Marco Antonio Delgado Arrevillaga
Expediente 1311/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Delgado Arrevillaga y Otros.
- Marco Antonio Delgado Arrevillaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 108 a 121), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. - Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 131 y 132), causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional. - Por oficio *****, de trece de diciembre del actual, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de diciembre de la presente anualidad (foja 135), el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos, de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla del Tribunal del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió la resolución de trece de diciembre del año en curso (fojas 136 a 252), como se observa de las copias certificadas que acompañó al oficio de referencia. - El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (foja 253), se ordenó dar vista a la parte quejosa con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; plazo que se estableció en la certificación realizada por el secretario de acuerdos de este Juzgado, vista que fue desahogada únicamente por la parte quejosa. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] a) Deje sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal *****, mediante la cual confirmó el auto de formal prisión de dieciséis de junio del año en curso, emitido en contra del quejoso, en la causa penal *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada agravada b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, en la que subsane las irregularidades destacadas en la presente sentencia [.] En la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable al resolver incurrió en una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad de los fallos, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajos las argumentaciones sustanciales siguientes: "[.] En el caso, se estima que la resolución de segunda instancia reclamada es inconstitucional al transgredir los derechos de legalidad, seguridad jurídica y justicia completa previstos en los numerales 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no ser exhaustiva y congruente. Exhaustividad La Sala responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, declaró en forma categórica infundadas las manifestaciones aducidas, no obstante, en dicho ejercicio omitió realizar un estudio integral de las alegaciones expresadas. En efecto, el quejoso sostuvo en apelación que los dictámenes que obran en la causa penal, no habían sido ratificados por los peritos oficiales, circunstancia que constituía un vicio formal El inconforme adujo que no correspondía conceder valor probatorio alguno a las pruebas periciales practicadas a la ofendida, pues ante la falta de ratificación de éstas, resultaban pruebas imperfectas, carentes de formalidad necesaria para conferirles valor probatorio, por lo que al haber sido consideradas plenamente resultaban afectados sus derechos fundamentales, sin embargo, como se dijo, tales aspectos no fueron atendidos. Además, sostuvo que resultaban relevantes las contradicciones vertidas por la ofendida en la versión de hechos que realiza ante el representante social y ante la perito en victimología, al manifestar que el dos de marzo de dos mil once, además de introducirle los dedos en su vagina la penetro con su pene. Bajo esa tesitura, de la resolución recurrida se desprende que la Sala responsable no atendió al principio de exhaustividad, toda vez que si bien procedió al estudio y tratamiento de los agravios expresados, ciertamente no lo realizó en forma integral ya que como se ha destacado nada indica respecto de las posible variación de hechos y falta de ratificación de los dictámenes periciales. Congruencia Por otra parte, esta juzgadora también advierte diversa violación al principio de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la resolución no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Lo anterior se estima así, pues la Sala responsable al analizar la actualización de los elementos del tipo penal de violación equiparada y agravada, así como la probable responsabilidad en la comisión del delito, procedió a realizar un ejercicio probatorio, en el que estimó que las pruebas que integran la causa conllevan a sustentar la actualización de los extremos del antijurídico. Aspecto anterior que se contrapone con el diverso argumento de la propia responsable, en el sentido de que si bien es cierto que existen contradicciones en las manifestaciones realizadas por la menor ofendida de iniciales ***** (cuyo nombre se suprime por el derecho a la identidad de la menor), quien ante la representación social refirió que los hechos ocurrieron el dos y nueve de agosto de 2011 dos mil once, y que su representado le introdujo sus dedos en su vagina; y en presencia de la trabajadora social refirió que los hechos ocurrieron el dos de marzo de dos mil once, y ante la presencia de la psicóloga manifestó que no recordaba la fecha exactamente de la agresión que sufrió, pero que fue a principios de marzo de dos mil once, se precisaba que para