Marco Antonio de Anda Carrera
Expediente 736/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio de Anda Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En seis de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, y que no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerita proveer su destino. Que sí existen tomos de prueba pendientes por devolver a la autoridad responsable Tribunal Especializado en Justicia Para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, consistentes en el toca de apelación 10/2016, la causa penal 069/2015; un sobre amarillo con dos discos que contienen la audiencia intermedia celebrada dentro de la mencionada causa y un cuadernillo de amparo. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con un oficio con registro 7596 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado en uno de junio del año en curso, en el amparo en revisión penal 272/2016; los autos del juicio de amparo 736/2016, toca de apelación penal 20/2016, causa penal 069/2015, con dos discos compactos en un sobre amarillo y un cuadernillo relativo de amparo. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta CONFIRMÓ la sentencia dictada por este Tribunal Federal, el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, conforme a los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 736/2016-3, promovido por Marco Antonio de Anda Carrera, contra los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria." En atención a que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Especializado en Justicia Para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en el toca de apelación 10/2016, la causa penal 069/2015 y un sobre amarillo con dos discos que contienen la audiencia intermedia celebrada dentro de la mencionada causa y un cuadernillo de amparo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 14890.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por los licenciados Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, en su carácter de defensores particulares del quejoso Marco Antonio de Anda Carrera, en contra de la sentencia de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictada por este Juzgado, en el amparo indirecto 736/2016-3, quedando registrado como amparo en revisión penal 272/2016-2. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fraccion iii, en relacion con el 29 ambos de la ley de amparo, se notifica por medio de lista a la tercero interesada, el contenido del auto dictado en diecinueve de agosto de dos mil dieciseis el cual dice lo siguiente: "En diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 14504, con seis copias que se anexan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, en su carácter de defensores particulares del quejoso MARCO ANTONIO DE ANDA CARRERA; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo, se les tiene por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa y se cuente con las constancias relativas a la notificación del presente proveído a las partes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondientes para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado; así como el toca de apelación A.P.J.A 10/2016 y la causa penal 069/2015; un sobre amarillo con dos discos que contienen la audiencia intermedia celebrada dentro de la mencionada causa; y un cuadernillo de amparo, que en su oportunidad remitió la autoridad responsable TRIBUNAL ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE ZACATECAS, en apoyo a su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO, PERSONALMENTE A LA TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 736/2016-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el uno de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARCO ANTONIO DE ANDA CARRERA, por conducto de sus defensores particulares licenciados BENIGNO BELTRÁN TELLES y BENIGNO DANIEL BELTRÁN ESPARZA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que se precisan enseguida: Autoridad responsable: Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas. Acto Reclamado: "La resolución de fecha treinta de mayo del año en curso por medio de la cual se confirma la que fuera materia del Recurso de Apelación y por medio de la cual se excluyen pruebas ofrecidas por la defensa, estimando que los argumentos y motivaciones que contiene dicha resolución no son acordes a las normas que rigen el procedimiento, lo que implica que se excluyan pruebas que la defensa considera fundamentales para desvirtuar los medios probatorios ofertados por la Representación Social y que consideramos viola las garantías que en favor del imputado establece el Artículo 20 Constitucional; 2. Todas las consecuencias legales que se deriven de los actos que dejamos precisados." Preceptos constitucionales que se consideran violados. El quejoso señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 736/2016-3; y en proveído de uno de junio de dos mil dieciséis se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que se reclaman actos de una autoridad que corresponde a la circunscripción territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que el quejoso reclama del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, la resolución de treinta de mayo del año en curso, dictada dentro del toca de apelación penal 10/2016, que confirmó la diversa dictada por la Juez en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado, el veinte de abril de presente año, dentro de la causa penal 69/2015, en la que determinó excluir algunas pruebas documentales ofrecidas por la defensa del ahora quejoso MARCO ANTONIO DE ANDA CARRERA. Existencia del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". Es cierto el acto que se reclama al Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconoció su Magistrada en el informe justificado que rindió (f. 22-23). Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que la citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca de apelación A.P.J.A. 10/2016, la causa penal 069/2015 y dos discos que contiene la audiencia intermedia celebrada dentro de la mencionada causa penal; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Esta resolutora considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, éstos aplicados en sentido contrario, así como la fracción X del numeral 173, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] "X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;" [.] Previamente conviene acotar que con base en las porciones normativas trascritas contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida el treinta de mayo de dos mil dieciséis, por el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas dentro del toca de apelación penal 10/2016, en la que confirmó la determinación de veinte de abril de ese propio año, dictada en la audiencia intermedia por la Juez en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, dentro en la causa penal 69/2015, que se instruye en contra del aquí quejoso por el delito de violación equiparada perpetrado en perjuicio de Arantxa Daniel Torres Valerio; determinación en la que se excluyeron algunas pruebas documentales ofrecidas por la defensa del ahora quejoso. Pues bien, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, la resolución reclamada no constituye un acto cuya repercusión sobre el hoy quejoso se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no incide en dichas prerrogativas. En efecto, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido al concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el constituyente al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, toda vez que la exclusión de las pruebas ofrecidas por la defensa del quejoso en la causa penal de origen, constituye una violación procesal subsanable si obtiene sentencia favorable en ese procedimiento, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier vicio procesal que se hubiera cometido al emitir la resolución reclamada; y, en caso de serle adversa, el garante estaría en condiciones de impugnarla a través del recurso de apelación y obtener fallo a su favor; y, de no ser así, podrá impugnar la sentencia de segunda instancia por vía de amparo directo haciendo valer aquella violación procesal, la cual podrá quedar insubsistente si se le concede la protección constitucional. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues de así aceptarlo se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; de ahí que resulta improcedente contra actos que únicamente tienen efectos intraprocesales, en tanto que sus consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable en el juicio de origen de que se trate. Para ilustrar lo antes expuesto, se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo hasta aquí expuesto se obtiene que para efectos del juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir el acto que aquí se reclama, consistente en la resolución emitida el treinta de mayo del año en curso, por el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas dentro del toca de apelación penal 10/2016, en la que confirmó la determinación de veinte de abril de ese propio año, dictada por la Juez en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, dentro en la causa penal 69/2015, que se instruye en contra del aquí quejoso, en la que se excluyeron las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso, dado que, se insiste, dicho acto impugnado en esta vía constitucional no tiene como consecuencia afectación alguna, ni directa ni inmediata de sus derechos sustantivos, en los términos que se precisan en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales y no de imposible reparación, dado que sus posibles resultados pueden ser reparadas mediante la obtención de sentencia favorable, o bien, de serle adversa, tal violación podría quedar subsanada con el eventual cumplimiento que se otorgue a la ejecutoria que se pronuncie en el juicio de amparo directo que contra tal fallo se promueva, previo agotamiento del recurso que proceda. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 24/92 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio constitucional. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 736/2016-3, promovido por MARCO ANTONIO DE ANDA CARRERA, por conducto de sus defensores particulares licenciados BENIGNO BELTRÁN TELLES y BENIGNO DANIEL BELTRÁN ESPARZA, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.
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