Marco Antonio Garcia Huerta
Expediente 352/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marco Antonio Garcia Huerta
Actuaciones
- Principal
Razón: En veintiséis de abril de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio García Huerta, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de diez de abril del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por MARCO ANTONIO GARCIA HUERTA, por su propio derecho, contra actos del JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO DEL RAMO PENAL; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1°, 8, 20 apartados "B", fracción VI, "C" fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 352/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicitó, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con el Capítulo I del Título Quinto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, la determinación como la que en la especie se reclama es impugnable mediante el recurso de revocación. En efecto, los artículos 359 y 360 del ordenamiento legal en cita, señala literalmente lo siguiente: "Artículo 359. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." "Artículo 360. Interpuesto el recurso, en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el tribunal lo resolverá de plano si estimara que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, las citará a una audiencia verbal que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y en ella dictará su resolución, contra la que no procede recurso ordinario." Del contenido del artículo transcrito en primer término, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no son apelables, conforme a la propia legislación procesal invocada. Y, por ende, que la apelación procede en contra de los autos que expresamente estén señalados en el propio Código Adjetivo; de modo tal que los demás serán revocables. Así, los artículos 364 y 365 del citado Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: "ARTICULO 364. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias de primera instancia en que se imponga alguna sanción.". "ARTICULO 365. Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias de primera instancia que absuelvan al acusado; II. Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones II a IX del artículo 340 y aquellos en que se niegue; III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación o la separación de autos y los que concedan o nieguen la recusación; IV. Los autos de formal prisión, los de sujeción a proceso y los de falta de elementos para procesar; V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o la citación para declarar en preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público; VII. Los acuerdos que desechen pruebas; VIII. Los autos que nieguen el cateo, y las medidas cautelares de carácter patrimonial; IX. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria o a librar el oficio inhibitorio, y X. Las demás resoluciones que señala la ley.". Pues bien, el acto reclamado consistente en la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicitó, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refieren los citados artículos 364 y 365 del Código Adjetivo mencionado; y si bien, la fracción X, del último precepto legal establece que son apelables en efecto devolutivo "Las demás resoluciones que señala la ley"; también lo es que en el caso, el auto que negó la expedición de copias certificadas gratuitas, no está considerado en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, como aquéllos que en su contra procede recurso de apelación. Ante ello, del precepto legal transcrito en primer término (Artículo 359), se desprende que el acto que por esta vía se combate, consistente en la citada determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicita, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el Capítulo I del Título Quinto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, el cual, el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a promover el juicio de amparo, pues a través de dicho recurso pudo lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación reclamada. Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa el que se indica y como autorizados para tales efectos a los que señala. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO.- Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por MARCO ANTONIO GARCIA HUERTA, por su propio derecho, contra actos del JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO DEL RAMO PENAL; por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por MARCO ANTONIO GARCIA HUERTA, por su propio derecho, contra actos del JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO DEL RAMO PENAL; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1°, 8, 20 apartados "B", fracción VI, "C" fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 352/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicitó, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con el Capítulo I del Título Quinto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, la determinación como la que en la especie se reclama es impugnable mediante el recurso de revocación. En efecto, los artículos 359 y 360 del ordenamiento legal en cita, señala literalmente lo siguiente: "Artículo 359. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." "Artículo 360. Interpuesto el recurso, en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el tribunal lo resolverá de plano si estimara que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, las citará a una audiencia verbal que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y en ella dictará su resolución, contra la que no procede recurso ordinario." Del contenido del artículo transcrito en primer término, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no son apelables, conforme a la propia legislación procesal invocada. Y, por ende, que la apelación procede en contra de los autos que expresamente estén señalados en el propio Código Adjetivo; de modo tal que los demás serán revocables. Así, los artículos 364 y 365 del citado Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: "ARTICULO 364. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias de primera instancia en que se imponga alguna sanción.". "ARTICULO 365. Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias de primera instancia que absuelvan al acusado; II. Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones II a IX del artículo 340 y aquellos en que se niegue; III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación o la separación de autos y los que concedan o nieguen la recusación; IV. Los autos de formal prisión, los de sujeción a proceso y los de falta de elementos para procesar; V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o la citación para declarar en preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público; VII. Los acuerdos que desechen pruebas; VIII. Los autos que nieguen el cateo, y las medidas cautelares de carácter patrimonial; IX. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria o a librar el oficio inhibitorio, y X. Las demás resoluciones que señala la ley.". Pues bien, el acto reclamado consistente en la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicitó, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refieren los citados artículos 364 y 365 del Código Adjetivo mencionado; y si bien, la fracción X, del último precepto legal establece que son apelables en efecto devolutivo "Las demás resoluciones que señala la ley"; también lo es que en el caso, el auto que negó la expedición de copias certificadas gratuitas, no está considerado en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, como aquéllos que en su contra procede recurso de apelación. Ante ello, del precepto legal transcrito en primer término (Artículo 359), se desprende que el acto que por esta vía se combate, consistente en la citada determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta Ciudad, en autos de la averiguación penal judicial 117/2017, a través de la cual, se autorizan a costa del quejoso las copias certificadas que solicita, al no encontrarse en la hipótesis para su expedición gratuita prevista por el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el Capítulo I del Título Quinto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, el cual, el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a promover el juicio de amparo, pues a través de dicho recurso pudo lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación reclamada. Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa el que se indica y como autorizados para tales efectos a los que señala. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO.- Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por MARCO ANTONIO GARCIA HUERTA, por su propio derecho, contra actos del JUEZ ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO DEL RAMO PENAL; por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente al promovente."
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