Marco Antonio Jiménez López

Expediente 174/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
174/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Jiménez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado por el Coronel Policía Militar, Diplomado de Estado Mayor Brenty Fortuna Hernández, en su calidad de Comandante del Sexto Batallón de Operaciones Especiales, por sí y en su carácter de superior jerárquico del Mayor de Infantería Adolfo López Mateo y del Sargento Segundo Policía Militar Luís Alejandro Juárez Álvarez, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite diversas constancias para acreditar su dicho. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días legalmente computado, acate en sus términos la ejecutoria de amparo que se concedió a la parte quejosa para que realice lo siguiente: "1. Se dejen sin efectos las órdenes de arresto por quince días de cinco y seis de febrero de dos mil veintitrés, así como todas sus consecuencias. 2. En caso de que respecto a la orden de cinco de febrero, considere procedente emitir nueva medida correctiva de arresto, se deberá fundamentar y motivar, la procedencia de su imposición y justificar el por qué no es procedente imponer otro correctivo disciplinario; así como motivar y sustentar la graduación que se determine. Se destaca que en el supuesto de imponer nuevamente como medida correctiva el arresto, se deberá descontar el tiempo que el quejoso ya haya cumplido de sanción." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, por desacato a un mandato judicial. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este Juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerdo lo conducente; con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Con el fin de privilegiar el uso de medios electrónicos que permitan la continuación del juicio en línea, la información antes indicada podrán remitirla al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, pudiendo solicitar la confirmación de recepción en el teléfono 53870500 extensión 1231 o por el mismo medio. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de las autoridades que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional, por medio del cual informa que el oficio 11279/2023 dirigido al Coronel Policía Militar, Diplomado de Estado Mayor Brenty Fortuna..., Comandante del 6/o. Batallón de Operaciones Especiales, debe ser entregado en el domicilio que ocupa el Campo Militar Número 25-A "Cadete Vicente Suarez" Puebla, Puebla; en tales condiciones se ordena reexpedir el citado oficio el cual deberá de ser entregado a la citada autoridad en el referido campo castrense, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 174/2023-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado vía electrónica el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido en esa misma data, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Juan Toledo Toledo, en representación de Marco Antonio Jiménez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Suspensión de plano y ratificación. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el número 174/2023-I, y decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, y ordenó la ratificación de la misma, circunstancia que se llevó a cabo el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Trámite. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta de tres de mayo de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos de autoridad militar que tienen ejecución material en el territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama del Coronel Policía Militar, Diplomado de Estado Mayor Brenty Fortuna Hernández en su calidad de Comandante del Sexto Batallón de Operaciones Especiales, del Mayor de Infantería Adolfo López Mateo y del Sargento Segundo Policía Militar Luís Alejandro Juárez Álvarez: La privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo de los correctivos disciplinarios impuestos el cinco y seis de febrero de dos mil veintitrés, en la modalidad de arresto. La inscripción de los correctivos disciplinarios en el memorial de servicio del quejoso. TERCERO. Existencia. El Coronel Policía Militar, Diplomado de Estado Mayor Brenty Fortuna Hernández en su calidad de Comandante del Sexto Batallón de Operaciones Especiales, por sí y en representación del Mayor de Infantería Adolfo López Mateo y del Sargento Segundo Policía Militar Luís Alejandro Juárez Álvarez, al momento de rendir sus informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados (promociones 3612, 3613 y 4643). La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por dicha responsable en apoyo a su informe con justificación, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. En ese sentido, las autoridades responsables consideraron que en el caso se actualizan las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV. El referido numeral y fracciones, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Ahora bien, dichas causas de inejercitabilidad del juicio constitucional guardan una estrecha relación entre sí, pues