Marco Antonio Gómez Hernández

Expediente 875/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 55 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
875/2017
Año
2017
Actuaciones
55
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Gómez Hernández
  • Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector; por lo cual, lo conducente, en el caso, es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No lo solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de treinta de mayo de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con números de referencias 758441808 y 758441830. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades que enteró en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por cada inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); así como el cobro proporcional que con base en dicha tarifa se calculen las contribuciones accesorias relativas al fomento a la educación y seguridad y el impuesto adicional; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila. Por tanto, la devolución solo comprenderá el excedente de las cantidades realmente pagadas por los quejosos por concepto de derechos registrales, puesto que no quedan eximidos de pagar el servicio prestado por el Registro Público, ya que el amparo solo implica remediar la inconstitucionalidad de un elemento variable y no todo el mecanismo del derecho cuestionado, por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución". Impugnación. Inconformes con la sentencia, la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, y en auxilio el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "1. Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al haber resultado inconstitucionales y, por ende, deben ser desincorporados de su esfera jurídica. 2. En relación con el acto de aplicación de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, consignados en los recibos con números de referencias 758441808 y 758441830, de treinta de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, la autoridad fiscal correspondiente del Estado de Coahuila, deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que por derechos por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio haya realizado con apoyo en dichos preceptos legales; y al no haberse demostrado la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la legislación en consulta, la parte quejosa no queda liberada de pagar las cuotas de diez mil pesos establecidas en los últimos preceptos legales. 3. Finalmente, como los pagos realizados por la parte quejosa bajo los conceptos de fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, en parte se apoyaron a su vez en los montos cubiertos en términos de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, la autoridad fiscal también deberá devolver las cantidades pagadas por los conceptos de fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, en la medida que guarden correspondencia con la devolución que habrá de hacerse con motivo de la desincorporación de la esfera jurídica de los artículos declarados inconstitucionales". Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, seis de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal, el once y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y manifestó que dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los recibos 758441808 y 758441830. Vista con cumplimiento. Con las constancias remitidas, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa. Incidente de inejecución. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se aperturó el incidente de inejecución de sentencia. Substanciación del recurso de inconformidad. Al substanciarse ese medio de impugnación en sus términos, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia penal 22/2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, determinó devolver los autos del presente juicio de amparo, para aperturar un incidente innominado en términos del párrafo cuarto artículo 193 de la Ley de Amparo, a fin que se desahogara un dictamen pericial contable para establecer la cantidad exacta a devolver a la parte quejosa por la autoridad responsable por concepto de actualizaciones. Trámite del incidente innominado. Mediante proveído de tres de enero de dos mil veinte, este juzgado federal aperturó el incidente innominado ordenado en autos, en términos del párrafo cuarto artículo 193 de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 66 y 67 del propio ordenamiento, y ordenó girar oficio al Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República de esta ciudad, a fin que proporcionara un perito en materia de contabilidad. Asimismo, se ordenó correr traslado a las partes con copia de la resolución pronunciada por el tribunal de alzada, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés legal correspondiera; sin que las partes ofrecieran pruebas de su intención. Desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió el dictamen pericial en materia de contabilidad, signado por Norma Verónica Rosales Gutiérrez, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República; el cual fue ratificado el nueve de octubre de dos mil veinte por su emisora. Audiencia en el incidente innominado. Seguido los trámites procesales, el nueve de octubre de dos mil veinte, se otorgó vista a las partes con el contenido del dictamen pericial en materia de contabilidad rendido en autos, y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley de Amparo, con relación al párrafo cuarto del numeral 193 del propio ordenamiento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Sentencia interlocutoria del incidente innominado. Mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal determinó que en términos de lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, y con apoyo en lo determinado en el dictamen pericial en materia de contabilidad desahogado en la incidencia, restó por devolver a la parte quejosa Marco Antonio Gómez Hernández, la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional). Por su parte, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que puso a disposición del quejoso, en distintas ocasiones, el cheque número 22145, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida, sin que la efecto, éste hubiere acudido a recogerlo en sus instalaciones. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758441808 y 758441830, por la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, con el valor probatorio antes concedido, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758441808 y 758441830, por la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia, sin que ésta hubiere acudido a recoger el citado título de crédito a las oficinas de la autoridad responsable. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues incluso, ante la renuencia injustificada del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de treinta de mayo de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con números de referencias 758441808 y 758441830. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades que enteró en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por cada inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); así como el cobro proporcional que con base en dicha tarifa se calculen las contribuciones accesorias relativas al fomento a la educación y seguridad y el impuesto adicional; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila. Por tanto, la devolución solo comprenderá el excedente de las cantidades realmente pagadas por los quejosos por concepto de derechos registrales, puesto que no quedan eximidos de pagar el servicio prestado por el Registro Público, ya que el amparo solo implica remediar la inconstitucionalidad de un elemento variable y no todo el mecanismo del derecho cuestionado, por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución". Impugnación. Inconformes con la sentencia, la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, y en auxilio el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "1. Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al haber resultado inconstitucionales y, por ende, deben ser desincorporados de su esfera jurídica. 2. En relación con el acto de aplicación de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, consignados en los recibos con números de referencias 758441808 y 758441830, de treinta de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, la autoridad fiscal correspondiente del Estado de Coahuila, deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que por derechos por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio haya realizado con apoyo en dichos preceptos legales; y al no haberse demostrado la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la legislación en consulta, la parte quejosa no queda liberada de pagar las cuotas de diez mil pesos establecidas en los últimos preceptos legales. 3. Finalmente, como los pagos realizados por la parte quejosa bajo los conceptos de fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, en parte se apoyaron a su vez en los montos cubiertos en términos de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, la autoridad fiscal también deberá devolver las cantidades pagadas por los conceptos de fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, en la medida que guarden correspondencia con la devolución que habrá de hacerse con motivo de la desincorporación de la esfera jurídica de los artículos declarados inconstitucionales". Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, seis de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal, el once y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y manifestó que dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los recibos 758441808 y 758441830. Vista con cumplimiento. Con las constancias remitidas, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa. Incidente de inejecución. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se aperturó el incidente de inejecución de sentencia. Substanciación del recurso de inconformidad. Al substanciarse ese medio de impugnación en sus términos, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia penal 22/2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, determinó devolver los autos del presente juicio de amparo, para aperturar un incidente innominado en términos del párrafo cuarto artículo 193 de la Ley de Amparo, a fin que se desahogara un dictamen pericial contable para establecer la cantidad exacta a devolver a la parte quejosa por la autoridad responsable por concepto de actualizaciones. Trámite del incidente innominado. Mediante proveído de tres de enero de dos mil veinte, este juzgado federal aperturó el incidente innominado ordenado en autos, en términos del párrafo cuarto artículo 193 de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 66 y 67 del propio ordenamiento, y ordenó girar oficio al Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República de esta ciudad, a fin que proporcionara un perito en materia de contabilidad. Asimismo, se ordenó correr traslado a las partes con copia de la resolución pronunciada por el tribunal de alzada, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés legal correspondiera; sin que las partes ofrecieran pruebas de su intención. Desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió el dictamen pericial en materia de contabilidad, signado por Norma Verónica Rosales Gutiérrez, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República; el cual fue ratificado el nueve de octubre de dos mil veinte por su emisora. Audiencia en el incidente innominado. Seguido los trámites procesales, el nueve de octubre de dos mil veinte, se otorgó vista a las partes con el contenido del dictamen pericial en materia de contabilidad rendido en autos, y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley de Amparo, con relación al párrafo cuarto del numeral 193 del propio ordenamiento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Sentencia interlocutoria del incidente innominado. Mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal determinó que en términos de lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, y con apoyo en lo determinado en el dictamen pericial en materia de contabilidad desahogado en la incidencia, restó por devolver a la parte quejosa Marco Antonio Gómez Hernández, la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional). Por su parte, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que puso a disposición del quejoso, en distintas ocasiones, el cheque número 22145, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida, sin que la efecto, éste hubiere acudido a recogerlo en sus instalaciones. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758441808 y 758441830, por la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, con el valor probatorio antes concedido, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758441808 y 758441830, por la cantidad de $1,110.05 (mil ciento diez pesos 05/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia, sin que ésta hubiere acudido a recoger el citado título de crédito a las oficinas de la autoridad responsable. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues incluso, ante la renuencia injustificada del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que advierte que en proveído de diez de agosto del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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