el Tribunal de Alzada prevalecía la primigenia declaración de la menor ofendida, realizada ante la representación social, en donde denunció los hechos que fueron cometidos en su agravio, tomando en consideración que es la primera declaración que realizó la menor ofendida en presencia ministerial después de ocurridos los hechos, por tanto era más presente el evento delictivo llevado a cabo por su agresor. En efecto, de la ejecutoria que se analiza no se advierte en modo alguno que al definirse el alcance y valor probatorio de las pruebas que integran el sumario, la Sala responsable desarrollara un argumento afín al expresado posteriormente al calificar los agravios; es decir, la responsable destacó que sí existen diversas inconsistencias en las manifestaciones realizadas por la ofendida en las diversas entrevistas que le fueron realizadas, pero este aspecto no lo hizo valer y justiprecio al definir la efectividad de las pruebas para tener por actualizados los elementos corpóreos del tipo penal y la probable responsabilidad, lo que configura una afectación a la congruencia interna de la sentencia, en la medida en que establece la idoneidad de las pruebas y a su vez reconoce incongruencia en ellas, esto sin justificar en las diversas fases del pronunciamiento, la salvedad de la primera entrevista ministerial. Por tanto, al no haberse resuelto de esa manera el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, se le deja en estado de indefensión, en virtud de que no se analizaron de forma exhaustiva y congruente todas las cuestiones relativas al auto de formal prisión recurrido; lo que trajo consigo que la Sala responsable transgrediera la congruencia y exhaustividad de los fallos a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Énfasis añadido) SEGUNDO. Actos en cumplimiento. El Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos, de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla del Tribunal del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, con sede en esta ciudad, por oficio *****, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de diciembre de la presente anualidad (foja 135), remitió la resolución de trece de diciembre del mismo año, dictada en el toca penal ***** (fojas 136 a 252). TERCERO. Análisis de cumplimiento. Procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de la copia certificada de la determinación remitida por la autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere a que la autoridad dejará sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal *****, mediante la cual confirmó el auto de formal prisión de dieciséis de junio del año en curso, emitido en contra del quejoso, en la causa penal *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada agravada, sí se llevó a cabo, pues la autoridad responsable en el resolutivo primero de la sentencia de trece de diciembre del año en curso emitió lo conducente (foja 251). Luego, respecto al cumplimiento del inciso b) de los efectos de la concesión de amparo, concerniente a las irregularidades detectadas en la resolución materia de la Litis -transgresión a los principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias-, se estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida a cabalidad, sin excesos ni defectos, por las razones siguientes. Tocante a la afectación al principio de "exhaustividad", en razón de que la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación, omitió analizar las alegaciones del recurrente, en las que sostuvo: - Que resultaban relevantes las contradicciones vertidas por la ofendida en la versión de hechos que realizó ante el representante social y ante la perito en victimología, al manifestar como fecha de los hechos el dos de marzo de dos mil once, y que su agresor la penetro con el pene. - Que los dictámenes que obran en la causa penal, no habían sido ratificados por los peritos oficiales, circunstancia que constituía un vicio formal, y por tanto, no correspondía conceder valor probatorio alguno a las pruebas periciales practicadas a la ofendida, pues ante la falta de ratificación de éstas, resultaban pruebas imperfectas, carentes de formalidad necesaria para conferirles valor probatorio, por lo que al haber sido consideradas plenamente resultaban afectados sus derechos fundamentales; y, Al respecto, de la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil diecinueve en el Toca Penal *****, en cumplimiento, se observa que la 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, procedió a pronunciarse sobre las alegaciones particulares, determinando lo siguiente: "[.] En relación a lo manifestado por el disidente que existe contradicciones entre lo manifestado por la menor ofendida de iniciales *****en su declaración ministerial de diecisiete de septiembre de dos mil once, respecto a los hechos en que acontecieron el dos y nueve de agosto de dos mil once, y que su representado le introdujo sus dedos de la mano en la vagina de la menor pasivo; y en presencia de la trabajadora social (estudio victimológico) la menor víctima, refirió que los hechos ocurrieron el dos de marzo de dos mil once, y en otra ocasión, cuando su agresor salió a la calle y