hacen referencia al consentimiento o aceptación de los actos de autoridad, así como de sus consecuencias, el cual puede manifestarse de diversas maneras: de forma expresa, por manifestaciones que impliquen el consentimiento, o bien, de forma tácita. Así, para que las causas de improcedencia analizadas puedan actualizarse es necesario que el quejoso consienta el acto reclamado, ya sea de manera expresa o de forma implícita. Este consentimiento se da cuando el quejoso manifiesta su allanamiento, anuencia o conformidad, de forma indudable y completa, con la decisión y consecuencias del acto reclamado, lo cual evidencia su desinterés por que sea analizada la constitucionalidad del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Cobra aplicación la tesis aislada sin número, séptima época, registro 232527, del Tribunal Pleno, 19 de agosto de 1980, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Dicho criterio fue retomado por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 219/2009, en la que estableció que, para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo, un acto se considera consentido cuando concurran los siguientes requisitos: a) La existencia del acto o ley: no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) La conformidad expresa del quejoso o las manifestaciones de voluntad que revelen esa aceptación voluntaria, pues al no ser así, aunque la parte quejosa estuviere conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento: puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Por tanto, cuando efectivamente concurran los requisitos señalados con anterioridad se estará en presencia de un acto consentido, pues la aquiescencia del quejoso evidencia su conformidad con el acto reclamado y, con ello, su falta de interés en que sea analizada su constitucionalidad por el órgano jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, el suscrito considera que resultan infundadas, las causas de improcedencia en razón que si bien se acreditó la existencia de los actos, lo cierto es que no existe manifestación expresa o tácita del consentimiento, ni se advierte alguna manifestación de voluntad que entrañe éste. Es así, dado que el hecho de que el quejoso, al momento en que se le otorgó garantía de audiencia, asentara la expresión "conforme", no implica que consintiera de forma expresa los arrestos impuestos por la autoridad militar responsable, pues dicha expresión pudo referirse a la propia notificación, o bien a la recepción de las constancias relativas o al entendimiento de lo que se le informaba. Por otra parte, en cuanto a manifestaciones de voluntad que entrañen el consentimiento, éstas se traducirían en acciones del quejoso que manifestaran su sometimiento a lo determinado por la responsable, lo que claramente no se actualiza, en atención a que el quejoso se encuentra promoviendo la presente instancia en contra de dichos actos de autoridad. Finalmente, respecto al consentimiento tácito, éste no se actualiza, pues la demanda fue presentada dentro del término a que se refieren los numerales 17, primer párrafo y 18, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados (arrestos), fueron hechos del conocimiento del quejoso el cinco y seis de febrero de dos mil veintitrés, por lo cual, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete del mismo mes y año, resulta evidente que ésta fue presentada dentro del término de quince días a que se refieren los numerales en mención. Atento a ello, resultan infundadas las causas de improcedencia invocadas por las responsables. Así, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia diversa, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer diversos conceptos de violación en su demanda de amparo, sin que sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI (mayo de 2010), Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio. A continuación, se examinará la constitucionalidad de los actos combatidos. Son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de justicia federal, los conceptos de violación consistentes en que se vulneró en perjuicio del quejoso el contenido de los numerales 14 y 16 constitucionales, relativos a los principios de legalidad y seguridad jurídica, mismos que, en lo que interesa, prevén: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, en la medida en que tutela el derecho del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en estado de indefensión. La esencia del derecho a la seguridad jurídica versa sobre la premisa relativa a "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad, y, respecto de los actos legislativos, exige el establecimiento de normas que otorguen certeza a los gobernados. Así, el artículo 16 de la Ley Fundamental contiene la tutela de la seguridad jurídica de la situación del gobernado frente a la regulación existente y la conducta del Estado, el cual constriñe a que la ley de que se trate contenga los elementos mínimos y necesarios para hacer valer el derecho del interesado y evitar así, que se generen actitudes arbitrarias por parte del poder público. