Marco Antonio Hernández García

Expediente 1170/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernández García
  • Raúl Franco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a sus antecedentes para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por el quejoso, mediante la cual solicita copia certificada de todo actuado dentro del presente juicio de amparo. Copia. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, debidamente certificadas cual lo establece de manera imperativa, no potestativa, el último de los preceptos legales señalados. En virtud de que el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión del quejoso, y de manera personal le haga entrega de las copias solicitadas. A lo anterior, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Décima época, tomo 1, libro 7, de texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RELUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido". Notifíquese personalmente al en el lugar en el que se encuentra recluido.

  2. Principal

    se notifica por lista a la asesora juridica:Escrito. Agréguese a sus antecedentes para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por el quejoso, mediante la cual solicita copia certificada de todo actuado dentro del presente juicio de amparo. Copia. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, debidamente certificadas cual lo establece de manera imperativa, no potestativa, el último de los preceptos legales señalados. En virtud de que el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión del quejoso, y de manera personal le haga entrega de las copias solicitadas. A lo anterior, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Décima época, tomo 1, libro 7, de texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RELUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido". Notifíquese personalmente al en el lugar en el que se encuentra recluido.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual en torno a la vista otorgada en autos realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos y refiere la posible actualización de una causal de improcedencia en este juicio. Alegatos. En atención a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngasele haciendo las manifestaciones en vía de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA ASESORA JURIDICA:Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que se ordenó su notificación personal en diverso proveído de once de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y asesor jurídico.

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