Marco Antonio Fuentes Chávez
Expediente 43/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Fuentes Chávez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haber haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Acto seguido, procede dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-43/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al siguiente día, Marco Antonio Fuentes Chávez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra omisiones de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, 16 y 17 de la ley fundamental en cita. SEGUNDO. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró bajo el numeral III-43/2021; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado; se dio la legal intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento; y, finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verifico al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (competencia). Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 55 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. (precisión del acto reclamado). El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el informe justificado rendido por la autoridad responsable -a las que por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones constituyen documento público, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de radicar la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020. TERCERO. (Certeza del acto reclamado) El presidente de la junta responsable rindió el informe justificado que le correspondía en los términos siguientes: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega En primer lugar, resulta necesario señalar que, como se desprende del cuadro que antecede, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclaman, pues manifestó que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno radicó la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por tanto, se tiene por acreditada plenamente la existencia de la omisión reclamada al presidente de la junta señalada como responsable. QUINTO. (Causas de improcedencia). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso ninguna de las partes manifestó la existencia de causas de improcedencia, empero, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, respecto de la omisión atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cual se expondrá a continuación. En efecto, este juzgado de distrito considera actualizada la causa de improcedencia señalada en el párrafo anterior, pues los numerales en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Como puede observarse, los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causas de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la causa de improcedencia estudiada se actualiza respecto a la omisión de radicar la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020, atribuida al Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Cabe señalar que el Presidente de la Junta responsable acompañó al informe justificado copias certificadas del juicio laboral de origen, mismas que fueron valoradas en el considerando tercero de este fallo, respecto de la cual puede advertirse lo siguiente: 1. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó radicar la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020 y, entre otras cosas, ordenó notificar y emplazarse a los demandados. [Hasta aquí lo advertido de las constancias] En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de los presupuestos que han quedado precisados para que se actualice la causa de improcedencia invocada, respecto a la omisión reclamada a la Junta responsable. En ese sentido, si el acto reclamado era la omisión de radicar la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020 y, de acuerdo a la copia certificada de dicho contradictorio, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno radicó la demanda, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos de la omisión reclamada. En efecto, las constancias que obran en el sumario permiten establecer que cesaron los efectos de la omisión reclamada, lo cual actualiza la causa de improcedencia aludida de manera notoria, manifiesta e indudable, de tal forma que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y, por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a dicha omisión, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a la omisión de radicar la demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ordinario laboral 3D-542/2020, que el quejoso atribuyó a la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por los peticionarioss de amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de la omisión atribuida a la Actuaria responsable, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Sin otra causa de improcedencia que las partes hayan expresado, ni este órgano de control constitucional advierta que exista alguna otra que sea evidente, manifiesta e indudable, y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se concreta alguno de los demás supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime procedente analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado restante, esto es, el acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Fuentes Chávez contra la omisión atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, precisada en el cuarto considerando, por los motivos expuestos en el punto considerativo quinto de la presente sentencia.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que el plazo de quince días para que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rinda informe justificado, se encuentra transcurriendo, pues consta en autos que fue notificada el veintitrés de febrero pasado y, por ende, dicho plazo le fenece el diecisiete de los actuales, para dar margen a que se rinda dicho informe o bien, transcurra el plazo para hacerlo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las trece horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Federico Vieyra García, en contra del acto reclamado y autoridad, precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en la última consideración de este fallo. SEGUNDO. Esta sentencia se emite con esta fecha en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido el veintisiete de abril de dos mil veinte, en relación con la circular SECNO 7/2020, de seis de mayo del citado año, concretamente en el punto 17 del mismo. TERCERO. En observancia a la circular CAR 06/CCNO/2011, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, glósese después del presente fallo, el legajo que contenga las constancias de las actuaciones realizadas por este órgano jurisdiccional. CUARTO. En cumplimiento a la circular CAP/3/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, los autos del juicio de amparo 77/2020, serán devueltos al juzgado de origen una vez que se regularice el funcionamiento de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sin que sea necesario que dicho órgano jurisdiccional acuse recibo de esta sentencia y de sus autos una vez que los reciba.
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