Marco Antonio Flores Ramírez

Expediente 1885/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1885/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Marco Antonio Flores Ramírez
  • Juan Carlos Alejandro Ferrao Español, Apoderado Legal de Marco Antonio Flores Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veinte de octubre de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase las copias certificadas en cuatro tomos del juicio de divorcio incausado 1873/2017, así como del incidente de perdida de los derechos inherentes al ejercicio de la patria potestad derivado de él y un disco compacto, al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa contestó la vista que le fue otorgada mediante proveído del siete de octubre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos plasmados en los párrafos 76 y 77, que dicen: "(.) 76. Dado que la interlocutoria del doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, vulnera los derechos de os menores quejosos, en lo relativo a su intervención en el procedimiento, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: Que el Juez responsable deje insubsistente la referida interlocutoria del doce de septiembre de dos mil diecinueve. En su lugar, emita un auto en el que deberá valorar sobre la pertinencia e idoneidad de desahogar nuevamente una entrevista con los menores quejoso, previo ejercicio valorativo sobre su edad biológica y su capacidad de formarse un juicio propio, esto es, deberá valorar previamente si están en condiciones de formarse un juicio propio y si existe o no una alienación parental que pudiera influir en la opinión que emitan los infantes, por parte del padre custodio, e incluso, de otros familiares con quienes conviven cotidianamente los menores, lo cual deberá realizar mediante una prueba pericial. En la inteligencia que dicha valoración previa no debe interpretarse como una limitación al derecho de los menores de intervenir en el procedimiento, sino como una obligación de evaluar su capacidad de formarse una opinión autónoma -libre de influencias- en la mayor medida posible. 77. En la inteligencia que una vez hecho lo anterior, y en su caso, una vez desahogadas las pruebas que puedan desahogarse a partir de los resultados obtenidos con motivo de la entrevista y valoración psicología, lo que deberá realizar de manera pronta, deberá emitir la resolución correspondiente en el incidente de marras. Mediante proveído del veinticuatro de febrero del presente año la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a al Juez responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 1345, del veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Juez Sexto de lo Familiar de Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del proveído de esa misma fecha, emitido en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017 de su índice, en el que dejó insubsistente la resolución de doce de setiembre de dos mil diecinueve y ordenó desahogar una prueba pericial a cargo de los quejosos F.F.J., M.A.FJ. y G.F.J., para descartar la probable existencia del síndrome de alienación parental, y determinar si era factible realizarles una entrevista. Después de múltiples gestiones se desahogó la prueba pericial en cuestión, en la que la profesionista que la efectuó recomendó que los menores requerían de un proceso terapéutico, por lo que mediante oficio 2398 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el Juez responsable informó que una vez que se realizara tal acción, acordaría lo conducente. No obstante, en auto del cuatro de septiembre de dos mil veinte, se consideró que el Juez responsable se estaba apartado de los efectos de la sentencia amparadora, por lo que se le requirió para que con los dictámenes psicológicos que obraran en el juicio natural se pronunciara sobre el tema de la alienación parental y sobre la pertinencia de escuchar nuevamente a los niños, a fin de que resolviera el incidente de pérdida de derechos de patria potestad. Así, después de que el Juez pidió ciertas aclaraciones a la perito en psicología que designó, por autos del veintinueve de septiembre del año en curso determinó que no existían indicios de alienación parental respecto a los menores, pero dada la afectación psicológica que tenían y la inestabilidad emocional que sufrían no era factible realizarles una entrevista, en virtud de que podía ocasionarles una mayor afectación, por lo que ordenó resolver el incidente mencionado. Finalmente, el seis de octubre de este año dictó la resolución referente al incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, en donde determinó que actor había probado su acción y condenó a Verónica Juárez Rendón a la perdida de la patria potestad de los menores. Cabe destacar que a las documentales exhibidas por la autoridad responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Entonces, se tiene que la protección constitucional se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada del doce de septiembre del año pasado, se emitiera un pronunciamiento sobre la pertinencia de desahogar nuevamente la entrevista a los menores, para lo cual debía desahogarse una prueba piscología a fin de descartar el síndrome de alienación parental y determinar si los niños estaban en condiciones de formarse un juicio propio y, hecho lo anterior, se emitiera una nueva interlocutoria referente a la incidencia. Asimismo, se aprecia que el Juez responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, pues efectuó las siguientes acciones: Dejó insubsistente la resolución de doce de setiembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017. Ordenó el desahogo de una prueba pericial para valorar si los infantes podían de formarse un juicio propio y si existía o no una alienación parental que pudiera influir en la opinión que emitieran. Una vez desahogada la prueba determinó que no existía alienación parental, pero estimó que dado la afectación psicológica que tenían los niños y la inestabilidad emocional que sufrían no era factible realizarles una nueva entrevista. Finalmente, emitió nueva resolución en el incidente, en el que se declaró fundada la acción y condenó a ******a la perdida de la patria potestad de los menores ***e incluso elaboró una versión en formato de lectura fácil. En consecuencia, se estima que con las acciones emprendidas por el Juez responsable se colmaron los alcances de la sentencia amparadora; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por el juzgador, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación pueden interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada, y por oficio al representante especial de los menores.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa contestó la vista que le fue otorgada mediante proveído del siete de octubre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos plasmados en los párrafos 76 y 77, que dicen: "(.) 