Marco Antonio Medellin Velez

Expediente 1432/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1432/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Medellin Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1432/2021, promovido por Marco Antonio Medellín Vélez contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante oficio 1647-3, de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró incompetente para conocer el juicio de amparo de su índice 813/2021, al existir conocimiento previo por parte de este órgano jurisdiccional de acto reclamado en el juicio de referencia, posteriormente, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se remitieron los autos relativos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, así, el mismo día, fueron turnados los autos de juicio de referencia a este juzgado federal, a través del cual MARCO ANTONIO MEDELLIN VELEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: COMITÉ TECNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. COMITÉ DICTAMINADOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CUERNAVACA, MORELOS. Acto reclamado: ".La omisión de las responsables de manera conjunta de responder a mi solicitud de Pensión por Jubilación, trámite que inicie mediante escrito de petición de fecha 07 de marzo de 2016, presentado el día16 de marzo de 2016." SEGUNDO. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1432/2021, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual solicitó el inicio de tramite de Pensión por Jubilación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo dicha negativa se desvirtúa con diversas constancias que acompañaron a sus informes justificados; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XI, establece lo sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causal solo puede aplicarse cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte XCIX, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Ahora bien, en primer término, debe decirse que la parte quejosa promovió un diverso juicio de amparo en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado que aquí combate, dentro de los autos del juicio de amparo 1543/2017, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efectos de que: "la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación en forma congruente a la petición realizada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y notificarlo.", resolución que causó ejecutoria el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Así, del análisis del juicio señalado en el párrafo que antecede, se aprecia lo siguiente: a) La existencia del juicio de amparo 1543/2017, el cual fue del conocimiento de este órgano jurisdiccional. b) Las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo fueron las siguientes: Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. Cuerpo Técnico de Tramitación de Pensiones del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. c) La Litis del acto reclamado en el juicio de amparo de referencia, fue que el promovente del amparo reclamaba de la autoridad responsable la falta de respuesta a la petición realizada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, respecto la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada. Luego, si el primero de esos juicios concluyó, es decir, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y dicho fallo quedó firme por falta de impugnación, es claro que se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como cosa juzgada, en tanto que previo al expediente en que se actúa, existe el diverso juicio de amparo 1543/2017, promovido por la parte quejosa Marco Antonio Medellín Vélez, respecto del mismo acto reclamado y las autoridades responsables. Así, debe indicarse que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el once de mayo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dio vista a las partes por el plazo de tres días, con el oficio y anexos, para que expresaran lo que a sus intereses conviniera, sobre el cumplimiento aludido por la responsable. Ello, pues el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, mediante oficio de nueve de mayo de dos mil dieciocho, remitió el oficio TM/DGRH/531/2018, al cual adjuntó el acuerdo SO/AC-462/26-IV-2018 en el cual negó la procedencia de solicitud de pensión por jubilación a Marco Antonio Medellín Vélez, con las que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con las cuales este Juzgado Federal, dio vista, notificó y corrió traslado a la parte quejosa con las mismas. Es decir, a partir de esa fecha, el quejoso tuvo conocimiento de la contestación recaída a la petición elevada, por lo que incluso no sería dable reclamarla en el presente juicio de amparo. Posteriormente, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, visto el estado de los autos, y al haber transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de once de mayo de dos mil dieciocho, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera pronunciamiento alguno al respecto; este órgano de control constitucional procedió a declarar cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1543/2017, promovido por la parte quejosa Marco Antonio Medellín Vélez; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Asimismo debe indicarse que en el presente juicio de amparo, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa los informes justificados y constancias remitidas por las responsables, así como correr traslado con el acuerdo SO/AC-462/26-IV-2018 en el cual se negó la procedencia de solicitud de pensión por jubilación a la parte quejosa Marco Antonio Medellín Vélez, el cual fue notificado el veinte de enero siguiente. En ese sentido, es inconcuso que el acto aquí reclamado fue analizado y forma parte de los efectos de la ejecutoria de amparo emitida en el diverso juicio 1543/2017, lo anterior, con independencia de las violaciones constitucionales que se hagan valer, lo cierto es que plenamente se acredita que contra los actos que aquí se reclaman, ya existe un pronunciamiento definitivo dentro de un diverso juicio constitucional, respecto del cual no procede recurso alguno, emitido en diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables, radicado con anterioridad al presente asunto y, que constituye cosa juzgada; razón por la que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del numeral 63. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página noventa y uno, Volumen 181-186 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2º.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y seis, Tomo XIV, Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." También resulta aplicable el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página ochenta y cinco, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS RECLAMADOS EN DISTINTO JUICIO DE GARANTÍAS YA RESUELTO. Si del estudio de dos juicios constitucionales conexos aparece que ambos fueron promovidos por el mismo quejoso, contra igual autoridad, por idéntico acto reclamado y que en uno de ellos dictó resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiéndose por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de dicho ordenamiento, sobreseer el segundo juicio de garantías." En ese contexto, si la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, la proliferación superflua de juicios de amparo, y a que la cosa juzgada fuera obsoleta, ocasionando con ello inseguridad jurídica en los gobernados, pues se violentaría la firmeza que en toda resolución debe existir, en virtud de la cosa juzgada. Por consiguiente, resulta improcedente analizar nuevamente la constitucionalidad del acto reclamado a las autoridades responsables, pues éste forma parte del cumplimiento de una sentencia dictada en un diverso juicio de amparo; situación que pone de manifiesto la hipótesis prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se insiste, la finalidad de la causal de improcedencia, es evitar, precisamente, que se puedan pronunciar sentencias contradictorias y la promoción de nuevos juicios de amparo. Actuaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se ordena recabar copia, así como en la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, consultable en la página 1199, del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Por igual, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a diferencia del juicio de Amparo 1543/2017, índice de este propio Juzgado Federal, en el presente juicio de amparo, se tuvieron como autoridades señaladas como responsables al Comité Técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Comité Dictaminador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, las cuales conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincularon para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoya a la anterior determinación la tesis número 1/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial; En esa tesitura, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno, debido a que de autos se advierte que el diecinueve de enero del presente año, se proveyó lo conducente sobre esta razón actuarial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad de notificacion a la parte quejosa Marco Antonio Medellín Vélez, tal y como fue ordenado en proveído de veinte de diciembre del dos mil veintiuno. Atendiendo lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones del actuario adscrito, sin embargo se comisiona de nueva cuenta a alguno de los actuarios adscritos a este juzgado federal para efecto de que notifiquen personalmente al quejoso los informes justificados que obran en autos, las constancias remitidas por las autoridades responsables, así como el oficio recibido el nueve de agosto del dos mil veintiuno, a través del cual la delegada de la autoridad responsable Subsecretaria de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, remitió copia certificada del acuerdo SO/AC- 462/26-IV-2018, por el que negó la procedencia de la solicitud de pensión presentada por el impetrante de referencia. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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