Marco Antonio Gutiérrez Vázquez

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Gutiérrez Vázquez
  • Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Copia simple. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el autorizado del representante especial de los menores, expídasele copia simple de las constancias que refiere; autorizando para que a su nombre y representación las reciban las personas que señala en su escrito, previo recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Amas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICL/cgmg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se negó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Incidente de suspensión Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y la definitiva, en consecuencia, ambos cuadernos son destruibles. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Erika Ivonne Carballal López, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 114/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El siete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 17), Marco Antonio Gutiérrez Vázquez por conducto de su apoderado jurídico Ángel Pineda López, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, este juzgado de distrito, a quien por razón de turno tocó conocer del asunto, se avocó al conocimiento, registrándola con el número 114/2018 y se desechó en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (fojas 20 a 23). Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la registró con el número 28/2018, y por ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la declaró fundada (fojas 37 a 49). Por auto de dos de mayo siguiente, este juzgado tuvo por recibida la ejecutoria del tribunal de alzada, desechó la demanda por los actos atribuidos a la secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y se admitió respecto de los actos atribuidos al Juez Cuarto Familiar y al actuario adscrito a ese juzgado (fojas 50 a 54). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, atendiendo a que el acto reclamado, fue emitido por una autoridad que ejerce jurisdicción dentro del territorio que tiene competencia este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y del actuario adscrito a ese Juzgado Cuarto: La resolución dictada el once de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 472/2016 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que promovió Carmen Lucía Maciel Domínguez a favor de los menores J.A.G.M. y D.A.G.M., sobre fijación y pago de pensión alimenticia provisional a cargo de Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, en la que se determinó pensión alimenticia provisional por la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en esta área geográfica. El auto dictado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 472/2016, que desechó de plano el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Marco Antonio Gutiérrez Vázquez. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al actuario adscrito a ese juzgado, pues así lo reconocen dichas autoridades al rendir su informe justificado (fojas 71 y 72). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó el juez de origen a su informe justificado consistentes en las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 472/2016, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Antecedentes. Antes de entrar al estudio del acto reclamado, es importante dejar asentados los antecedentes siguientes: 1) Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciséis, Carmen Lucía Maciel Domínguez en cuanto representante legal de sus menores hijos J.A.G.M. y D.A.G.M., promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales exigibles a Marco Antonio Gutiérrez Vázquez (fojas 1 a 3 del tomo único de pruebas). 2) Dicha demanda se radicó ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien previa prevención y ratificación, en auto de doce de julio de dos mil dieciséis, admitió a trámite las diligencias y señaló fecha para el desahogo de la audiencia de juicio prevista por el ordinal 960 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época (fojas 6 a 11 del tomo único de pruebas). 3) En ocho de agosto de dos mil dieciséis, se desahogó la audiencia de juicio para decretar alimentos, se dio cuenta con la prueba documental y presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones ofrecidas por la promovente de las diligencias y se hizo constar que no se desahogó la prueba testimonial (foja 17 del tomo único de pruebas). 4) El once de agosto de dos mil dieciséis, se dictó resolución final en la que se declaró procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar y se determinó en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentistas J.A.G.M. y D.A.G.M., por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en esta área geográfica; pago que deberá realizar en forma mensual por conducto de la representante legítima, en cuenta bancaria a su nombre (fojas 20 a 24 del tomo único de pruebas). 5) Por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se declaró firme la resolución final; el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se notificó al deudor alimentista Marco Antonio Gutiérrez Vázquez la resolución final y el término de tres días con el que contaba para cumplir con esta (fojas 30 y 43 del tomo único de pruebas). 6) El deudor alimentista compareció al expediente 472/2016 e hizo valer incidente de reducción de pensión alimenticia, el cual fue desechado en proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 45 a 52 del tomo único de pruebas). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En la especie, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que, en contra el auto dictado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 472/2016, que desechó de plano el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, resulta procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán vigente en la época, de ahí que, si la parte quejosa no agotó el medio de defensa que tenía a su alcance es indiscutible que se actualiza el motivo de inejercitabilidad aludido. El numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" De inicio, el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura al arábigo trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. De lo anterior se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa, para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Cabe precisar que la Codificación Familiar de la entidad vigente en la época y aplicable al caso concreto, conforme a los artículos transitorios Segundo, inciso f) y Cuarto del decreto de creación del nuevo Código Familiar de la Entidad, en el artículo 927 establece que en relación con los recursos son aplicables a los procedimientos del orden familiar, las disposiciones contenidas en el Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles del Estado (Recursos). Por su parte, el numeral 676 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad vigente en la época, establece: "Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte". Ahora bien, en el caso, se aprecia que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 472/2016, que desechó de plano el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el quejoso Marco Antonio Gutiérrez Vázquez. De tal forma, en el particular el recurso de revocación, es el medio idóneo para atacar el acto reclamado, dado que en contra del acto reclamado no es procedente ningún otro medio de defensa. Contrario a lo que señalan las autoridades responsables, no procede el recurso de queja en contra del acto reclamado, en razón de que no encuadra dentro de los supuestos que establece el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, esto es, no se trata de un auto en el que se niegue admitir una demanda o se desconozca de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento; que se deniegue la apelación; o, que así lo establezca la ley. Se afirma lo anterior, porque tratándose de los incidentes que versen sobre reducción de pensión alimenticia previsto en el artículo 942 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, el Título Décimo denominado "De los incidentes", no prevé algún medio de impugnación, sin embargo, atendiendo al principio general de impugnación consistente en que todo el que participa en determinada relación jurídica debe contar con los medios necesarios para combatir las resoluciones de la autoridad, y tomando en cuenta que el precepto 676 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria, establece que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó; entonces, contra los acuerdos de trámite de las incidencias, procederá el recurso de revocación. Además, sin que deba considerarse, que en el caso, pudiera resultar procedente el recurso de apelación en términos del artículo 691 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, en razón de que, en contra de la resolución final que otorga los alimentos no cabe recurso alguno, cuando lo interpusiere el obligado a pagarlos, de conformidad con el numeral 962 del Código Familiar vigente en la época. Por ello, en contra del auto que desechó de plano el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el quejoso Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, procede el recurso de revocación. De ahí, que el acto reclamado puede ser recurrido mediante la revocación por la parte que le cause agravio, y por tanto, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el recurso de revocación, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.C.32 C, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, de la Novena Época, con número de registro 163825, cuyo rubro y texto señalan: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PAGO DE ALIMENTOS PROVISIONALES. EL RECURSO DE APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, SÓLO PROCEDE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LAS RESUELVE, EN TANTO QUE LOS ACUERDOS DE TRÁMITE SERÁN REVOCABLES. El artículo 950 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, vigente a partir del 8 de septiembre de 2008, establece: "Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias ...", lo cual debe interpretarse en el sentido de que el recurso de apelación en ambos efectos procede sólo contra la interlocutoria que resuelve las diligencias de jurisdicción voluntaria, entre ellas, la que decreta o niega el pago de alimentos provisionales, ya que dada la naturaleza sumarísima de ese procedimiento, no puede dilatarse su tramitación, apelando en ambos efectos de cualquier acuerdo de trámite, pues se haría nugatoria su finalidad, en el caso, garantizar de inmediato la subsistencia del solicitante de los alimentos; y como el referido código no contempla la procedencia de recurso alguno en contra de los autos que se dicten durante el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, atendiendo al principio general de impugnación consistente en que todo el que participa en determinada relación jurídica debe contar con los medios necesarios para combatir las resoluciones de la autoridad, y tomando en cuenta que el precepto 676 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria al Código Familiar, establece que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó; entonces, contra los acuerdos de trámite de las diligencias referidas, procederá el recurso de revocación." Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado que fue notificado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de la resolución final dictada el once de agosto de dos mil dieciséis, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 472/2016, y del término de tres días con el que contaba para cumplir con la resolución; y que, con motivo de dicha notificación, compareció a las diligencias e hizo valer el incidente de reducción de pensión alimenticia (fojas 43 y 45 a 52 del tomo único de pruebas). Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el auto controvertido no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Finalmente, el suscrito juzgador estima que tratándose del acto reclamado en particular, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo que prevé que los gobernados no se encontrarán obligados a agotar los recursos previstos por la ley cuando se requiere de una interpretación adicional o el fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. Ello es así, porque, por un lado, no existe duda de cuál es la legislación que regula el caso concreto, ni se requiere una interpretación adicional de las normas para desentrañarlas, y por otra, el numeral 676 de la legislación procesal civil aplicable de manera supletoria, establece que los autos que no fueren apelables serán revocados por el juez que los dictó, lo cual no deja duda del tipo de recurso, ni de los alcances del mismo. Dicho de otra forma, el código procesal civil de la entidad deja claro en el contexto específico en que es procedente el citado medio de impugnación, de ahí que la excepción aludida no opera en el caso particular. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 3142, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Tomo IV, Enero de 2014, de la Décima Época, con número de registro 2005388, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el auto dictado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 472/2016, que desechó de plano el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia que se actualice, o aleguen las partes, corresponde analizar los conceptos de violación formulados en contra del diverso acto reclamado, a saber, la resolución dictada el once de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 472/2016 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que promovió Carmen Lucía Maciel Domínguez a favor de los menores J.A.G.M. y D.A.G.M., sobre fijación y pago de pensión alimenticia provisional a cargo de Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, los que se sintetizan de la siguiente manera: a) Violación al derecho fundamental de audiencia, no fue llamado, oído y vencido en las diligencia de jurisdicción voluntaria. 1. Las diligencias de jurisdicción voluntaria no otorgan garantía de audiencia al deudor alimentista, es claro que constituye un acto de molestia para cuya emisión no se requiere respetar de manera previa el derecho de audiencia, sino que el ejercicio de dicha prerrogativa es posterior, sin embargo, la cantidad que por adeudo determinó la responsable es un acto privativo, por lo cual, previo a su emisión es necesario que se respete el derecho de audiencia. 2. Se le debió dar el derecho de audiencia previo a la emisión del acto reclamado en que se fija la cantidad que debe pagar como adeudo por concepto de alimentos, para que estuviera en condiciones de acreditar que cumplió con su obligación de dar alimentos. 3. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar al interesado el derecho de audiencia previa, no la exime de darle oportunidad de oírlo en defensa. 4. Que de haber respetado su derecho de audiencia la responsable hubiera concluido que cumplió con su obligación de pagar alimentos, que padece de crisis de ansiedad y que mantiene a otros hijos que procreó con su actual esposa. 5. El requerimiento de pago por la cantidad por concepto de alimentos, tiene el carácter de definitivo, lo que le priva de poder probar que cumplió con tal obligación. 6. La omisión del juez de analizar las pruebas exhibidas al momento de promover el incidente de reducción de pensión alimenticia, con las que pretende acreditar una situación real y que podría generarle una posible doble carga de pago, que puede imposibilitarlo para satisfacer las necesidades alimenticias de diversos menores, afectando el interés superior del niño. b) Falta de fundamentación y motivación por los siguientes motivos: 1. La responsable no atendió al principio de procedibilidad y proporcionalidad que rige a los alimentos, el que debe determinarse tomando en cuenta la necesidad del acreedor alimentista y la capacidad económica del deudor; la cantidad que corresponde a cada uno de los padres deberá repartirse de manera proporcional, según los ingresos que perciban. 