76. Dado que la interlocutoria del doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, vulnera los derechos de os menores quejosos, en lo relativo a su intervención en el procedimiento, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: Que el Juez responsable deje insubsistente la referida interlocutoria del doce de septiembre de dos mil diecinueve. En su lugar, emita un auto en el que deberá valorar sobre la pertinencia e idoneidad de desahogar nuevamente una entrevista con los menores quejoso, previo ejercicio valorativo sobre su edad biológica y su capacidad de formarse un juicio propio, esto es, deberá valorar previamente si están en condiciones de formarse un juicio propio y si existe o no una alienación parental que pudiera influir en la opinión que emitan los infantes, por parte del padre custodio, e incluso, de otros familiares con quienes conviven cotidianamente los menores, lo cual deberá realizar mediante una prueba pericial. En la inteligencia que dicha valoración previa no debe interpretarse como una limitación al derecho de los menores de intervenir en el procedimiento, sino como una obligación de evaluar su capacidad de formarse una opinión autónoma -libre de influencias- en la mayor medida posible. 77. En la inteligencia que una vez hecho lo anterior, y en su caso, una vez desahogadas las pruebas que puedan desahogarse a partir de los resultados obtenidos con motivo de la entrevista y valoración psicología, lo que deberá realizar de manera pronta, deberá emitir la resolución correspondiente en el incidente de marras. Mediante proveído del veinticuatro de febrero del presente año la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a al Juez responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 1345, del veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Juez Sexto de lo Familiar de Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del proveído de esa misma fecha, emitido en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017 de su índice, en el que dejó insubsistente la resolución de doce de setiembre de dos mil diecinueve y ordenó desahogar una prueba pericial a cargo de los quejosos F.F.J., M.A.FJ. y G.F.J., para descartar la probable existencia del síndrome de alienación parental, y determinar si era factible realizarles una entrevista. Después de múltiples gestiones se desahogó la prueba pericial en cuestión, en la que la profesionista que la efectuó recomendó que los menores requerían de un proceso terapéutico, por lo que mediante oficio 2398 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el Juez responsable informó que una vez que se realizara tal acción, acordaría lo conducente. No obstante, en auto del cuatro de septiembre de dos mil veinte, se consideró que el Juez responsable se estaba apartado de los efectos de la sentencia amparadora, por lo que se le requirió para que con los dictámenes psicológicos que obraran en el juicio natural se pronunciara sobre el tema de la alienación parental y sobre la pertinencia de escuchar nuevamente a los niños, a fin de que resolviera el incidente de pérdida de derechos de patria potestad. Así, después de que el Juez pidió ciertas aclaraciones a la perito en psicología que designó, por autos del veintinueve de septiembre del año en curso determinó que no existían indicios de alienación parental respecto a los menores, pero dada la afectación psicológica que tenían y la inestabilidad emocional que sufrían no era factible realizarles una entrevista, en virtud de que podía ocasionarles una mayor afectación, por lo que ordenó resolver el incidente mencionado. Finalmente, el seis de octubre de este año dictó la resolución referente al incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, en donde determinó que actor había probado su acción y condenó a Verónica Juárez Rendón a la perdida de la patria potestad de los menores. Cabe destacar que a las documentales exhibidas por la autoridad responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Entonces, se tiene que la protección constitucional se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada del doce de septiembre del año pasado, se emitiera un pronunciamiento sobre la pertinencia de desahogar nuevamente la entrevista a los menores, para lo cual debía desahogarse una prueba piscología a fin de descartar el síndrome de alienación parental y determinar si los niños estaban en condiciones de formarse un juicio propio y, hecho lo anterior, se emitiera una nueva interlocutoria referente a la incidencia. Asimismo, se aprecia que el Juez responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, pues efectuó las siguientes acciones: Dejó insubsistente la resolución de doce de setiembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de suspensión y pérdida de los derechos de patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017. Ordenó el desahogo de una prueba pericial para valorar si los infantes podían de formarse un juicio propio y si existía o no una alienación parental que pudiera influir en la opinión que emitieran. Una vez desahogada la prueba determinó que no existía alienación parental, pero estimó que dado la afectación psicológica que tenían los niños y la inestabilidad emocional que sufrían no era factible realizarles una nueva entrevista. Finalmente, emitió nueva resolución en el incidente, en el que se declaró fundada la acción y condenó a ******a la perdida de la patria potestad de los menores ***e incluso elaboró una versión en formato de lectura fácil. En consecuencia, se estima que con las acciones emprendidas por el Juez responsable se colmaron los alcances de la sentencia amparadora; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por el juzgador, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación pueden interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada, y por oficio al representante especial de los menores.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de octubre de dos mil veinte. Autoridad informa. Visto el oficio signado por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se le tiene remitiendo copia certificada de la resolución del seis de octubre de dos mil veinte, emitida en el incidente de perdida de los derechos de la patria potestad, derivado del juicio de divorcio incausado 1873/2017, así como de sus constancias de notificación; no obstante, se ordena agregar sin mayor proveído, dado que por auto del siete de octubre del presente año se tuvo por recibida esa actuación y se ordenó dar vista con ella a las partes, a fin de que estuvieran en aptitud de realizar manifestaciones en cuanto al cumplimiento al fallo protector. Quejoso contesta vista. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de *** mediante el cual, en atención a la vista ordenada en el aludido auto del siete de octubre de dos mil veinte, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, las cuales serán consideradas al momento de calificar el mismo. Notifíquese.

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