Marco Antonio Guzmán Zuñiga
Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Guzmán Zuñiga
Actuaciones
- Principal
1. Informe sobre cumplimiento de ejecutoria. Visto lo de cuenta, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado, mediante el cual informa que envió oficio al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con Residencia en la ciudad de León, Guanajuato, así como del comprobante de envío de dicho exhorto vía Servicio Postal Mexicano mediante los cuales se solicita realice las acciones necesarias a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. 2. Requerimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente, al en que reciba la respuesta de parte del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con Residencia en la ciudad de León, Guanajuato, lo haga saber de inmediato, junto con las acciones subsiguientes que realice para dar cumplimiento al fallo protector. 3. Apercibimiento. Apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria y, si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Certificación. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a las trece horas, me comuniqué vía telefónica al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de obtener información de la incompetencia emitida en este asunto, fui atendida por quien dijo llamarse María Mercedes Flores Magaña, oficial administrativo, quien me informó que mediante proveído de este misma fecha, aceptaron la competencia del juicio en que se actúa y admitieron a trámite la demanda. 2. Oficio. Agréguese a los autos el oficio del apoderado jurídico del Encargado de la Dirección General del CEFERESO no. 17 "CPS MICHOACÁN"; atento a su contenido, se le tiene informando que de ninguna manera se practican en contra de ninguna persona, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no obstante, giró instrucción a todos los directores del área, para el efecto de que se continúen salvaguardando la integridad física y psicológica del garante, así como para que ejerza su derecho a la comunicación con el exterior, a través de llamadas telefónicas, envío de cartas y visitas personales; por tanto, toda vez que mediante proveído de catorce de mayo del año en curso este juzgado declaró carecer de competencia para conocer del asunto, envíese el oficio de cuenta para que determine lo conducente. 2.1. Delegados y domicilio. Por otra parte, téngase como sus delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. 2.2. Se remite oficio que se acuerda al juez que conoce de este asunto. Dado que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es quien conoce actualmente de este asunto, remítase el oficio que se acuerda, previa copia que se deje en autos, para que determine lo que en derecho corresponda 3. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, por estar totalmente concluido, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. 3.1. Valoración. En términos del artículo 21 inciso i) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.2. Destrucción. De conformidad con el penúltimo párrafo, de artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya, que da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Rogelia Luna Cabrera, en cuanto defensora particular de Marco Antonio Guzmán Zúñiga, toda vez que manifiesta tener reconocida esa calidad en la causa penal 27/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con motivo de la cual su patrocinado su encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buena Vista, Tomatlán, municipio de Apatzingán, Michoacán, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Ordenadoras: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, residente en la Ciudad de México. Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS-Michoacán", residente en Buenavista, Tomatlán; Ejecutoras: Titular del área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS- Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán Titular del Área de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS- Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 523/2022. 1.2. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que se precisan como actos reclamados los siguientes: Incomunicación, segregación y tortura psicológica. Sin que pase inadvertido, que el escrito inicial de demanda no se encuentra firmado autógrafa, ni criptográficamente, toda vez que el quejoso directo se encuentra imposibilitado para promover la demanda por sí mismo, razón por la que la promovente instó la acción constitucional en su favor; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, se considera actualizado el supuesto referido en el primero de dichos numerales. 1.3. Suspensión de plano. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 22, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Marco Antonio Guzmán Zúñiga por lo que ve a los actos reclamados consistentes en la incomunicación, segregación y tortura, de la que es objeto el agraviado, para que de inmediato cesen. Por tanto, con fundamento en el artículo 15, del ordenamiento legal en consulta, se ordena a las autoridades responsables realizar todas las diligencias necesarias a fin de que de inmediato se acate la presente medida cautelar por los actos reclamados, así como por cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional en perjuicio del quejoso Marco Antonio Guzmán Zúñiga. Atento a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que tengan conocimiento del presente auto, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, informen sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización conforme al numeral 260, fracción IV de la ley reglamentaria, sin perjuicio de las restantes consecuencias del orden legal que se generen por su desacato. En el entendido que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato se realizará la consignación para el ejercicio de la acción penal en contra de la autoridad o autoridades responsables. 1.4. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los razonamientos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso directo Marco Antonio Guzmán Zúñiga se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS-Michoacán", residente en Buenavista, Tomatlán, municipio de Apatzingán, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en la demarcación territorial donde se encuentra recluido el quejoso. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, entre otros, en Buenavista Tomatlán, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que el quejoso directo se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría federal ahí establecida. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en el centro federal carcelario de Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde se encuentra recluido el agraviado, en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; por tanto, remítasele, vía interconexión, la referida demanda, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. 1.5. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión. 1.6. Notificación al quejoso. Ahora, toda vez que el quejoso Marco Antonio Guzmán Zúñiga, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "CPS- Michoacán", en Buenavista Tomatlán, con fundamento en los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo; gírese exhorto, vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, toda vez que de una consulta al Sistema de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que compete la guarda alta al similar en cita; ello, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique al quejoso este acuerdo. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que da fe.
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