de ejecución, a petición de parte interesada. Por lo tanto, nuestro Alto Tribunal del País concluyó que lo anterior significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien, simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Asimismo, sostuvo que si bien las personas son titulares del derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cierto era que una vez transcurrido el plazo legal a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, se requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución. Así es, sostuvo que se requiere la intervención directa de la parte vencedora en diversas actuaciones en la fase ejecutiva, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como se advierte de la transcripción de la mencionada ejecutoria, que en la parte conducente establece: De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta a la sazón responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba." Como conclusión de lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, sostuvo que en estos casos debe considerarse inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable porque el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debería entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. En consecuencia, conforme al criterio que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado analógicamente, si dentro de un juicio de amparo se reclama una omisión genérica del tribunal de conciliación y arbitraje, debe considerarse jurídicamente improcedente conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del segundo supuesto, es decir, cuando se reclama un acto u omisión en concreto, cabe destacar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostuvo que en estos casos sí procede el análisis del acto reclamado, por lo que en el momento oportuno el estudio de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debería constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa. Igualmente, se señaló que tal concesión no podría abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Es decir, en caso de que se reclame una omisión concreta, sí es posible su análisis en el juicio de amparo indirecto, pero limitándose al estudio del acto reclamado. Razonamientos que se contienen en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 4, página 2771, diciembre de dos mil once, Décima época, del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Argumentos que resultan aplicables al caso en estudio, pues de conformidad con el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, es necesaria la intervención de la parte que obtuvo resolución favorable, en la prosecución del procedimiento de ejecución de laudo. En ese orden, en el caso que nos ocupa estamos en presencia del primer supuesto, ya que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable una omisión genérica para substanciar el juicio en sus términos, es decir, para dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo que, conforme a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, aplicada analógicamente debe considerarse jurídicamente improcedente al momento de la presentación de la demanda, pues su realización depende de la intervención de la parte actora para su prosecución, en razón de que no podría constreñirse al tribunal responsable, para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales la prosecución del juicio, ya que existen actos que depende completamente de la parte interesada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2019185, con el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Así como la Jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro III, Diciembre de 2011, tomo 4, página 2771, con registro 2000011, de rubro y texto: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor.Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 113/2023-VII. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Precise el acto en concreto que pretende reclamar a la autoridad responsable; pues en el apartado respectivo refiere lo siguiente: "Lo constituye la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de actuar oficiosamente para obtener la ejecución y/o cumplimiento del LAUDO por parte del obligado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ya que han transcurrido en exceso los quince días que estipula la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al caso concreto que nos ocupa, para que el SISTEMA DEMANDADO dé cumplimiento voluntario al LAUDO condenatorio que se le impuso." Sic. Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto que se reclama, específicamente en el inciso c), refiere que en doce de octubre de dos mil veintidós, el ahora quejoso, solicitó la ejecución del laudo, empero no alude la forma en que realizó tal petición, es decir, si fue de manera escrita y de ser así, si la responsable acordó tal solicitud o ha sido omisa. Así, deberá expresar con claridad si el acto que se pretende reclamar en la presente vía, se trata de la omisión genérica de la responsable de dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral ********************, o bien, la omisión de acordar respecto de la solicitud formulada el doce de octubre del año pasado, con la finalidad de ejecutar el laudo. Lo anterior, dado que no se puede analizar la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Cobra aplicación por las razones que expone jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 2000011, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Énfasis añadido. SEGUNDO. En términos de la fracción V del ordinal 108 de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá indicar de manera clara, sucinta y cronológica, el capítulo de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto que pretende reclamar. Lo anterior, ya que de dicho apartado del escrito que se atiende, no se logran advertir la totalidad de los antecedentes que originaron el acto que se pretender reclamar en el sumario en que se actúa; ya que del apartado de referencia únicamente obran tres incisos; aunado a que, en particular, respecto del tercero de ellos, no se vislumbra, la manera en que se solicitó la ejecución del laudo, en data doce de octubre de dos mil veintidós, pues, solamente refiere que se solicitó sin indicar la modalidad, por lo que en caso de que dicha solicitud hubiese sido de manera escrita, deberá indicar si cuenta con algún acuse de recibo, y la fecha del mismo, o bien, exhibirlo ante este Juzgado Federal, de la misma manera deberá precisar si tal petición ya fue acordada o a la fecha la responsable ha sido omisa. Así, la finalidad es que este Juzgado de Distrito se allegue de datos para apreciar con claridad el acto que por esta vía constitucional pretende controvertir, pues al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen al alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, registro 175345, página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza o por su apoderada, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." También se aplica, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Novena Época número 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIV, Julio de 2006 que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que, de no cumplir con lo requerido en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene por autorizados a los profesionistas que señala la quejosa en los términos que refiere, dada la naturaleza del presente asunto. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico señalados por la parte quejosa, no ha lugar a tenerlos como domicilio para oír y recibir notificaciones, pues no se encuentran previstos en la Ley de Amparo. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, y tal como lo peticiona la parte promovente, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. AGREGA SIN MAYOR PROVEÍDO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese al expediente electrónico y físico sin mayor proveído, el escrito promovido por el quejoso ********************, mediante el cual manifiesta que el acto reclamado lo constituye el incumplimiento del laudo. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que en el líbelo que se provee, se plasma firma de la persona promovente, también lo es que, la misma no es autógrafa o bien electrónica, por tanto, no se puede considerar que manifiesta su voluntad para promover. Por lo anterior, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, precisa lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.". Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 16, 45, 46 y 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que prevén: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente." Con independencia de lo anterior, aunque a través del ocurso de cuenta el quejoso expresa que el acto que pretende reclamar lo constituye "el incumplimiento del laudo", ello no es suficiente para subsanar los requerimientos formulados en la presente determinación, pues no se advierte con certeza el acto que en concreto reclama, esto es, cuál constituye la omisión por parte de la responsable que en particular se duele; motivo por el cual, el promovente deberá desahogar los requerimientos materia de prevención, en los términos indicados. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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