Marco Antonio Espinosa Arguello y Otros.
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Espinosa Arguello y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con el que devuelve diligenciado el despacho 60/2022, orden 78/2022, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar al quejoso ***, el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se aprecia que la notificación del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se practicó al quejoso ***, el tres de marzo del año que transcurre, y surtió efectos el cuatro de marzo siguiente, por lo que, es evidente que los tres días concedidos para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrieron del siete al nueve de marzo de los corrientes, sin que esto ocurriera. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, y, consecuentemente, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, se le hagan por lista de estrados en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta que señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Finalmente, con fundamento en el artículo citado en el proemio, glósese a los autos el oficio remitido por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con el que acusa recibo del despacho 60/2022, orden 78/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en esta propia fecha se recibió el mismo, acordándose lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con el cual, informa que devolvió debidamente diligenciado el despacho 60/2022, orden 78/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso ***, el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, vía ordinaria. Atento a lo anterior, estése a la espera de la citada comunicación oficial, a fin de acordar lo conducente. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con el que refiere devolver diligenciado el despacho 43/2022, orden 56/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso ***, el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, de las constancias remitidas por el juzgado del fueron común, se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, si bien notificó al quejoso ***, el auto de diez de febrero de la presente anualidad, lo cierto es que omitió requerirle para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de diez de febrero del año en curso, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto señale domicilio para ese fin. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, con sustento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda notifique al quejoso ***, el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, a efecto de requerirle para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto señale domicilio para ese fin. Requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo, en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Se faculta al actuario de la adscripción para que envíe la comunicación oficial que con motivo del presente proveído se emita, a través del correo electrónico civil1comitan@poderjudicialchiapas.gob.mx, confirme su recepción en los números telefónicos 9631028097 o 9646249416, y levante la razón de entrega de recepción condigna. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Abarrotes San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. 2. Abarrotes San Luis Centro de Comitán, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. 3. Súper Barato, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 140/2022-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, quien medularmente se duele de la omisión en dar contestación a sus escritos remitidos través del Servicio Postal Mexicano (correos), y recibidos por las responsables el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el ato que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, debe observarse que además de la naturaleza jurídica de la autoridad, se debe atender al acto que se le atribuye, para determinar si existe una relación de supra a subordinación con un particular, toda vez de que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, con independencia de la naturaleza jurídica de la autoridad en cuestión, debe atenderse a la índole de la actividad que desempeña. Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que ésta investida de facultades de decisión y de ejecución; es decir, aquél órgano del estado, susceptible, jurídicamente, de producir una alteración, creación o extinción de una o varias situaciones jurídicas concretas y abstractas, particulares o generales, públicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado, alteración que se lleva a cabo imperativamente. Por lo que entonces el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo se determina no solamente por su naturaleza jurídica, sino también por su actuación, la cual debe entenderse con imperio, coercitiva y unilateralidad. También debe decirse que el juicio de amparo procede en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos de los gobernados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente se duele esencialmente de la omisión en dar contestación a sus escritos remitidos través del Servicio Postal Mexicano (correos), y recibidos por las responsables el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. De donde resulta evidente evidente que los entes privados señalados como autoridades responsables no actúan en este caso investidos de imperio, con atributos de autoridad y cuyos actos se distingan por sus características de imperatividad, unilateralidad y, sobre todo, coercitividad, pues sus funciones no están determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, ni sus funciones corresponden a los de una autoridad, las cuales puedan ejercer de manera delegada, ya que se trata de personas morales con giro comercial de venta abarrotes; tornándose así improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la tesis I.15o.A.36 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Asimismo, por las razones que informa, la tesis 1a. XXI/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior, pues aun y cuando la parte quejosa refiera que se viola en su perjuicio su derecho de petición garantizado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que la solicitud realizada ante las responsables no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica entre las responsables y el quejoso, la cual no puede ser ventilada en esta instancia constitucional, sino en su caso, ante las autoridades encargadas de resolver los conflictos de naturaleza eminentemente laboral. Esto es, dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Es aplicable, por el espíritu que informa, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del encabezado: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Por ende, no les recae a las autoridades señaladas como responsables dicho carácter, ya que de conformidad con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que su actuación no está regulada en ninguna ley, ni se desprende que exista una relación de supra a subordinación, pues se itera, los entes señalados no tienen sus funciones determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa tiene su domicilio fuera del lugar donde este órgano jurisdiccional tiene su residencia, a saber, ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda notifique al quejoso ***, la presente determinación. Asimismo, le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto señale domicilio para ese fin. Requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo, en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Se faculta al actuario de la adscripción para que envíe la comunicación oficial que con motivo del presente proveído se emita, a través del correo electrónico civil1comitan@poderjudicialchiapas.gob.mx y confírmese su recepción en el número telefónico 9631028097 y 9646249416, y levante la razón de entrega de recepción condigna. De igual forma, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere el inconforme, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Además, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal; en consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias con el nombre de usuario proporcionado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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