Marco Antonio Martínez García
Expediente 924/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Martínez García
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo, ello, toda vez que este Juzgado Federal mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, determinó que carecía de competencia para conocer del presente sumario. Ahora bien, en virtud de que la autoridad judicial oficiante, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, la cual quedó registrada bajo el número 846/2016-A del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se notifica por este medio a la parte promovente el proveído de la propia fecha, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda que promueve *** contra actos del Juez de Oralidad Penal, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato y otras autoridades; los cuales considera vulneran sus derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 924/2016-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, de la lectura del ocurso que se recibe, se estima que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de los hechos que expone, atento a lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, ordinal que establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo anterior, conduce a determinar que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, se establece que es la primera regla de competencia la que se actualiza en el caso concreto, en cuanto que se considera que resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución material el acto reclamado; esto es, basta que quede debidamente evidenciada dicha ejecución y de acuerdo al lugar en que se llevará a cabo, determinar la competencia del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción dentro de ese ámbito territorial para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Por su parte el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". Dispositivo legal que contiene el procedimiento a seguir cuando se está en presencia de una cuestión de competencia. Así, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. En el caso particular, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste de manera esencial en la ejecución de una orden de cateo y de aseguramiento de bienes, que el peticionario del amparo aduce son de su propiedad, emitidas por el Juez de Oralidad Penal, con residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato; así como la ejecución de las mismas, que en lo que hace a la orden de cateo tuvo verificativo en la comunidad del Mezote en San José Iturbide, Guanajuato. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los actos que refiere en la orden de aseguramiento de bienes de su propiedad, tendrán ejecución material en el Municipio San José Iturbide, Guanajuato, por ser en ese lugar donde se ubica el inmueble sobre el cual recaerá la ejecución de los actos que refiere el peticionario del amparo. En las relatadas condiciones, se pone de manifiesto que el acto reclamado se pretende ejecutar en un lugar cuya jurisdicción la ejercen los Jueces de Distrito de Guanajuato, capital, tal como lo señala el Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la delimitación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Distritos Judiciales sobre los que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato. Por lo tanto, con base en lo que dispone el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para conocer del presente juicio, resulta competente el Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, capital. Consecuentemente, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, a fin evitar dilaciones en la impartición de justicia, se ordena remitir la demanda registrada en este Juzgado con el número 924/2016-III, con sus respectivos anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Guanajuato, capital, para que dentro del término legal efectúe pronunciamiento al respecto y acuse recibo correspondiente. Mientras tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***; en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio del año en curso. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Sin que en el particular haya lugar a proveer sobre la admisión y suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 48 de la ley de Amparo, es decir, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
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