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.- La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." En esa perspectiva, el principio constitucional de seguridad jurídica tiene por objeto, a nivel normativo, desde un aspecto positivo, que los gobernados tengan plena certeza del contenido del ordenamiento jurídico existente, a grado tal que puedan conocer los alcances y consecuencias de las hipótesis normativas que el legislador ha contemplado, así como también el ámbito de competencia y de actuación de las instituciones y autoridades del poder público, para que con ello, desde un ámbito negativo, estén en aptitud de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades y, en caso de que ello suceda, poder acceder a los remedios jurídicos o medios de defensa conducentes. Conforme a ello, la seguridad jurídica se erige como uno de los ejes rectores que regulan la interacción entre el Estado y los gobernados, debido a que, en tanto los dispositivos legales se revistan de certeza, posibilitarán a los particulares conocer las facultades y aptitudes que se le permitieron a la autoridad, ello con la finalidad de evitar la actualización de conductas arbitrarias o desproporcionadas y excesivas y, en el supuesto de suscitarse, los ciudadanos tengan la certeza de hacer valer sus derechos. Ahora bien, parte fundamental del derecho a la seguridad jurídica, lo constituye el hecho de que los actos de autoridad deban de estar debidamente fundados y motivados, es decir, la autoridad se encuentra obligada a señalar con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto (fundamentación) y expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto (motivación); además, es necesario que exista un nexo entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, quede evidenciado que las hipótesis normativas encuadran en el caso concreto. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143, volumen 97-102, del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, del rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Conviene de igual forma precisar que existe diferencia entre la falta y la indebida fundamentación y motivación de los actos de autoridad; cuestión que es importante distinguir, pues en el juicio de amparo se traduce en una repercusión tanto en el estudio de los conceptos de violación como, en su caso, en la posible concesión de la protección federal. En este sentido, la falta de fundamentación y motivación se traduce, en cuanto a la primera garantía, en una inexistencia en la cita de los preceptos legales en los que la autoridad base su actuación, y en cuanto a la segunda, en una ausencia total de las circunstancias especiales o razones particulares que tuvo en cuenta la autoridad para la emisión del acto. Por su parte, la indebida fundamentación y motivación se traducen, en el primer caso, en que si bien existe una cita de preceptos legales éstos no son aplicables al caso en concreto y, en el segundo, en que aun cuando se dan razones o argumentos, ellos no correspondan a los hechos, o bien cuando los argumentos que se dan en el acto no corresponden a las normas aplicadas. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/52 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro electrónico 173565, correspondiente a la Novena Época de título, subtítulo y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Ahora bien, los actos reclamados consisten en dos correctivos disciplinarios impuestos al quejoso, en su modalidad de arresto, con duración de quince días cada uno, ello por la comisión de faltas a la disciplina militar. Estudio del correctivo disciplinario de cinco de febrero de dos mil veintitrés. Los correctivos disciplinarios se encuentran regulados en el capítulo III de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dispone, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 24 Ter.- Correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito." "Artículo 24 Quáter.- Los correctivos disciplinarios se clasifican en: I.- Amonestación; II.- Arresto, y III.- Cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta, determinado por el Consejo de Honor." Artículo 24 Quinquies.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno, de palabra o por escrito, la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes; invitándolo a corregirse. En ambos casos, quien amoneste lo hará de manera que ningún individuo de menor categoría a la del aludido se aperciba de ella, procurando observar en estos casos la discreción que les exige la disciplina. Queda prohibida la reprensión que, por ser afrentosa y degradante, es contraria a la dignidad militar. "Artículo 25.- El arresto es la reclusión que sufre un militar en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio. En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, por estar el militar a disposición de su Comandante o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación. "Artículo 26.