2. La integración del expediente por parte de la responsable y que dio lugar a la sentencia reclamada tiene una superficial, errónea e indebida fundamentación y motivación, si bien expresó los motivos legales y criterios jurisprudenciales que resultan inaplicables, estos no se adecuan a la hipótesis normativa comprendida en el criterio cimentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 73/2008-PS, entre la sustentada por el Tercer y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el quince de octubre de dos mil ocho. 3. Incumple con la obligación que tiene la autoridad frente a los derechos fundamentales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso. Como cuestión previa al estudio de los motivos de disenso, resulta pertinente mencionar que en la especie, aun cuando la materia del juicio generador del acto reclamado es un asunto del orden familiar, relacionado con el pago de alimentos, este órgano de control constitucional no puede avocarse al análisis oficioso de la determinación reclamada, habida cuenta que no se está en uno de los supuestos previstos por el artículo 79, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suplencia de la queja, dado que el peticionario de amparo es el deudor alimentista. Ahora bien, de los concepto de violación, se desprende que sustancialmente alega que la determinación reclamada de once de agosto de dos mil dieciséis, que fija como pensión alimenticia provisional la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en esta área geográfica, a favor de los menores J.A.G.M. y D.A.G.M., irroga perjuicio a las prerrogativas establecidas en los preceptos 14 y 16 Constitucionales, ante la falta de ser oído previamente. Resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso a), con base en las siguientes consideraciones. En principio, con la finalidad de obtener una mejor comprensión del tema -pago de alimentos provisionales-, es conveniente dejar claro algunos tópicos de su naturaleza jurídica. La obligación alimentaria es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, reposa en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Lo anterior es así, en virtud de que, en términos de lo establecido por los artículos 959, 960 y 961 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, en tratándose de diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos, el juez se encuentra ampliamente facultado para fijar una pensión alimentaria provisional; los citados numerales a la letra dicen: "Artículo 959. El acreedor alimentista, por sí o por medio de su representante legal, podrá reclamar la fijación de los alimentos provisionales, en forma verbal o escrita. Artículo 960. Formulada la solicitud, el Juez fijará día y hora para la celebración de una audiencia que se efectuará dentro de los ocho días hábiles siguientes. Durante ese lapso, habrán de obtenerse datos en torno a la capacidad económica del obligado, cuando fuere necesario. En tal audiencia, habrán de rendirse las pruebas que se estimen adecuadas, pudiendo el Juez resolver en ese acto o dentro de los tres días siguientes. Artículo 961. En la resolución, el Juez fijará la suma en que deben consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses anticipados, en todos los casos. Para la determinación de tal suma, deberán atenderse a las características a que se refiere el artículo 455 de este Código y, en todo caso, se tomarán en cuenta las circunstancias especiales del caso. Los alimentos se contarán a partir de que se presente la solicitud." Lo expuesto pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la petición; y la segunda, se da al dictarse sentencia definitiva dentro de procedimiento, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En tal virtud, el juez responsable actuó con apego a derecho, al decretar la medida provisional sobre alimentos sin haber llamado previamente al ahora agraviado, toda vez que las providencias de esta naturaleza (alimentos provisionales) son susceptibles de decretarse sin necesidad de que previamente se haga del conocimiento al afectado o deudor, pues basta con la petición de la parte interesada, y de conformidad con los argumentos y elementos de prueba que tenga a su alcance al momento de dictarla, conforme a su prudente arbitrio; ello derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata, además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. Al caso aplica por identidad de razón, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 42, Primera Parte, de la Séptima Época, con número de registro 233429, con rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACIÓN DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DARLOS. CONSTITUCIONALIDAD DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE LOS ESTABLECE. El título VII, capítulo XVIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no es inconstitucional al establecer la fijación de alimentos provisionales sin la audiencia previa del deudor alimentario, quien no es privado del derecho de ser oído en cuanto puede contradecir el derecho del acreedor y su obligación de darle alimentos. Las diligencias de jurisdicción voluntaria son, en efecto, actos fuera de juicio en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1346 y 1350 del código impugnado y porque tienen por objeto alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. Es necesario convenir que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Ahora bien, no es exacto que los alimentos provisionales carezcan del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia. Son provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su alcance tanto el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1350, en el juicio a que alude el artículo 1353, o en el incidente que prevé el artículo 1354, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede apelar de la