después ella se salió a lavar su cara, cuando regresó a su cuarto su padrastro estaba en su cuarto y que fue ahí que lo agarró y la aventó en su cama, para agredirla nuevamente, sacando su pene e introduciéndolo en su vagina; y que en presencia de la psicóloga (valoración psicológica) la menor agraviada manifestó: 'No recuerdo que fecha era, pero si recuerdo que fue a principios del mes de marzo de dos mil once, yo estaba en mi casa aproximadamente a las doce del día, y como a los tres días después de la agresión sexual, nuevamente manifiesta la menor víctima que fue agredida por su padrastro, al meterle su parte su pene en su vagina, quien lo metía a la fuerza'. Continúa refiriendo el disidente de apelación, que dichas contradicciones existen en las declaraciones que fueron realizadas por la menor ofendida de iniciales ***** (cuyo nombre se suprime por el derecho a la identidad de la menor), tanto ante la representación social como ante la perito que realizó el dictamen victimológico; toda vez que ante la representación social refirió que los hechos ocurrieron el dos y nueve de agosto de dos mil once, y que su representado le introdujo sus dedos en su vagina, en tanto que en presencia de la trabajadora social, refirió que los hechos ocurrieron el dos de marzo de dos mil once, así como además de introducirle los dedos en su vagina, refirió que la penetró con su pene, por lo que considera que dichas contradicciones deben ser desacreditadas, porque cambia la versión de los hechos, por lo que surge la duda fundada resultando inverosímil la declaración de la menor ofendida. Aunado a ello, también se encuentra corroborado con la declaración de la menor de iniciales***** (cuyo nombre se suprime por el derecho a la identidad de la menor), realizada en presencia de la psicóloga el veintiséis de septiembre de dos mil once, quien manifestó que no recuerda la fecha exacta de la agresión que sufrió, pero que fue a principios de marzo de dos mil once, cuando su representado le introdujo el dedo en su vagina, por lo que cabe destacar que las referidas manifestaciones de la menor ofendida hacen poco creíble e inverosímil la versión que hiciera ante la representación social y que el resolutor no valoró correctamente pues se advierten contradicciones e incongruencia en sus declaraciones de la menor ofendida de iniciales ***** (cuyo nombre se suprime por el derecho a la identidad de la menor). Agravios que se consideran infundados, porque a consideración de esta Sala no existen contradicciones por las razones siguientes: En principio este Tribunal considera que las manifestaciones realizadas durante la práctica de los estudios victimológicos y psicológicos que le fueron practicados a la ofendida, no deben ser tomados en cuenta como declaraciones, puesto que lo expuesto en el capítulo de versión de los hechos forma parte de un dictamen, y, derivada de las entrevistas que se le practicaron a la ofendida únicamente para emitir una conclusión en relación a la materia sobre la cual versa cada uno de ellos, y, a partir de éste establecer si existe o no congruencia entre los hechos manifestados con el estado emocional en que se encontraba la pasivo al momento de narrarlos, pero de ninguna forma pueden determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito, éstas deben partir de la declaración ministerial expuesta por la ofendida ante el Fiscal del Ministerio Público quien es el órgano investigador encargado y facultado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para realizar actos de investigación, entre ellos, recabar la declaración ministerial de la ahora ofendida, por contar con fe pública. [.] En consecuencia, como ya anteriormente se dijo la declaración de la menor ofendida de iniciales *****rendida en sede ministerial, es la que se toma en cuenta como su primigenia declaración de los hechos acontecidos en su agravio, pues es la primera que es emitida de manera directa por la persona que resintió la agresión sexual, máxime que la sujeto pasivo de dicho ilícito es menor de edad, la cual por su propia condición ignora los términos técnicos para referir la conducta ilícita cometida en su perjuicio, y que es la persona que acude a denunciar los hechos ante la autoridad judicial, para efecto de que se inicie la noticia criminis, para efectos de que se inicie las investigaciones del hecho punible. Énfasis añadido (fojas 244 a 247) De igual manera se advierte que el apelante refiere: que las experticias consistentes en el dictamen médico, mediante oficios números *****de veintiséis de septiembre de dos mil once, y firmado por la doctora *****de la valoración psicológica emitida mediante oficio *****de veintiséis de septiembre de dos mil once, suscrito y firmado por *****psicóloga, y estudio victimológico realizado por la licenciada *****, rendida mediante oficio número *****de veintiocho de septiembre de dos mil once, mismo que le fueron practicados a la menor pasivo de iniciales *****., estos no fueron ratificados por dichos peritos y que por tanto no deben ser tomados en cuenta al no ser ratificados en sede judicial. Argumentos defensivos que resultan ser infundados tomando en consideración que las