Marco Antonio Colonier Gómez

Expediente 411/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
411/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Colonier Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original y diversos en copias certificadas que adjuntó a su escrito de demanda de amparo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y, personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    Juicio de amparo 177/2018-III En diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con el oficio, registrado con el número de promoción 2982 y 3025. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Autoridad Informa Agréguese sin mayor proveído el oficio FGE/ICF/01061/2019 signado por la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del cual propone como perito oficial en materia de grafoscopía y documentoscopía a ************; pues a esta ya se le tuvo como señalada mediante auto del dieciocho de febrero del mes y año en curso. Quejoso designa perito Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Jaime de Jesús Miranda Sifuentes apoderado legal de Desechables Vicman, Sociedad Anónima De Capital Variable, por virtud del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en la audiencia constitucional del doce del mes y año en curso, la parte quejosa propone como perito en materia de grafoscopía a ************ y adjunta copia simple de la cédula profesional número 4450184; por tanto, téngase realizada tal designación y procédase a la toma de protesta del cargo. Por otra parte del escrito de cuenta también se advierte que amplía el cuestionario; sin embargo se ordena reservar lo conducente hasta que las partes restantes designen perito y se tenga fecha y hora para el desahogo de la prueba. Ahora, debe destacarse que al promoverse el incidente de objeción de documentos, el tercero interesado ofreció como elemento indubitables los siguientes: (.) 1) Las firmas que por VEINTE veces se estampe de su puño y letra el quejoso ************** en presencia judicial y de los peritos el día y hora que su señoría se sirva señalar. 2) Así como la firma que obra en su CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL y /o INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL a nombre de ***********. 3) Así como la firma que obra en su instrumento número 39,401 volumen 438 relativo a la constitución de la persona moral denominada Desechables Vicman, Sociedad Anónima De Capital Variable, expedida por el notario público número veinticuatro del Distrito Judicial de Puebla (.) Por otra parte el quejoso en el escrito de cuenta, también señala como elemento indubitable lo siguiente: (.) considerando además que como firmas indubitables se solicita que se agreguen al menos veinte firmas puestas ante esta autoridad en diligencia especial y ante los peritos que sean designados en autos (.) En consecuencia se tiene como elementos indubitables la firma del instrumento notarial 39,401, volumen 438, de la Notaria Pública 24 de la Ciudad de Puebla, las firmas que venga a estampar el quejoso, por veinte veces ante este órgano jurisdiccional, así como la que obra en la credencial de elector, siempre que ésta contenga firma original, y no en reproducción electrónica. En tales condiciones, requiérase al quejoso para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a estampar su firma y exhibir su credencial original de elector. Notifíquese, personalmente al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): ... San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.  Desechamiento Vista la demanda de amparo promovida por ****************, contra actos del Director de Desarrollo Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla y otra, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 411/2019-VI. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. También debe tenerse presente que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal contra el acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo, es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Director de Desarrollo Urbano y del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla y Director Jurídico adscrito a dicha dirección: ? La negativa de expedir el alineamiento y número oficial del predio denominado el Bocito, ubicado en la población de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Del referido precepto y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación. f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En primer lugar, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña a la controversia, sino por la persona que solicitó la expedición del alineamiento y número oficial del predio denominado bocito, y que se ostenta como propietario del mismo. De igual manera, debe decirse que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las excepciones mencionadas, pues el acto reclamado no implica una violación a derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). En ese contexto, el acto reclamado tampoco carece de fundamentación, pues de la copia certificada que el quejoso anexó a su escrito de demanda, se advierte que en la resolución reclamada se citaron los fundamentos legales que se consideraron aplicables. De igual manera, la parte quejosa no alegó en su demanda violaciones directas a la Constitución Federal [audiencia], pues sus planteamientos involucran cuestiones de mera legalidad; por tales motivos, no se actualizan supuestos señalados en los incisos e) y f). Por otra parte, el recurso o medio de defensa que procede contra el acto reclamado -negativa de expedir el alineamiento y número oficial del predio denominado el Bocito, ubicado en la población de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla-, está previsto en una ley y no en un reglamento; es decir, en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que tampoco se actualizan los supuestos señalados en el inciso g). Al respecto, es preciso traer a colación que el artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que en particular señalan: ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares... Bajo ese panorama normativo, dado que el acto reclamado lo constituye un acto administrativo -es decir, la negativa de expedir el alineamiento y número oficial del predio denominado el Bocito, ubicado en la población de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla-, resulta evidente que se ubica en el supuesto contemplado en el citado artículo 4°, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; por lo tanto, antes de promover esta acción constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Por lo tanto, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Morales Flores, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, respecto a ******************, únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos; por así solicitarlo la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. ... Notifíquese personalmente a la parte promovente

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