Marco Antonio Lozano Cervantes

Expediente 1044/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1044/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Lozano Cervantes
  • Marco Antonio Lozano Cervantes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, y el estado procesal de las actuaciones, se advierte que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de treinta de junio del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso b) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y al sentido de la resolución pronunciada.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; mediante el cual, remite copia certificada de las constancias de notificación efectuadas a las partes del laudo emitido en el juicio de origen; lo anterior, toda vez que el treinta de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.

  3. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se desprende que la parte quejosa y tercera interesada soslayaron inconformarse contra el auto de diecinueve de mayo del año en curso, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, en términos de los artículos 80, 201 fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En tales condiciones, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, además, en atención a que carece de relevancia documental e histórica.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado de la autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla En consecuencia, con su contenido y la constancia que se adjuntó al oficio que se acuerda, dese vista a las partes, para que en el plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo en el juicio laboral *, de su índice; esto, debido a que el veintiocho de junio de dos mil veintidós se concedió a las partes el término de tres días para que manifestaran si existían pruebas pendientes por desahogar. Como se observa, en el caso concreto, se reclama una abstención u omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". En el caso, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se dio vista por el término de tres días a las partes para que manifestaran si había prueba pendiente por desahogar; por tanto, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla no está en posibilidad de dictar el laudo respectivo; lo anterior, en atención a que se encuentra transcurriendo el término otorgado a las partes. Esto, se corrobora con el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral * del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -al cual le reviste pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, del que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda y en la presente fecha, la Junta responsable no se encontraba ni se encuentra en aptitud de cerrar la instrucción, ni dictar el laudo respectivo. De lo que se colige que el juicio laboral * del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no guarda estado para cerrar instrucción y dictar el laudo respectivo. Por tanto, la omisión reclamada deviene inexistente, sin que exista prueba alguna que la desvirtué. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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