resolución dictada en la jurisdicción voluntaria, y en los términos que establece el artículo 1350 del código procesal civil que se combate, o bien en juicio de contradicción respecto del derecho que en su contra se ejercita y se objeta únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el incidente que otorga el artículo 1254". Así, debe tenerse en cuenta que la fijación de alimentos provisionales no es una medida permanente, sino cautelar, que busca proteger de forma apremiante a quien la solicita. En este sentido, la medida cautelar de alimentos provisionales no tiene por objeto dilucidar un conflicto entre partes, ni corroborar la veracidad o exactitud de los hechos planteados por el promovente, sino asegurar la supervivencia de quien la solicita, mediante la fijación pronta de un pago al deudor alimentista, por considerar que éste tiene una obligación contraída con anterioridad. De tal manera, la aludida obligación alimentaria deriva de lo dispuesto en el artículo 452 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, que establece: "Artículo 452. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor alimentista, lo señalado en el artículo 453." Así, al ser una medida cautelar, la fijación de alimentos provisionales aspira a garantizar interinamente la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo. Por tanto, el procedimiento respectivo no otorga intervención previa al demandado (como sucedería en un juicio convencional), sino que privilegia el aseguramiento en el pago de los alimentos que se considera deben otorgarse, lo cual no podría ocurrir de permitírsele su participación desde la presentación del escrito inicial. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 21/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, de la Novena Época, con número de registro 196727, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Además el quejoso argumenta que se le debió dar el derecho de audiencia previo a la emisión del acto reclamado, para que estuviera en condiciones de acreditar que cumplió con su obligación de dar alimentos, pues no obstante que en la ley aplicable no existe obligación de respetar el derecho de audiencia previa, no la exime de darle oportunidad de oírlo en defensa; que de haber respectado su derecho de audiencia hubiera concluido que cumplió con su obligación de pagar alimentos, que padece de crisis de ansiedad y que mantiene a otros hijos que procreó con su actual esposa; y, que el requerimiento de pago de la cantidad por concepto de alimentos, tiene el carácter de definitivo, lo que le priva de poder probar que cumplió con la obligación. Tal argumento es infundado, porque contrario a lo que sostiene, si bien es cierto que el procedimiento de los alimentos provisionales, de inicio no le concede el derecho de audiencia y que la discusión sobre el derecho de percibir alimento será hasta la sustanciación del juicio sumario; sin embargo, éste derecho sí le es respetado una vez que es dictada la resolución que fija los alimentos en formar provisional. Ello es así en razón de que el artículo 966 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en la época, contempla que las cuestiones que se promuevan sobre la cantidad de los alimentos, se decidirá en la forma de incidente. Por su parte, los artículos 936 y 942 del referido código familiar, prevén la facultad que tienen las partes dentro del incidente para rendir pruebas. De ahí, la ley de la materia le otorga al quejoso la facultad para promover el incidente de reducción de pensión alimenticia para combatir las cuestiones relativas al monto de los alimentos, y para acreditar ese hecho podrá ofrecer las pruebas que considerara necesarias para combatir el monto al que le fue condenado, de lo cual se advierte que la legislación familiar le garantiza su derecho de audiencia. Sin que se soslaye la circunstancia de que en el procedimiento familiar de origen, el aquí quejoso instó el incidente en cuestión, el cual fue desechado de plano por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 52 del tomo único de pruebas); sin embargo, se destaca que éste fue desestimado, no porque no fuera la vía idónea; sino porque no satisfizo en su promoción diversos requisitos de forma que el juez responsable estimó deben observarse; de ahí que el argumento que aquí se emite de ninguna forma constituye una infracción a la tutela judicial efectiva o violación a la petición de principio. Ahora bien, en cuanto al argumento del quejoso relativo a la omisión del juez de analizar las pruebas exhibidas con las que pretende acreditar una situación real y que podría generar una posible doble carga de pago, lo que puede imposibilitarlo para satisfacer las necesidades alimenticias de diversos menores que procreó con su actual esposa, afectando el interés superior del niño; ello en todo caso es materia del análisis de fondo que debe realizar el juez de instancia una vez que se presente el procedimiento contradictorio que defina lo relativo a los alimentos definitivos a la luz de los medios de convicción que allá se ofrezcan. Máxime que, las pruebas que refiere el quejoso no fueron valoradas, son las que exhibió al momento de hacer valer el incidente de reducción de pensión alimenticia, el cual fue desechado de plano por la responsable. En diverso aspecto, contrario a lo que señala el solicitante de derechos fundamentales, la autoridad responsable sí fundamentó y motivó la resolución reclamada, al tiempo que ponderó adecuadamente las pruebas que le fueron