Marco Antonio López Meléndez

Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
918/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio López Meléndez
  • Secretario de Salud del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de las actuaciones, se advierte que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado de las autoridades responsables: Secretario de Salud del Estado de Puebla -por su representación-. Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla -por su representación-. Sin que resulte procedente dar vista a las partes con su contenido, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Analizadas las constancias de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en la especie, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia... En primer lugar, de las constancias que integran el presente expediente, particularmente del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado... En ese orden de ideas, si la citada autoridad responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés dio contestación al escrito contestación a las peticiones que realizó el quejoso en escrito presentado el dieciocho de abril del año en curso ante la Oficialía de Partes de dicha secretaría; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de mayo de dos mil veintitrés-, es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada; pues tales actuaciones constituyen una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo y como consecuencia se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho violado... De ahí que se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada, y por ende se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que permite SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley... Sin que sea necesario dar vista a la parte quejosa con la respuesta emitida, pues la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen... Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en este se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados... De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales... Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes... Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con la referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. En ese orden de ideas, se colige que si bien, en este sumario se reclama en esencia una violación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar las autoridades responsables el descuento quincenal vía nómina del quejoso, el sentido y naturaleza de ese acto, son cuestiones que derivan de una relación netamente laboral, originada entre el quejoso (como trabajador) y las señaladas como responsables (patrón) que debe dirimirse ante la autoridad competente, en un plano de igualdad (coordinación.) En efecto, los actos ahí involucrados derivan de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supra a subordinación; motivo por el cual, la mencionada autoridades carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, pues únicamente actúa en calidad de patrón, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre la mencionada autoridad, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Así las cosas, en el caso en concreto, de las constancias que acompañó la parte quejosa y las que remitieron las autoridades responsables se advierte que el quejoso, formuló un escrito de petición el dieciocho de abril del año en curso dirigido al Secretario de Salud del Estado de Puebla, a efecto de que cesaran los descuentos vía nómina a su salario, a lo que recayó el oficio ***. Luego entonces, el Titular de la Unidad de Gestión Social de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, sin prejuzgar sobre lo acertado o no de la respuesta que emitió, indicó al quejoso que se encontraba imposibilitado legalmente para ejercer acción alguna para cesar los descuentos de los que menciona es objeto el quejoso, en virtud de que se realizan en función de la ejecución de un mandato de descuento, emitido por parte del trabajador -impetrante de amparo-, y las entidades financieras que realizan el descuento. Entonces, es evidente que el oficio atiende cuestiones netamente laborales, es decir, la autoridad responsable actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla con su personal, por tanto, dicho acto no reviste el carácter de acto de autoridad que deba ser controvertido en el juicio de amparo ni aún por vicios propios, por los motivos y fundamentos expuestos. En consecuencia, por lo antes analizado y acorde a lo dispuesto en fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad para efectos de la presente instancia de control de constitucionalidad, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Hágase saber lo anterior, a la parte quejosa con copia de las constancias remitidas por la autoridad responsable; asimismo hágase del conocimiento este proveído a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, por el cual informa que la solicitud respectiva a fin de que se realice el pago de la cantidad que resta por entregar al quejoso, cubre con la totalidad las observaciones a que hace alusión la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En tal sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiérase al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, para que en el plazo improrrogable de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la que se advierta que se autorizó el pago al aquí quejoso de la cantidad de $138,832.57 (ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos cincuenta y siete centavos moneda nacional), que resta por entregarle en acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que dicha solicitud de pago fue realizada por oficio ***, de catorce de febrero de dos mil veintidós, por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Púbica, sin señalar que dicha solicitud cubre con la totalidad de las observaciones que realizó por diverso ***, aunado a que si los requisitos faltantes derivan de la información del presente asunto, deberá de allegarse de los mismos, dado que también se encuentra señalada como autoridad responsable en el presente juicio. En consecuencia hágasele de conocimiento que de incumplir con lo aquí determinado, o de no manifestar la imposibilidad legal que tenga, se hará efectivo el apercibimiento con el cual se le previno en autos. Reitérese a la autoridad responsable que el cumplimiento de la sentencias es de orden público y que este juzgado de distrito cuenta con plenas facultades para hacer cumplir con sus determinaciones; por ello, reitérese que las gestiones que informe a este juzgado deberán ser contundentes y evitar continuar con la dilación en el procedimiento de ejecución con actuaciones innecesaria y evadiendo los requerimientos que le son formulados...

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, por medio del cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que este juzgado se da por enterado para los efectos legales a que haya lugar.

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