- Si el que impone el correctivo no tiene bajo su mando directo la tropa a que pertenece el que comete la falta, ordenará el arresto y dará cuenta a la autoridad militar correspondiente, siendo ésta quien fijará la duración del castigo, teniendo en consideración la jerarquía de quien lo impuso, la falta cometida y los antecedentes del subalterno." "Artículo 28.- Toda orden de arresto deberá darse por escrito. En caso de que un militar se vea precisado a imponerlo por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicha orden deberá ser ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes, anotando el motivo y fundamento de la misma, así como la hora; en caso de que no se ratifique, la orden quedará sin efecto." "Artículo 31.- El militar que ejerce Superioridad jerárquica o de cargo, podrá imponer correctivos disciplinarios. "Superioridad jerárquica" es la que corresponde a la dignidad militar que representa el grado, con arreglo a la escala del Ejército y Fuerza Aérea. Superioridad de cargo es la inherente a la comisión que desempeña un militar, por razón de sus funciones, y de la autoridad de que está investido." "Artículo 32.- Tienen facultad para imponer arrestos a sus subalternos en jerarquía o cargo, los Generales, Jefes, Oficiales y clases." "Artículo 33.- Los arrestos se impondrán a: I.- Los Generales y Jefes, hasta por 24 y 48 horas, respectivamente; II.- Los Oficiales, hasta por ocho días, y III.- La Tropa, hasta por quince días. Los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que no tengan destino fijo y se encuentren en disponibilidad, cumplirán los arrestos que se les impongan en cualquiera de los recintos militares señalados en el artículo 25 de esta Ley. Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio. El Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para amonestar, así como para imponer y graduar arrestos a los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, hasta por quince días." "Artículo 33 Bis.- Tienen facultad para graduar arrestos: I.- El Secretario, Subsecretario y Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y II.- En las tropas a su mando: a) Los Comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, los Comandantes de Mandos Territoriales, de Unidades y Organismos Circunstanciales; b) Los Directores Generales de las Armas y Servicios, y c) Los Directores y Jefes de Dependencias e Instalaciones. En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en quien los suceda en el mando o cargo." "Artículo 33 Ter.- Todo militar facultado para graduar arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, al cargo, a los antecedentes del infractor, a las circunstancias, al grado que ostente y al cargo de quien lo impuso. Cuando a juicio del que deba graduar el correctivo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. El militar facultado para graduar arrestos, podrá dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación." "Artículo 33 Quáter.- El que haya recibido orden de arresto, deberá comunicar al superior de quien dependa así como al que se la impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Los Generales, Jefes y Oficiales lo harán por escrito y la Tropa de forma verbal." "Artículo 33 Quinquies.- El militar que esté cumpliendo un arresto y se haga acreedor a otro, empezará a cumplir este último desde el momento en que se le comunique." Por su parte el artículo del Reglamento General de Deberes Militares en su numeral 47, dispone: "ARTÍCULO 47.- Todo el que infrinja un precepto reglamentario, se hará acreedor a una sanción disciplinaria, de acuerdo con su jerarquía en el Ejército y la magnitud de su falta. Si ésta constituye un delito, que dará sujeto al proceso correspondiente, de acuerdo con el Código de Justicia Militar. La Superioridad tiene, entre otras características, la facultad de corregir, y por lo tanto, el que la ejerce, jerárquica o de cargo, tendrá derecho a imponer correctivos disciplinarios." De los preceptos transcritos es posible advertir la forma en la que se regula la imposición de los correctivos disciplinarios, entre los cuales se encuentra la amonestación, así como el arresto, mismo que se llevará a cabo en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y el que también puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio, siendo que en la primer hipótesis, el elemento podrá desempeñar aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, y en la segunda, sí podrá desempeñar los servicios que requieran de ello. Asimismo, se establece que la orden de arresto deberá darse por escrito, salvo la excepción prevista, por quienes se encuentran legitimados para ello, quienes deberán graduar la sanción tomando en consideración que sea proporcional (1) a la falta cometida, (2) a la jerarquía, (3) al cargo, (4) a los antecedentes del infractor, (5) a las circunstancias, (6) al grado que ostente y (7) al cargo de quien lo impuso. Ahora bien, de acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 150/2018, a partir de un análisis de la Ley de Disciplina ya invocada, estableció que en sus orígenes ésta únicamente preveía el arresto y el cambio de cuerpo o comisión como medidas