Marco Antonio García Bailón
Expediente 990/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio García Bailón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite vía electrónica el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, mismo que se radicó como conflicto competencial ********************. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento y está en espera a que el tribunal revisor emita la resolución respectiva. Ahora bien, respecto a la solicitud por parte de la superioridad de vinculación del expediente electrónico del presente juicio de amparo; se ordena al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional, que de manera inmediata relacione el presente expediente con el conflicto competencial ********************, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro del citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve los autos del presente juicio de amparo e informa que dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada en auto de treinta y uno de agosto de la anualidad que transcurre, para conocer de la demanda promovida por Marco Antonio García.... Acúsese recibo. Ahora bien, en respetuoso disenso este órgano jurisdiccional insiste en declinar competencia a favor del juzgado oficiante, pues si bien el acto reclamado tiene su origen en el expediente administrativo PFC.PDF.B.3/001220-2023, el cual aparentemente no requiere de una ejecución material; sin embargo, sus consecuencias legales se materializarán en el lugar donde reside la autoridad administrativa (Jefe del Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana CDMX-PONIENTE), que lo emitió y ante quien se ventila el mismo, como enseguida se evidenciará. En efecto, el solicitante de la protección constitucional señala como autoridad responsable al jefe del departamento precisado en el párrafo que antecede, quien tiene su residencia en la Ciudad de México; asimismo, los actos que reclama se establecieron en el acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el que esencialmente se le indicó lo siguiente: "SEGUNDO.- . se hace de su conocimiento que una vez que se haya desahogado la diligencia fijada para el día 07 de agosto del 2023, se analizará la procedencia de lo solicitado, lo anterior en virtud de que es necesario contar con elementos suficientes para que esta H. Procuraduría pueda emitir un dictamen en el que se cuantifique una cantidad cierta, líquida y exigible el incumplimiento del proveedor, . no se omite mencionar que la figura del dictamen se encuentra prevista dentro del procedimiento conciliatorio en caso de que no se logre avenir los intereses de las partes, por lo que resulta indispensable atender a la audiencia de conciliación que se fijó en la fecha antes mencionada . TERCERO.- . Se hace del conocimiento del promovente que si bien es cierto no es el domicilio que señaló la parte consumidora para el desahogo de su procedimiento conciliatorio, también es cierto que dicha petición fue negada en el formato de queja de fecha 27 de abril del 2023, por lo que tendrá que estar a lo acordado en el formato de registro de queja (QR) de fecha 27 de abril del 2023. CUARTO.- . dígasele al promovente que NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD lo solicitado, en razón a que si bien es cierto la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 111 párrafo segundo establece que la conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos, también es cierto que a efecto de atender a las disposiciones contenidas en la ley de referencia se emiten reglamentos, estatutos y manuales de procedimientos para regir su funcionamiento, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de la materia en relación con los artículos 1 y 4 párrafo tercero del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, de los cuales se vincula al caso concreto lo conducente para la atención de la conciliación telefónica o foránea contendido en el Procedimiento para sustanciar la conciliación inmediata, personal y foránea . Es por lo que de la interpretación a contrario sensu de lo antes citado, resulta improcedente lo solicitado por el promovente en relación a los puntos que nos ocupan, toda vez que la conciliación telefónica se podrá dar siempre y cuando se atienda a lo dispuesto en el manual de referencia, no habiendo entonces posibilidad de atender a lo solicitado por el consumidor, toda vez que la conciliación telefónica o foránea se deberá realizar a través de otra unidad administrativa de esta Procuraduría, siempre y cuando no converjan dentro la zona metropolitana, la ODECO Titular del procedimiento y la unidad administrativa de enlace, lo anterior conforme a lo establecido en los numerales 88, 92 y 97 del citado Manual de Procedimientos." De lo transcrito con anterioridad, se desprende claramente que la autoridad responsable vinculó al aquí quejoso a lo siguiente: - Presentarse personalmente al lugar que ocupan sus oficinas -Ciudad de México- para el desahogo de la audiencia de conciliación. - Se negó a justificar la inasistencia del quejoso a la diligencia antes precisada, porque el domicilio que señaló para el desahogo del procedimiento conciliatorio no era el mismo que previamente él había indicado para ello; pues la autoridad responsable le indicó que debía estarse a la negativa de dicha petición -queja de veintisiete de abril del año que transcurre-; esto es, presentarse personalmente al desahogo de la audiencia de conciliación al domicilio de la autoridad responsable, ubicado en la Ciudad de México. - No acordó de conformidad lo solicitado en relación a que la diligencia de conciliación se llevara a cabo vía telefónica, porque consideró que esa petición no encuadraba en lo previsto por la legislación aplicable, ya que la conciliación telefónica se podrá dar siempre y cuando se atienda a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos; por lo tanto, forzosamente tiene que acudir a las instalaciones de la responsable. De ahí que, se insiste, si bien la resolución que resuelva el procedimiento en definitiva tenga el carácter de declarativa, no obstante de ella se derivan efectos positivos que repercuten precisamente en el desarrollo del procedimiento del que deriva, tales como la comparecencia del quejoso ante la responsable a efecto de llevar a cabo diversas diligencias. Al respecto, resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis I.15o.A.43 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable con el registro digital 161733, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS. Desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos; los primeros entrañan una acción, orden, prohibición, privación, molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada o de tracto sucesivo; en cambio, los segundos implican que las autoridades se rehúsan a realizar algo u omiten hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones. Así, debe entenderse que dentro de los actos positivos se encuentran los "prohibitivos", que son aquellos que fijan una limitación, que tienen efectos positivos, como son los de coartar o limitar los derechos de quienes los reclaman en el juicio de amparo. En esos términos, los actos prohibitivos imponen al particular una obligación de no hacer, que se traduce