puestas a su consideración. Ello es así, pues explicó que en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 955 de la Código Familiar, y a su vez, razonó porque lo determinó así, es decir, expuso con base en las pruebas que tuvo a su alcance las razones por las que fue procedente condenar al pago de alimentos provisionales en los términos en que lo hizo, lo cual es suficiente para cumplir con los postulados de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional. En otro aspecto, lo expuesto por el juez natural es acorde con el derecho fundamental de legalidad. En razón que considero que, no obstante que no se tiene justificado que el deudor tenga percepción salarial derivada de alguna fuente laboral; sin embargo, tomó en cuenta la edad de cuarenta años del deudor alimentista, de la que dedujo la aptitud, posibilidad o talento para trabajar y generar un recurso, pues además consideró que se trata de una persona capaz, por lo que, aun cuando no cuente con un ingreso fijo o no tenga un caudal o hacienda determinada para hacer frente a sus obligaciones, debe cubrir las necesidades de sus hijos acreedores, además de que hasta ese momento no se demostró que esté impedido para laborar. Además, consideró la imperiosa necesidad que tiene la progenitora para acudir a esa instancia judicial a solicitar los alimentos de los menores, considerando que en términos del artículo 464 del Código Familiar, la ausencia de material probatorio no genera la improcedencia de la fijación de alimentos, pues basta la sola presunción de necesitar los alimentos, la que se acredita con la promoción de solicitud de los mismos. La responsable tomó en cuenta el ingreso quincenal que refirió percibir la promovente, con lo que tuvo por acreditado que labora y que obtiene sumas económicas para hacer frente a sus necesidad alimenticias y las de sus descendientes, con lo que se acredita que se encuentra óptima para realizar actividades laborales, por lo que se encuentra obligada al igual que el deudor a dar sustento alimenticio a sus hijos. Seguidamente, consideró que debe atenderse primeramente el derecho a la pensión y luego la capacidad económica del deudor alimentista, así como particularmente el entorno en que viven los involucrados, el que en la especie resulta regular de acuerdo a la ubicación de la vivienda en que reside la acreedora alimentista. Finalmente, para determinar el monto de la pensión, tomó en cuenta lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de diciembre de dos mil quince, por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil dieciséis, consultable en la página oficial www.conasami.gob.mx en la que se especificó el salario mínimo general vigente en la cantidad de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Determinándose en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores J.A.G.M. y D.A.G.M., a cargo de Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en esta área geográfica, correspondiendo 30 días de salario a cada uno de los menores, esto de conformidad con el artículo 465 del Código Familiar vigente en la época. Expuesto lo anterior, este Juzgador Federal estima que lo establecido por la responsable en la resolución reclamada es acorde con las constancias del juicio, pues no existe dato de relevancia que haga concluir que hasta el momento del dictado de la resolución reclamada el quejoso hubiera acreditado aportar alimentos (que de acuerdo al artículo 453 del Código Familiar comprenden: la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales), para sus menores hijos. En ese estado de cosas, es que el concepto de violación relacionado con la indebida fundamentación y motivación es infundado. Por otra parte, el peticionario de derechos fundamentales en el concepto de violación marcado en su escrito de demanda como "PRIMERO" además de lo expuesto y contestado con anterioridad, arguye que la condena por concepto de alimentos provisionales es desproporcional porque no está probado fehacientemente la necesidad de los acreedores alimentistas y la capacidad económica del deudor, que la cantidad que corresponda a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de manera proporcional según los ingresos que perciban. El motivo de disconformidad es infundado. Ello es así, porque en la resolución combatida, precisamente la autoridad responsable para determinar la condena de alimentos provisionales, partió del hecho de que hasta ese momento desconoce la actividad laboral e ingresos económicos del quejoso, y por lo tanto tomó en consideración lo siguiente: Que los menores dependen de sus progenitores. Que dada la minoría de edad de los infantes requieren de alimentación. Que su madre Carmen Lucia Maciel Domínguez percibe un ingreso quincenal de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos) y que tiene incorporados a sus menores bajo su cuidado. Que el padre de los menores ahora quejoso tiene aproximadamente cuarenta años de edad, que es una persona que tiene aptitud, posibilidad o talento para trabajar y generar un recurso. Que el inconforme está en condiciones de cubrir sus necesidades así como las de sus menores hijos. Por lo tanto, el juez de instancia con fundamento en el artículo 465 del Código Familiar y con base en lo anterior determinó una pensión alimenticia provisional mensual de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional). En consecuencia, el motivo de disenso en el que el inconforme aduce que no está acreditado fehacientemente la totalidad de sus ingresos y que