disciplinarias al interior del Ejército y la Fuerza Aérea. Luego, en dos mil cuatro, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas, además de introducir distintas variantes al arresto, se incorporó la figura de la amonestación al catálogo existente de correctivos disciplinarios castrenses. Concretamente, en el artículo 24 Quinquies -ya citado-, se estableció que la amonestación constituye un llamado de atención que hace un superior a un subalterno, advirtiéndole del incumplimiento de sus deberes e invitándole a que corrija su comportamiento. Así, concluyó que la imposición de una amonestación no busca generar afectación alguna en la esfera jurídica del militar sancionado, ni persigue desincorporar algún derecho de la misma, ni siquiera de forma provisional. Lo anterior, atendió a la premisa de que la disciplina militar no se conseguía simplemente imponiendo castigos severos a las infracciones, sino mediante una oportuna aplicación de correctivos, los cuales debían ser aplicados con pleno respeto a los derechos humanos, en forma inmediata a la falta cometida y bajo criterios de prudencia y utilidad para el servicio. Esto, -dijo- reveló claramente la intención del Ejecutivo Federal de dotar a las autoridades castrenses de un nuevo mecanismo puramente preventivo para evitar generar una afectación en la esfera jurídica del militar cuando la falta cometida no ameritara la privación que conllevan tanto el arresto como el cambio de adscripción. Es decir, a través de la imposición de la amonestación se prevendrían las infracciones antes de llegar a una instancia sancionatoria privativa. De este modo, las reformas legislativas transformaron el régimen disciplinario del Ejército para que el arresto militar pasara de ser la regla a ser la excepción y sólo pudiera imponerse en aquellos casos en los que la gravedad de la conducta ameritara la restricción de la libertad deambulatoria del responsable. Por tanto, cuando los mandos militares concluyen que la sanción que corresponde a la gravedad de la falta es el arresto militar, queda claro que el objeto perseguido ya no es únicamente prevenir una violación a la disciplina castrense por parte del infractor ni por el resto de los efectivos militares, sino también restringir la libertad deambulatoria del militar infractor por haber violado las leyes y reglamentos militares. De ahí que, en efecto, la Ley de Disciplina contemple diversos correctivos disciplinarios los cuales deberán ser valorados por el elemento castrense que los imponga a efecto de determinar qué medida aplicará y graduar su imposición. De acuerdo con lo ya estudiado, se advierte que las autoridades castrenses tienen la facultad de imponer medidas disciplinarias, no obstante, al realizarlo se encuentran obligadas a realizar un análisis sobre la medida que ha de imponerse, pues tal como se señaló, existen diversas medidas correctivas, mismas que implican una incidencia diferente en los derechos o prerrogativas del sancionado, pues mientras que la amonestación tiene el carácter de preventivo, el arresto y el cambio de unidad, constituyen medidas privativas definitivas. De ahí que, en primer lugar las autoridades deben razonar los motivos por los cuales el quejoso se hizo acreedor a la medida elegida y establecer motivadamente la razón por la cual se determinó ésta. En segundo lugar, es decir, una vez determinada la sanción, la autoridad castrense la hará efectiva respetando los lineamientos establecidos en la propia Ley de Disciplina. Así, por ejemplo, los lineamientos para llevar a cabo una amonestación de conformidad con el artículo 24 Quinquies, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son los siguientes: 1) deberá hacerse de manera que ningún individuo de menor categoría a la del sancionado se aperciba de ella; 2) se deberá procurar observar la discreción que exige la disciplina; y, 3) queda prohibida la reprensión que, por ser afrentosa y degradante, sea contraria a la dignidad militar. Por su parte, para la imposición del arresto, conforme a los numerales 25, 26 y 33 del señalado ordenamiento, deberá determinarse la duración del mismo, misma que podrá ser desde veinticuatro horas y hasta quince días, ello dependiendo de diversas circunstancias tales como: la falta cometida, la jerarquía, el cargo, los antecedentes del infractor, las circunstancias, el grado que ostente y el cargo de quien lo impuso. Asimismo, deberá determinarse si el arresto se decretará con o sin perjuicio del servicio, lo que también implicará la justificación respectiva, pues dicha circunstancia también dependerá de la valoración que realice el militar superior de la falta cometida. Establecido lo anterior, del acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable citó diversos preceptos como fundamentación a su determinación dictada el cinco de febrero de dos mil veintitrés, a saber: 13, 14, 16, 21 y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal; 24 Ter, 24 Quater, fracción II, 25, 28, 32 y 33 Ter de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y, 47, 48, 49, fracción II, 