en una limitación de su conducta; la imposición del acto constituye el hacer positivo de la autoridad, lo que lo diferencia de los actos negativos, en los que prevalece una actitud de abstención y rehusamiento de actuar de las autoridades. Es importante significar que con la emisión de los actos prohibitivos la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos, a diferencia de los negativos en donde aquélla se abstiene de actuar o se rehúsa a conducirse de la forma solicitada por el particular. En otras palabras, los actos prohibitivos entrañan una orden positiva de la autoridad encaminada a impedir el ejercicio de un derecho o vedar una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el Estado. Desde esa óptica destaca el principio legal de que la suspensión sólo opera cuando se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, contra los actos de autoridad que sean de carácter positivo, o sea, contra la actividad estatal que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer, a menos que su ejecución sea instantánea, como sucede con los actos meramente declarativos que se consuman con su dictado, en cuyo caso carece de materia la suspensión, ya que de concederse se le darían efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo. Sobre esas premisas jurídicas, es patente que resulta procedente la suspensión contra los actos prohibitivos, porque implican un actuar de la autoridad encaminado a impedir o restringir el ejercicio de un derecho de los particulares, dado que aquéllos no se traducen en una abstención o la negativa de una solicitud, sino que equivalen a un verdadero hacer positivo de las autoridades, consistente en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados. Se expone tal aserto, en virtud de que si se entiende que prohibir entraña un impedimento o restricción, es válido señalar que los actos prohibitivos imponen al individuo una obligación de no hacer, que se traduce en una limitación a su conducta y derechos. Por tales motivos, los actos prohibitivos son susceptibles de paralizarse, porque si un acto impide el ejercicio de derechos jurídicamente reconocidos y vigentes o coarta la libertad de acción de los particulares, la medida cautelar procede para mantener la situación que existía antes de que se dictara o ejecutara el acto que se reclama como violatorio de garantías, sin que esto implique dar a la suspensión efectos restitutorios, sino sólo impedir que surta efectos la orden prohibitiva.". En ese orden de ideas, se considera que el contenido de la determinación reclamada constituye un acto declarativo con efectos positivos, al constituir un pronunciamiento de la autoridad administrativa que obliga al solicitante del amparo, a acudir ante sus oficinas -con residencia en la Ciudad de México- a realizar determinados actos -desahogo de la audiencia de conciliación- lo cual conlleva una obligación de hacer o tener una conducta determinada, concluyendo, implícitamente, en un principio de ejecución material de los actos reclamados, que se actualizaría al analizar el fondo del asunto. En consecuencia, toda vez que este Juzgado de Distrito insiste en declinar competencia a su favor, por los motivos expuestos en el citado auto de treinta y uno de agosto de este año, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial que se plantea. Hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Federal oficiante. Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO Téngase por recibido el oficio enviado por el Jefe del Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana CDMX-PONIENTE, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por auto de veinticuatro de agosto del presente año, y proporciona la documentación solicitada. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y oficio de cuenta, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en: - El acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, recaído al escrito del aquí impetrante, dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cual el quejoso formuló, entre otras cuestiones, las siguientes: ". (a) A petición de parte se le requiere la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en cantidad liquida la obligación contractual. (a) Fehacientemente justifico mi inasistencia toda vez que el lugar de comparecencia no es el señalado por el consumidor para tal efecto. (b) El artículo 111 establece que la conciliación podrá celebrarse Vía telefónica o por otro medio idóneo, por lo que señaló el número telefónico 5540748723. (b) El segundo párrafo del artículo 100 no resulta aplicable porque existe una unidad de la PROFECO en el lugar solicitado por el consumidor, por lo que ésta puede girar instrucciones al personal de la unidad de mi circunscripción territorial para que realice el desahogo de la conciliación en mi domicilio personal (.)". INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO (...) Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso (rendido por duplicado), por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada por auto de veintiuno de los actuales. Sin embargo, dígasele que no ha lugar a tener por desahogado el punto marcado en el numeral 1, inciso b), por el cual se le requirió que allegara copia simple de la respuesta que recayó a su petición o la transcribiera en su totalidad. Lo anterior es así, pues si bien refiere que el documento solicitado lo tiró a la basura, resulta indispensable conocer con precisión en qué consiste el oficio emitido el veintiséis de julio de dos mil veintitrés (acto reclamado); pues de lo contrario, no se tiene certeza de la respuesta que otorgó la autoridad responsable, a efecto de poder analizar su naturaleza jurídica, y así poder establecer si aquélla - respuesta- incide de manera negativa en la esfera jurídica del solicitante de amparo. Máxime que constituye una carga procesal de la parte quejosa establecer de manera clara el acto reclamado, así como los antecedentes fácticos que lo originaron, como lo establece el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro digital 202853, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". En las relatadas condiciones, queda subsistente el requerimiento y apercibimiento decretado por autos de siete y veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; asimismo, hágasele saber que continúa transcurriendo el plazo concedido para el desahogo de la prevención formulada. No obstante lo anterior, a efecto de tener mayor conocimiento de los antecedentes del acto reclamado y en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones, adscrito a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), Zona Metropolitana CDMX-Poniente, adscrita a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el término de veinticuatro horas, remita copia certificada, legible y completa del oficio de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, emitido en respuesta a la petición formulada por el quejoso Marco Antonio García Bailón, el veintidós de junio de esta anualidad (para mayor ilustración, se ordena enviarle copia simple de la demanda de amparo y del escrito con folio 12609). En la inteligencia que de ser omisa, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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