Marco Antonio López Magaña

Expediente 1214/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1214/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio López Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 27 a 33), en que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, que consiste en: ". Deberá dejar insubsistente el acta de audiencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en el juicio laboral de origen, únicamente por cuanto hace a las fechas señaladas para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas (diez horas del diez de marzo de dos mil veinte) y para la reinstalación del actor, ahora quejoso (diez horas del nueve de marzo de dos mil veinte); y en su lugar dictar otra en la que se señalen nuevas fechas, observando los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo.". Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 258, ambos, de la Ley de Amparo. Y en caso de sostener una actitud contumaz en cumplir con la ejecutoria de amparo, posterior a la imposición de la multa que refiere el párrafo que antecede, se dará inicio al procedimiento de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1214/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 2 y 3), Marco Antonio López Magaña, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo registrándola bajo el número 1214/2019 (fojas 6 a 9). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Máxime que el acto reclamado carece de ejecución por lo que es competente el juez ante quien se presente la demanda. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: Señalar fecha para reinstalación y audiencia de pruebas fuera de los términos que establece la ley. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe aceptó parcialmente los actos. Sin embargo, se toma por cierto lo reclamado en su totalidad, pues de su propio informe acepta que señaló una fecha remota dado las cargas de trabajo con las que cuenta. Lo que se corrobora con las constancias certificadas del juicio de origen, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio del asunto. El promovente del amparo aduce en esencia, que la Junta responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 880 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que señaló fecha para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas y reinstalación del actor ahora quejoso, excediendo los términos previstos en la ley de la materia. Lo anterior, es fundado, aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia en la cita del precepto legal invocado conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Suprema, en lo conducente, establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. En la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 42/2007 de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 192/2007 de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de acceso a la impartición de justicia consagra los principios siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, en los plazos que establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho; y 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese sentido, la demora en la duración de una controversia, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio, lo que se debe evitar a fin de salvaguardar el derecho fundamental de impartición de justicia. Así, se puede afirmar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios a fin de que una controversia que se someta a su consideración se tramite y resuelva en un plazo razonable, es decir, en un tiempo prudente y justificado, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Cabe señalar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio. Asimismo, impone la obligación a las Juntas de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que en el caso particular no se ha respetado. Por su parte, el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que cuando para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Asimismo el numeral 880, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, establece que una vez concluido el ofrecimiento de pruebas, la Junta resolverá inmediatamente sobre las que admita y las que deseche y en caso contrario, se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes; con lo que se advierte que la principal característica del juicio ordinario, además de la sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunas actuaciones se desenvuelven en el tiempo de manera próxima o paralela. Ahora bien, de la lectura de la constancia remitida por la responsable, a la que se le otorgó valor probatorio pleno, se desprende que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta fijó las diez horas del nueve de marzo de dos mil veinte, para la reinstalación del actor, ahora quejoso; y las diez horas del diez de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; de tal modo que entre la data de la emisión de ese proveído y las fechas para la práctica de tales diligencias existe una lejanía cronológica, en virtud que excede de los términos establecidos en el artículo 735 y la fracción IV del diverso numeral 880 de la Ley Federal del Trabajo, ya que disponen, en lo particular, por una parte, que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles y por la otra que, una vez concluido el ofrecimiento de pruebas, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche y en caso contrario, se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. De ahí que sea fundada la manifestación hecha valer por el quejoso, pues al haberse señalado fechas fuera del término legal que establece la ley de la materia se viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica una demora significativa en la substanciación del procedimiento; por lo que procede otorgar la protección constitucional al quejoso. No se soslayan las manifestaciones que realiza la junta responsable en su informe justificado, relacionadas con la excesiva carga de trabajo. En atención a ello, es importante destacar que tales consideraciones resultan ineficaces para variar el sentido del presente fallo, pues las circunstancias que arguye no son razón suficientes para que no sea posible garantizar el derecho fundamental de justicia pronta; ya que de lo contrario, se haría nugatorio el derecho de mérito bajo cualquier pretexto y en consecuencia, no tendría sentido que la administración de justicia se encuentre regulada bajo ciertos términos y plazos procesales. Máxime que su sola manifestación no es suficiente para que este órgano jurisdiccional pueda hacer una valoración de tales circunstancias y emitir una respuesta objetiva, dado que no acredita con pruebas idóneas tales afirmaciones. De ahí, que las mismas no son suficientes para justificar su retardo en la impartición de justicia. En ese contexto, la omisión y dilación reclamada vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de justicia pronta que tutela el artículo 17 de la Constitución Política del País. SEXTO. Efectos del amparo. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deberá dejar insubsistente el acta de audiencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en el juicio laboral de origen, únicamente por cuanto hace a las fechas señaladas para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas (diez horas del diez de marzo de dos mil veinte) y para la reinstalación del actor, ahora quejoso (diez horas del nueve de marzo de dos mil veinte); y en su lugar dictar otra en la que se señalen nuevas fechas, observando los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Marco Antonio López Magaña, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, ante la secretaria Erika Ivonne Carballal López, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1214/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Morelia, Michoacán. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciba el informe justificado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda, el cual está ubicado en esta ciudad capital. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios a ******************** y ********************, en razón de que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y por lo que ve a las personas restantes, se autoriza en términos restringidos por asi haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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