la condena viola el principio de proporcionalidad es infundado, dado que, precisamente el juez de origen partió de que hasta ese momento se ignora cuánto gana el deudor alimentista, y por tanto, para su cálculo ponderó todas las circunstancias que rodean a los menores y conforme a la edad del acreedor, aquí quejoso, lo cual es acorde a la ley y al interés superior del niño acreedor de los alimentos provisionales. Entonces, el hecho de que en el acto reclamado se haya establecido un equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el área geográfica por cada uno de los menores es acorde a las constancias del juicio, pues como se sostuvo, hasta este momento se desconoce el monto de los ingresos del deudor alimentario, al tiempo que, se conocen las necesidades de los menores. En tales condiciones, es que el concepto de violación es infundado, pues como hasta ahora se desconoce el monto de los ingresos que percibe el quejoso, de acuerdo a las necesidades de los menores y a las circunstancias y necesidades que los rodean, es inconcuso que la cantidad condenada como pensión alimenticia provisional, es acorde al interés superior de los niños J.A.G.M. y D.A.G.M. En otro aspecto, el quejoso arguye que el juez debió allegarse de otros medios de convicción que le fueran útiles para establecer la cantidad de pensión alimenticia provisional. Es infundado el concepto de violación, pues ha sido criterio de la Primera Sala del Más Alto Tribunal que para calcular el monto de la pensión alimenticia en la sentencia definitiva el juzgador debe recabar las pruebas necesarias para ello, pues constituye la materia de la litis; sin embargo, dicho tema fue analizado desde la perspectiva únicamente de la pensión alimenticia definitiva, mas no de la que el juez dicta de forma provisional. Lo anterior porque la pensión alimenticia provisional tiene una connotación y naturaleza diversa a la definitiva, pues para su dictado únicamente se requiere en términos del artículo 955 del Código Familiar de Michoacán de Ocampo vigente en la época, que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan y que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; pues la urgencia y necesidad se presume tratándose de menores de edad. Lo anterior se encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época, con número de registro 2007720, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a. /J. 53/2011, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)."; sin embargo, el procedimiento incidental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones procesales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácticamente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria". Por otra parte, el solicitante de amparo aduce que la integración del expediente por parte de la responsable y que dio lugar a la sentencia reclamada tiene una superficial, errónea e indebida fundamentación y motivación, pues si bien expresó los motivos legales y criterios jurisprudenciales estos resultan inaplicables, no se adecua a la hipótesis normativa comprendida en el criterio cimentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 73/2008-PS, entre la sustentada por el Tercer y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el quince de octubre de dos mil ocho. Tal argumento es ineficaz, pues el tema a resolver en esa contradicción de tesis fue para determinar si para la procedencia de la acción plenaria de posesión, prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, era un requisito necesario que el documento exhibido como justo título debía ser de fecha cierta, considerando que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis del rubro: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES INDISPENSABLE QUE EL DOCUMENTO EXHIBIDO COMO JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).". Esto es, en dicho criterio no se estudiaron cuestiones relativas a los alimentos y la fundamentación y motivación que en forma específica debe realizar el juez al momento de emitir la resolución que fija alimentos provisionales. Por tanto, es que la valoración realizada por el Juez Familiar resultó acorde a los derechos fundamentales del quejoso, de ahí, que sea infundado el motivo de disentimiento. Por lo anteriormente expuesto y ante lo infundado de los motivos de discrepancia, lo conducente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, sin que en el caso, como ya se refirió con anterioridad, opere alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que autorice suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al actuario señalado como autoridad responsable, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al actuario adscrito a ese Juzgado Cuarto; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al actuario adscrito a ese Juzgado Cuarto; por las razones precisadas en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, hoy diez de septiembre de dos mil dieciocho, ante el secretario Humberto Loza Aguilar, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al actuario adscrito a ese Juzgado Cuarto; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Marco Antonio Gutiérrez Vázquez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y al actuario adscrito a ese Juzgado Cuarto; por las razones precisadas en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, hoy diez de septiembre de dos mil dieciocho, ante el secretario Humberto Loza Aguilar, con quien actúa y da fe.

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