Marco Antonio Lopez Alvarez

Expediente 712/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
712/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Lopez Alvarez
  • Juzgado Cuarto En Materia Civil Y Mercantil del Primer Distrito Judicial En Cuernavaca, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Glósense los cuadernos incidentales, así como el cuaderno de antecedentes en caso de haberse tramitado. En su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. Ahora bien, toda vez que encuadra dentro de las hipótesis contempladas en la fracción II, del punto vigésimo primero, del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó el sobreseimiento del juicio de amparo.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Marco Antonio López Álvarez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Cuarto en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial, en esta ciudad, y otras autoridades. Acto reclamado. "(.) El citatorio de fecha veintidós de abril del año en curso (.)" SEGUNDO. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el citatorio de veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitido en el exhorto 50/2016 del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Las autoridades responsables Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto reclamado. La parte quejosa no ofreció prueba alguna con la que desvirtuara la negativa de la existencia de dicho acto que formularon las autoridades responsables en su informe justificado; por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables juez Cuarto en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de los informes justificados. QUINTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa para acreditar que tiene la posesión material y jurídica del inmueble ubicado en Avenida Ahuatepec número 42, colonia Antonio Barona, de esta ciudad, ofreció como medios de convicción los siguientes: Contrato de arrendamiento celebrado entre Alma Delia Álvarez Domínguez, (arrendador) y Marco Antonio López Álvarez, (arrendatario), respecto del referido bien inmueble (foja 16). Aviso y/o recibo de cobro expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a nombre de Delia Domínguez Solís. Sin embargo, de conformidad con la facultad discrecional que le confiere al juzgador el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, respecto a la valoración de las pruebas, el medio de convicción de mérito, no es suficiente, para demostrar en el juicio tener interés jurídico al respecto; esto es, que efectivamente, tenga un derecho jurídicamente tutelado sobre el referido bien inmueble, cuyo acto de molestia reclama y respecto del que ostenta la posesión, en virtud de un contrato de arrendamiento. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, es necesario la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; es decir, no basta demostrar la simple tenencia material de las cosas. El anterior criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 5, tomo XV, febrero 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En conclusión, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a virtud de un título por el cual se transfiere la propiedad,) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero otorga el derecho a poseer el bien, por ejemplo el arrendamiento, el usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga) siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o alguna figura jurídica, que genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente demostrar únicamente la simple detentación material del bien. Precisado lo anterior, se estima que en el caso el quejoso, quien tiene la calidad de tercero extraño al juicio de donde emana el acto reclamado, no demostró contar con un derecho legítimamente tutelado por la ley, respecto del bien inmueble en cuestión, pues no acreditó en autos con título correspondiente poseer el inmueble materia del juicio natural; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se considera porque la documental exhibida por el quejoso consistente en el contrato de arrendamiento de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, con el que pretende acreditar que posee dicho predio, no es apto para demostrar la posesión que dice tener, por ser un documento de fecha incierta. En efecto el contrato de arrendamiento ofertado por el quejoso tiene el carácter de documental privada, de conformidad con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según dispone el artículo 2, de la Ley de Amparo, por su especial naturaleza, y carece de fecha cierta al no haber sido celebrado ante una autoridad con fe pública o en su caso, que alguno de los contratantes o firmantes hubiese fallecido, por lo que es insuficiente para acreditar que la parte quejosa sea arrendatario y poseedor legítimo en tal carácter del inmueble materia de la litis en el presente juicio de amparo y con ello acreditar fehacientemente su interés que señala tener sobre dicho inmueble, al detentar la posesión a título de arrendatario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª/J.24/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, de la Novena Época, con rubro y contenido siguientes: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Por tanto, si la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento exhibido por la quejosa, carece de fecha cierta, por no reunir los citados requisitos, es de concluir que con éste no se acredita en autos el interés jurídico que debe revestir para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protección de la justicia federal, en virtud de que no se demuestra fehacientemente la afectación producida en su esfera jurídica en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De igual forma, por lo que hace al aviso de recibo expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a nombre de Delia Domínguez Solís, con él no acredita la propiedad del citado bien inmueble, ya que dicho recibo sólo es un comprobante de pago de servicios, aunado a ello, se encuentra a nombre de diversa persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3º.C.J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1036, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "POSESIÓN, ES INSUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA DEMOSTRARLA. El contrato de arrendamiento es insuficiente para demostrar el hecho de la posesión, en virtud de que tal documento sólo probaría el derecho del quejoso a poseer el inmueble a que alude el contrato, pero no la posesión en sí misma. Además, de la celebración de un contrato de esa naturaleza no se infiere necesariamente que quien aparece como arrendatario tenga la posesión. Por lo tanto, el quejoso debe adminicular esa prueba con otros elementos de convicción; de tal manera que si no lo hace, el documento por sí solo no hace prueba." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 492, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "POSESIÓN DE INMUEBLES. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ES IDÓNEO PARA ACREDITARLA. El contrato de arrendamiento, no objetado por parte interesada, comprueba plenamente la operación celebrada por los suscriptores de ese acuerdo de voluntades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por prevención expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, mas resulta insuficiente, por sí solo, para demostrar fehacientemente, que el arrendatario posee el inmueble objeto de tal convenio, para lo cual es menester adminicular dicha documental con otras probanzas, sobre todo la testimonial, que es la idónea para tal fin." En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa el interés jurídico para combatir los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio. Lo anterior tiene fundamento en lo que interesa, la jurisprudencia 3a./J.58 8/9, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primera Parte, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que la notificación del acuerdo de treinta de junio del año en curso, se encuentra en pendiente, para que la parte quejosa, se imponga de dicho auto; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil dieciséis.Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado al parecer por Marco Antonio López Álvarez; ahora, antes de acordar lo que en derecho proceda, se advierte que la firma que calza el citado escrito y la que se observa en la demanda de amparo, difieren entre sí; en consecuencia y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 261 de la invocada ley, el cual dispone que: Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos; en virtud de lo anterior, requiérase al promovente de mérito para que dentro del término de TRES DÍAS, se presente en las instalaciones de este Juzgado de Distrito debidamente identificado, para que ratifique la firma que calza el citado escrito así como su contenido; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Apoya lo anterior, la Tesis que, en criterio de este Juzgado de Distrito, se estima aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el artículo primero transitorio de dicha ley, porque no se oponen a lo que la nueva ley establece, cuyos datos a continuación se transcriben Número 258, sustentado por la Tercera Sala de la Anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivalente a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.

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