Marco Antonio Llanito Zúñiga

Expediente 583/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
583/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Llanito Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Finalmente, devuélvase a al Magistrado de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, los anexos que remitió como complemento a su informe con justificación consistentes en copias certificadas relativas al toca 150/2021 en un tomo y copias certificadas relativas al expediente 161/2019 en dos tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 583/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el dieciocho de junio de esta anualidad, recepcionado el veintiuno siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, es decir, el veintidós posterior, a este juzgado, Marco..., por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. De dicho asunto tocó conocer a este juzgado, por lo que mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Asimismo, en el diverso de seis de agosto de este año, se tuvo como terceros interesados a José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez, ordenando su emplazamiento el trece siguiente, el cual se verificó respectivamente el diecisiete y diecinueve posterior. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: -La resolución de segunda instancia emitida en el toca 150/2021 del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirmó el auto de dieciocho de marzo de este año emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dictado en el juicio ordinario civil relativo a la acción reivindicatoria ejercitada por José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez, contra Marco Antonio Llanito Zúñiga y otros, en el que atento a la petición de la parte actora en el principal (demandada reconvencional), decretó la caducidad de la instancia en la acción reconvencional por inactividad procesal de las partes en el proceso reconvencional. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ya que aceptó la existencia del acto al rendir su informe justificado (promoción 7876). Lo que se corrobora con las constancias que remitió relativas al toca y los autos del controvertido de origen, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo -interpretado a contrario sensu-, por tratarse de un acto de los que no son considerados como de imposible reparación, como a continuación se demostrará. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." En ese orden, el primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste y, por su parte, el segundo numeral y fracción citada, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). ." Expuesto lo anterior, en el presente asunto la parte quejosa reclama la resolución de segunda instancia emitida en el toca 150/2021 del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirmó el auto de dieciocho de marzo de este año emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dictado en el juicio ordinario civil relativo a la acción reivindicatoria ejercitada por José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez, contra Marco Antonio Llanito Zúñiga y otros, en el que atento a la petición de la parte actora en el principal (demandada reconvencional), decretó la caducidad de la instancia en la acción reconvencional por inactividad procesal de las partes en el proceso reconvencional. Sin embargo, en el presente caso, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente sus derechos sustantivos; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni tampoco es en su detrimento, o en transgresión de los principios constitucionales o derechos fundamentales que refiere el impetrante. Por el contrario, el acto reclamado únicamente se traduce en un perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos, cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, además de ser susceptibles de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie le es favorable, o de ser el caso, al ser optativo el ejercicio reconvencional no trae como consecuencia la pérdida de derecho de los demandados para ejercer la acción en un juicio autónomo debido a la divisibilidad de las acciones, por lo que el quejoso aún puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor; incluso, de no obtener sentencia que le favorezca, el acto que aquí se reclama podrá combatirse como violación procesal (siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos para ello) mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el controvertido de origen respectivo. Sustenta la presente determinación la jurisprudencia 1/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretada a contrario sensu, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Así como la tesis VIII.2o.C.T.11 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales." También es aplicable la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 801, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el fedatario adscrito manifiesta su imposibilidad para emplazar a los terceros interesados José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez. Ahora bien, toda vez que de autos se desprende un diverso domicilio en el que pueden ser notificadas dichas personas, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle La Paz, número 17, fraccionamiento Las Américas, Naucalpan de Juárez, Estado de México y notifique y emplace a los citados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia de la demanda, auto admisorio, proveído de seis de agosto del año en curso y del presente proveído, haciéndoles saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Además, deberá requerirles para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a los terceros interesados en el domicilio ordenado.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a emplazar y notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte tercera interesada María del Carmen Patricia Ortiz Sánchez y Sara Brillante Ortiz Sánchez, los acuerdos de veintitrés de julio así como los diversos de seis y trece ambos de agosto de dos mil veintiuno, que a la letra dicen: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. ADMISIÓN Y ANOTACIONES Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6, 35, 107, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 583/2021-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público Federal de la adscripción a través del correo electrónico oficial, acorde a lo establecido en los numerales 28, fracción III, 30, fracción I, primer párrafo, de la ley de la materia y 67 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para lo cual se le corre traslado con copia autorizada de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia de ley a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismos actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que, de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. REQUERIMIENTO A JUEZ DE ORÍGEN Requiérase al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a efecto de que también informe si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismos actos reclamados o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró. TERCERO INTERESADO Se reserva acordar lo conducente respecto al emplazamiento de la persona o personas a quienes les recaiga el carácter de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos únicamente de carácter personal el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las 09:00 a 18:00 horas en días hábiles, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 13:45 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese, por lista a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ... ACUERDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de agosto de dos mil veintiuno. De las constancias que integran este juicio, se aprecia que le recae el carácter de terceros interesados, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez, quienes tienen su domicilio en calle Quetzales, número tres, Las Alamedas, código postal 52970, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el domicilio referido y notifique y emplace a los citados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, haciéndoles saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Además, deberá requerirles para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta data, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese, y personalmente a la parte tercero interesada. OTRO AUTO: Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el fedatario adscrito manifiesta su imposibilidad para emplazar a los terceros interesados José Eduardo, María del Carmen Patricia y Sara Brillante, todos de apellidos Ortiz Sánchez. Ahora bien, toda vez que de autos se desprende un diverso domicilio en el que pueden ser notificadas dichas personas, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle La Paz, número 17, fraccionamiento Las Américas, Naucalpan de Juárez, Estado de México y notifique y emplace a los citados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia de la demanda, auto admisorio, proveído de seis de agosto del año en curso y del presente proveído, haciéndoles saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Además, deberá requerirles para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a los terceros interesados en el domicilio ordenado.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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