50, párrafo segundo, 51 y 53, del Reglamento General de Deberes Militares; Los cuales, en esencia, prevén la existencia de las garantías de debido proceso, legalidad y del fuero de guerra para conocer los delitos y faltas contra la disciplina militar, en el entendido que de las faltas conocen los Consejos de Honor y los superiores jerárquicos y de cargo. Asimismo, en qué consiste el arresto como correctivo disciplinario; la obligación de imponerlo por escrito y, en caso de que un militar se vea precisado a imponerlo verbalmente, surtirá efectos de inmediato, pero deberá ratificarlo por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, anotando el motivo y fundamento, con o sin perjuicio del servicio; a quiénes se puede imponer; quiénes tienen facultad para imponerlo; el imperativo de que sea proporcional a la falta cometida, la jerarquía, los antecedentes del infractor y a las circunstancias. Sin embargo, en el caso, no se desprenden las razones por las cuales la responsable determinó imponer en un primer momento, el arresto como correctivo, pues únicamente señaló: "que uno de los correctivos disciplinarios es el arresto", y por tanto, procedió a imponerlo. No obstante, no realizó al menos algún razonamiento para justificar la procedencia o pertinencia del correctivo impuesto, pues tal como se ha hecho notar, existen correctivos con mayor incidencia en la esfera del sancionado que otros, por lo cual, la autoridad debió motivar las razones por las cuales consideró que era procedente la imposición de un correctivo de naturaleza privativa, sobre uno de naturaleza preventiva. Sirve de sustento la Jurisprudencia 2a./J. 157/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021194, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 428, de rubro y texto: "ARRESTOS MILITARES. LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REPRESENTAN ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL Y NO MEROS ACTOS DE MOLESTIA. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/96, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", dispone que para distinguir entre los actos privativos y los de molestia "debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En esta tesitura, del análisis gramatical, teleológico, sistemático-funcional y jurisprudencial de los artículos 24 Ter, 24 Quáter, 25, 33 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 47 del Reglamento General de Deberes Militares, se advierte que los arrestos militares impuestos a los miembros de estas dos corporaciones tienen como finalidad sancionar la comisión de faltas contra la disciplina militar previstas en los ordenamientos castrenses con una restricción temporal a la libertad deambulatoria. Por consiguiente, con independencia de que con dichos correctivos disciplinarios se persigan propósitos de carácter formativo para el elemento involucrado o de intimidación ejemplar para los demás efectivos de las fuerzas armadas, los arrestos impuestos a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea representan verdaderos actos privativos de la libertad personal y no meros actos de molestia." Por otra parte, la autoridad responsable refirió haber hecho una graduación de la sanción en los términos siguientes: ".procedo a graduar el presente correctivo tomando en cuenta los aspectos siguientes: Que sea proporcional a la falta cometida.- Tratar de sorprender al mando al mando al esconder su teléfono celular en el bote de basura, mismo que fue localizado por el personal de contrainteligencia de la 1/a. Bgda. Pol. Mil., al pasar revista a la B.O. "Santa Teresa I", a fin de que se dé cumplimiento a las medidas en materia de contrainteligencia. A la jerarquía del infractor.- Soldado Policía Militar Al cargo.- sin cargo. A los antecedentes del infractor.- De acuerdo al expediente que se tiene formato (sic) al Soldado Policía Militar Marco Antonio Jiménez López (D-6328147), en el presente año, no cuenta con correctivos disciplinarios, por el mismo motivo que se le sanciona en esta ocasión. A las circunstancias en las que cometió la falta.- Tratar de sorprender al mando al mando al esconder su teléfono celular en el bote de basura, mismo que fue localizado por el personal de contrainteligencia de la 1/a. Bgda. Pol. Mil., al pasar revista a la B.O. "Santa Teresa I", a fin de que se dé cumplimiento a las medidas en materia de contrainteligencia. Al grado que ostenta quien le impone el arresto.- Mayor de Infantería. Al cargo de este.