Marco Antonio García Bailón

Expediente 336/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
336/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio García Bailón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual remite copia certificada de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada por dicho tribunal en los autos del recurso de queja 245/2022. Acúsese recibo. De la resolución emitida por el órgano en mención se advierte que declaró infundado el presente recurso de queja. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto por el que se desechó la demanda, el cual se admitió y quedó registrado con el número de 245/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad el oficio, boleta de turno y escrito de expresión de agravios de manera digitalizada. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de defensa hecho valer que, se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1242. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo, promovida por Marco Antonio García Bailón; contra actos del Secretario Ejecutivo de Disciplina y Visitador General, ambos del Consejo de la Judicatura; fórmese el expediente y anótese el libro de gobierno de este Juzgado con el número 336/2022-I. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar los escritos registrados con los folios 231, 258, 617, 663, 1053 y 1138, así como la abstención de turnar su asunto a la autoridad investigadora y/o a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, derivados de la queja administrativa 169/2022, y de brindarle acceso al expediente correspondiente para poder señalarlo como prueba. En ese contexto, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen del Consejo de la Judicatura Federal. La precitada causa de improcedencia, contempla el principio de inatacabilidad de los actos emanados del Consejo de la Judicatura Federal como órgano superior de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Incluso, de una correcta interpretación del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en Comisiones, en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, revisten el carácter de definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Puntualizado lo anterior, debe destacarse que en el caso concreto, la parte quejosa pretende impugnar diversas omisiones que, en su opinión, se cometieron dentro de la queja administrativa 169/2022, instaurada ante aquel órgano de vigilancia, aspecto que evidentemente incide en el despliegue de las facultades y funciones -constitucionales- del Consejo de la Judicatura Federal y, por ende, no pueden analizarse como actos autónomos y desligados de ese procedimiento administrativo, por lo que en todo caso, su impugnación no puede realizarse a través del juicio de amparo. Ello es así, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha determinado que el juicio de amparo indirecto resulta procedente cuando se reclama la omisión del Consejo de la Judicatura Federal de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en atención a que su finalidad consistente en que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa; sin embargo, también estableció que ese criterio no rige para aquellas solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el propio Consejo de la Judicatura Federal, pues no obedecen a la naturaleza de lo que propiamente se conoce como derecho de petición. Así se desprende del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 122/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 792, que señala: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en una interpretación del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales son impugnables a través del recurso de revisión administrativa. Asimismo, ha definido que el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la propia Constitución, se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares; por ello, cuando se promueve juicio de amparo contra ese órgano, por su omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a su finalidad consistente en que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. Criterio que no rige para aquellas solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Consejo de la Judicatura Federal, pues no obedecen a la naturaleza de lo que propiamente se conoce como derecho de petición". En consecuencia, si la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar los escritos registrados con los folios 231, 258, 617, 663, 1053 y 1138, así como la abstención de turnar su asunto a la autoridad investigadora y/o a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, derivados de la queja administrativa 169/2022, y de brindarle acceso al expediente correspondiente para poder señalarlo como prueba; se estima que se actualiza aquel supuesto de restricción, que impide que tales actos puedan ser analizados a través del juicio de amparo indirecto. RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA Este juzgador no soslaya que la parte quejosa solicita el reconocimiento de la calidad de víctima, en términos del artículo 110, fracción III, de la Ley General de Víctimas. Sin embargo, debido a la determinación adoptada en este acuerdo no es posible realizar ese reconocimiento, puesto que si bien es cierto aquel numeral establece que el reconocimiento de calidad de víctima puede realizarse, entre otras autoridades, por el juzgador de amparo; lo cierto es que al no analizarse el fondo de la controversia constitucional, no existe una declaratoria en el sentido de que se hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte quejosa y, por ende, este órgano jurisdiccional no está en posibilidad jurídica de realizar la declaratoria que se solicita. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 1a. LII/2017 (10a.), estableció que una vez dictada una sentencia de amparo, en un caso concreto, que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por lo tanto, si en el caso concreto, no existe alguna sentencia que declare la transgresión de derechos fundamentales en perjuicio del solicitante de amparo, es evidente que no procede realizar el reconocimiento que solicita. La postura sustentada en este acuerdo, encuentra fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "VÍCTIMAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA SENTENCIA ESTIMATIVA DE AMPARO ES APTA PARA RECONOCER ESA CALIDAD A LA PARTE QUEJOSA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE AMPARO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES." -pendiente de publicación-; pues se insiste, si en el caso concreto no existe un análisis de fondo de la controversia constitucional, no procede realizar el reconocimiento solicitado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En atención a su petición de consulta vía electrónica, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "caballeroantonio", para lo cual se encuentra disponible en el expediente electrónico en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de dicho asiento, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. OPOSICIÓN A PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Se tiene por hecha la oposición del promovente de que se publiquen sus datos personales, por lo que se ordena se suprima dicha información de la lista de acuerdos y de la versión pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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