Marco Antonio Martínez García
Expediente 925/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Martínez García
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del oficio 20092/2016, con el cual le fueron remitidos los autos del juicio de amparo promovido por *****, con motivo de la incompetencia declarada por este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que ese Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de mérito, quedando registrada bajo el número 834/2016-V. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. En tales condiciones y en cumplimiento al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se notifica por este medio a la parte quejosa el proveído de esa misma, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en la capital y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 925/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, de la lectura del ocurso que se recibe, se estima que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de los hechos que expone, atento a lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, ordinal que establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo anterior, conduce a determinar que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, se establece que es la primera regla de competencia la que se actualiza en el caso concreto, en cuanto que se considera que resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución material el acto reclamado; esto es, basta que quede debidamente evidenciada dicha ejecución y de acuerdo al lugar en que se llevará a cabo, determinar la competencia del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción dentro de ese ámbito territorial para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Por su parte el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". Dispositivo legal que contiene el procedimiento a seguir cuando se está en presencia de una cuestión de competencia. Así, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. En ese tenor, este Juzgado Federal resulta legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el caso particular, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste de manera esencial en la orden de aprehensión que se pretende ejecutar en contra del quejoso ----. La citada determinación, al consistir en un mandato de captura, precisa de actos posteriores que materialicen la privación de la libertad, por lo que se trata de una actuación de la autoridad judicial que requiere ejecución; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Establecido lo anterior, del escrito de demanda que se provee, se aprecia que el quejoso atribuye el acto reclamado a las autoridades responsables en su calidad de ordenadoras, tanto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en la capital, como al Juzgado de Oralidad Penal con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato; y, como autoridades ejecutoras a la Agencia de Investigación Criminal, con sede en León, Guanajuato, a la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y aquella con residencia en San José Iturbide, Guanajuato; de ahí que, evidentemente la orden de aprehensión reclamada, en primer lugar, no será ordenada por una autoridad sobre la cual ejerza jurisdicción este Juzgado de Distrito, y por otro, tampoco será ejecutada por una autoridad cuya jurisdicción sea de la competencia de este órgano jurisdiccional. Es decir, no existe indicio alguno ni orden de ejecución del mandato de captura en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional, lo que impone remitir las actuaciones del juicio que nos ocupa al Juez de Distrito con residencia en el lugar sobre el que ejerce jurisdicción respecto a las autoridades a quienes se les atribuye ordenar el mandato de captura, esto es Guanajuato, Guanajuato. Sin que sea óbice, el hecho de que el impetrante señala como autoridad ejecutora a la Agencia de Investigación Criminal, con sede en León, Guanajuato, sin embargo, dicha autoridad no está legitimada para emitir ese tipo de ordenes de captura, por ende, es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en la capital, o bien, el Juzgado de Oralidad Penal con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien posiblemente libró la orden de aprehensión reclamada. Tampoco pasa inadvertido, que el peticionario haya señalado domicilio procesal en la comunidad del mezote en San José Iturbide, Guanajuato, pues con independencia de que dicha circunstancia robustece lo señalado con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el domicilio, incluso el particular, al reclamarse una orden de aprehensión, es insuficiente para fincar competencia, ya que aceptar esa postura equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. En las relatadas condiciones, se pone de manifiesto que el acto reclamado se ordenó y posiblemente se ejecutará en un lugar cuya jurisdicción la ejercen los Jueces de Distrito de Guanajuato Capital, tal como lo señala el Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la delimitación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Distritos Judiciales sobre los que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato (San José Iturbide, Guanajuato). Por lo tanto, con base en lo que dispone el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para conocer del presente juicio, resulta competente el Juez de Distrito en turno en Guanajuato, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, a fin evitar dilaciones en la impartición de justicia, se ordena remitir la demanda registrada en este Juzgado con el número 925/2016-IV, con sus respectivos anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en turno, para que dentro del término legal efectúe pronunciamiento al respecto y acuse recibo correspondiente. Mientras tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisidiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Se tiene como autorizados de su parte en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***; en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio del año en curso. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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