ratificaciones de los dictámenes y periciales que se hayan realizado durante el periodo de preinstrucción (averiguación previa), estas pueden ser ratificadas hasta antes del cierre de instrucción, aunado a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la ausencia de la ratificación de los dictámenes periciales oficiales constituye una imperfección y un vicio formal susceptible de ser subsanado en la etapa de instrucción penal, a efecto de procurarles valor probatorio pleno en la etapa de la sentencia definitiva. Al respecto, la carga de perfeccionar este tipo de prueba de cargo corresponde al oferente Ministerio Público, pues al Juez del proceso le está vedado ordenar su ratificación, en atención a la imparcialidad e igualdad de trato procesal que debe observar, por lo cual, sólo incumbe a las partes perfeccionar pruebas para obtener su valor pleno. [.] Por lo anterior, aun habiendo presentado los agravios por parte de la defensa, estos resultan inoperantes e infundados para variar el sentido de la resolución apelada, al subsistir las pruebas de cargo que fueron integradas en la averiguación previa, que pesan en contra del agente del delito, quedando firme por ende el auto de formal prisión que hoy se revisa" Énfasis añadido(fojas 248 y 249) De lo transcrito se tiene que la autoridad responsable subsanó la irregularidad consistente en resolver de forma íntegra los planteamientos formulados por el quejoso en su recurso de apelación, en virtud de que concedió tratamiento especial a las manifestaciones relaciones con posibles contradicciones en las declaraciones de la ofendida y la falta de ratificación de los dictámenes que le fueron practicados a la misma -médico y victimológico-, de ahí que se estime que la ejecutoria de amparo, en su parte relativa, se encuentre formalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Al margen de lo anterior debe decirse que la diversa irregularidad determinada en la ejecutoria de amparo, relativa a la congruencia internada de la resolución impugnada, entendida como aquella característica de que la resolución no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, también fue subsanada. Para justificar lo anterior, se parte del argumento de la responsable en el que sostenía la existencia de contradicciones en las manifestaciones de la víctima, y a su vez, establecía que el material probatorio resultaba idóneo para acreditar los elementos corpóreos del delito y la probable responsabilidad del implicado. Luego, al emitir la nueva determinación en cumplimiento, determinó que no existían contradicciones en las manifestaciones de la víctima, lo cual implica la disolución de argumentos contradictorios como lo eran los destacados en el párrafo que antecede, así en estricto sentido deja de estimar la existencia de contradicciones lo que conlleva a solventar la congruencia interna de la resolución en estudio. Pronunciamiento: de conformidad con las consideración es que anteceden, procede determinar que la autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, a cabalidad, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, al haber acatado todos los lineamientos señalados en la sentencia definitiva. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Manifestaciones: Con escrito registrado con número 20831, el quejoso manifestó que la autoridad responsable no dio total cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que únicamente se limitó a valorar como pruebas las pruebas periciales realizadas a la ofendida sin que estas hubiesen sido ratificadas, además, de que solamente fue tomada en consideración la primera de las declaraciones realizadas por la menor, misma que no coincidía con las siguientes. En atención a lo anterior, deberá estarse a lo ordenado en líneas que anteceden de las que se advierte que la autoridad responsable, cumplió con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Además, no logra evidenciar que en la sentencia en cumplimiento no de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir, que subsista la afectación a los principios de congruencia y exhaustividad, de ahí que deba prevaler la determinación que antecede en el sentido en que se determina. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito con el escrito signado por el quejoso ****, por el cual realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento que adujó haber dado la autoridad responsable al fallo protector; en atención a ello, una vez que este órgano pronuncie la determinación que prevé el artículo 196 de la ley de la materia, atenderá lo manifestado por el ocursante. Resulta aplicable, la tesis 2a. CXIV/2013 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO". Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla del Tribunal del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias con las que aduce haber acatado la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. VISTA DE CUMPLIMIENTO notifiquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo; 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en el presente asunto, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese.
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