Marco Antonio Gonzalez Chavez

Expediente 812/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
812/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Gonzalez Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda promovida por Elizabeth Anguiano Elizondo, contra "la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y su continuación en la que se resolvió Vinculación a Proceso y Medida de Prisión Preventiva Oficiosa, a la quejosa, de fechas 18 de Julio de 2019 y su continuación de fecha 23 de Julio de 2019, respectivamente, verificadas dentro de la Causa Penal 861/2019, iniciada a la suscrita ELIZABETH ANGUIANO ELIZONDO", reclamada del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, Primera Región Judicial, San Luis Potosí y otra autoridad; con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117, y relativos de la Ley de amparo, se admite la demanda en sus términos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 811/2019-II. Ahora bien, en este acto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se tiene a la vista la diversa demanda de amparo registrada con el número de control interno 10139, a la que le correspondió el número de juicio de amparo 812/2019-II, promovida por Marco Antonio González Chávez, por conducto de su defensor José Ramón Ramírez Muñiz, a través de la cual reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, Primera Región Judicial, San Luis Potosí, "el auto de vinculación a proceso. dictada dentro de la audiencia de fecha 23 de Julio del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-861/2019, en contra del C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CHÁVEZ, por el hecho que la Ley señalan como el delito de ATAQUE PELIGROSO." Bajo esas bases, resulta claro que los actos reclamados en los dos juicios de amparo señalados en párrafos que anteceden, consisten en el auto de vinculación a proceso dictada el veintitrés de julio del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-861/2019, en contra de los aquí quejosos Elizabeth Anguiano Elizondo y Marco Antonio González Chávez, por el delito de ataque peligroso. En virtud de lo anterior, de oficio se declara procedente la acumulación de la demanda de amparo registrada con el número 812/2019-II al presente 811/2019-II, por las consideraciones siguientes: Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta legislación disponen lo siguiente: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. Artículo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable. Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte que cuando dos o más asuntos guardan estrecha relación entre sí, ya sea por el hecho que los origina, la identidad de las partes o el contenido de sus reclamaciones, lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con la finalidad de evitar la emisión de varias sentencias que pudieran ser contradictorias; incidencia que puede ser instada de oficio y a petición de parte. Precisado lo anterior, se colige que en el caso se actualizan los supuestos que para la acumulación prevé el numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, como se anticipó, resulta procedente la acumulación planteada, pues no obstante que los referidos juicios fueron promovidos por distintos quejosos, en el caso Elizabeth Anguiano Elizondo y Marco Antonio González Chávez, lo cierto es que en cada uno de ellos se señala como responsable al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, Primera Región Judicial, San Luis Potosí, a quien reclaman, el auto de vinculación a proceso dictada el veintitrés de julio del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-861/2019, en contra de los aquí quejosos Elizabeth Anguiano Elizondo y Marco Antonio González Chávez, por el delito de ataque peligroso. En efecto, de lo anterior se pone de manifiesto que tanto la autoridad responsable como el acto reclamado en los pluricitados juicios de amparo, son idénticos y, por ende, bien pueden resolverse en forma conjunta, pues la litis a resolver en cada uno es igual. Incluso lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con el fin de evitar el dictado de varias sentencias que pudieran ser contradictorias. En mérito de lo expuesto, de oficio resulta procedente la acumulación respecto del juicio de amparo 812/2019-II al diverso juicio de amparo 811/2019-II, ambos del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por ser aquél el más nuevo y éste el más antiguo. Solo resta decir, que si la finalidad de la acumulación de diversos juicios que se tramitan separadamente, es que se acumulen para que sean resueltos en una sola sentencia a efecto de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, tal como ha quedado señalado con antelación; ningún perjuicio se ocasiona a los impetrantes de los amparos que se acumulen dichos juicios y, por ende, se decidan en una misma sentencia, pues ello no modifica los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los juicios cuya acumulación se ordena, puesto que las cuestiones debatidas serán resueltas en la sentencia que al efecto se dicte. Adquiere aplicación, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2015, localizable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 87 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, comuníquese a las partes que desde ahora, toda comunicación relacionada con tales asuntos, deberá ser dirigida al juicio de amparo 811/2019-II, y continúese actuando en el Sistema Integral de Expedientes (SISE) en cada asunto. Sobre tales bases, y siguiendo la suerte del juicio de amparo 811/2019-II, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, también se admite la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Chávez, en contra del citado acto reclamado del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, Primera Región Judicial, San Luis Potosí. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita Elizabeth Anguiano Elizondo, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, acompañando el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya emitido el acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley en cita, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Dígase al Juez responsable que en caso de ser cierto el acto reclamado, deberá atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, debiendo informar a este Juzgado de Distrito lo concerniente a la suspensión del procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, y hasta en tanto sea notificado el auto por el que cause ejecutoria la sentencia que recaiga en este juicio, a fin de no generar que el acto reclamado quede consumado irreparablemente. Por analogía de razón es aplicable la tesis III.2º.P.46.P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1019, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA, LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN". Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, téngase como tercero interesado en este asunto Cesar Gerónimo López Juárez, quien deberá ser emplazado por el actuario de la adscripción, en el domicilio ubicado en calle Sara Pérez de Madero número 225 colonia Los Reyitos, en esta ciudad, a quien deberá correrle traslado con copia simple de las demandas de amparo y del presente proveído, haciéndole saber la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, para que comparezca a este juicio, lo prevenga para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le hará por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se reserva proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados a que hace referencia el quejoso Marco Antonio González Chávez en los incisos a) y b), del apartado respectivo de su ocurso de demanda, hasta en tanto obre en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, con fundamento en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y se suspenderá toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o designación correcta. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, así como a las personas que refiere el quejoso, reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en sus demandas, y como autorizados de Elizabeth Anguiano Elizondo en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan Carlos Coronado Ayala y Magdalena Hernández Solís, cuyas cédulas profesionales números 1544238 y 7575549, se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y términos restringidos a Araceli Yareni García Salas, toda vez que no se localizó registro de su cedula en el aludido sistema, asimismo ténganse como sus autorizados en términos restringidos a Valeria Hernández Coronado y Nancy Karina Contreras Cuevas, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.

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