- Jefe de la Sección de Personal, Abastecimiento y Ayudantía. Se considera justo imponerle _____ horas 15 días de arresto." No obstante, si bien el artículo 33 Ter, establece que al momento de graduar la sanción deberá tomarse en cuenta (1) la falta cometida, (2) la jerarquía, (3) el cargo, (4) los antecedentes del infractor, (5) las circunstancias, (6) el grado que ostente quien impone el arresto y (7) el cargo de quien lo impuso, los cuales al parecer la responsable colmó uno a uno, lo cierto es que ésta no realiza ningún examen o análisis de graduación. En efecto, el referido numeral establece los elementos que habrán de tomarse en cuenta al momento de graduar el arresto, sin embargo, la autoridad, atendiendo a cada uno de dichos aspectos, se encuentra constreñida a llevar a cabo un análisis motivado de la duración del arresto; sin embargo, en el caso ello no acontece, pues en el primer apartado, se limita a transcribir la conducta por la cual se impone la medida, sin establecer el grado o gravedad de la conducta sancionada para luego estar en posibilidad de establecer si la sanción es o no proporcional; de igual forma, establece en los antecedentes del infractor que no se desprenden correctivos anteriores por el mismo motivo, es decir, que no existe reincidencia en la conducta, sin embargo, no señala cómo es entonces que llega a la conclusión de imponer la sanción más alta si no existe reincidencia y si tampoco ha establecido la gravedad de la conducta. En ese sentido, se generan las interrogantes en el sentido siguiente: si un infractor llegase a cometer la misma falta que el quejoso, pero se encontrase que ha reincidido en ella, ¿correspondería la misma sanción que está recibiendo el quejoso?, ¿en qué punto entonces, se está graduando la sanción?, ¿qué circunstancia haría la diferencia entre uno y otro?. Por lo tanto, el suscrito considera que el contenido del numeral 33 Ter, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no constituye una "lista" que deba "llenarse" tal como lo realizó la responsable, sino que constituyen los parámetros que deberán de regir el análisis que llevará a cabo el militar sancionador y bajo los cuales deberá establecer la argumentación de la imposición de la medida. Sirve de apoyo a la anterior, los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J3 89/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, cuyo rubro y texto señalan: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor." En consecuencia, se consideran fundados los conceptos de violación en estudio y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal por cuanto hace al acto reclamado en estudio. Estudio del correctivo disciplinario de seis de febrero de dos mil veintitrés. En diverso contexto, por lo que hace a la diversa sanción de arresto impuesta al aquí quejoso, debe decirse que, si bien adolece de idénticos vicios a los señalados respecto a la primer sanción estudiada, lo cierto es que el suscrito, en suplencia de la queja, en términos del numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, advierte que dicha sanción se encuentra fundamentada en un acto viciado de origen. Se explica. Conforme a los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables, por lo cual, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. En atención a ello, debe decirse que del oficio a través del cual se impone al quejoso el correctivo disciplinario de arresto en estudio, se advierte que el motivo de la sanción, lo es el siguiente: ".habérsele detectado conversaciones en su teléfono celular, durante la revista de medidas de contrainteligencia por parte del personal de la 1/a. Bgda. Pol. Mil., donde se presumen actividades ilícitas (narcomenudeo) de conformidad con la ley general de salud demostrando con esto falta de profesionalismo en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, siendo un mal ejemplo para sus compañeros" Atento a ello, se advierte que la sanción deriva de la revisión de las comunicaciones que el quejoso resguardaba en su teléfono celular, sin que se advierta que dicha inspección hubiese derivado de un mandato de autoridad, ni se contara con la autorización de la autoridad federal correspondiente, por lo cual, al estar sustentado dicho correctivo disciplinario en un acto inconstitucional de origen, éste no debe prevalecer. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 431, Décima Época, con número de registro 2002741, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional; sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno." En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marco Antonio Jiménez López, para que: 1. Se dejen sin efectos las órdenes de arresto por quince días de cinco y seis de febrero de dos mil veintitrés, así como todas sus consecuencias. 2. En caso de que respecto a la orden de cinco de febrero, considere procedente emitir nueva medida correctiva de arresto, se deberá fundamentar y motivar, la procedencia de su imposición y justificar el por qué no es procedente imponer otro correctivo disciplinario; así como motivar y sustentar la graduación que se determine. Se destaca que en el supuesto de imponer nuevamente como medida correctiva el arresto, se deberá descontar el tiempo que el quejoso ya haya cumplido de sanción. Por lo anteriormente expuesto, fundado, se R E S U E L V E ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Jiménez López, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando SEXTO de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la representación social federal de la adscripción y mediante oficio a la autoridad responsable.

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