Marcelo Juárez Ulloa

Expediente 1240/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1240/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Marcelo Juárez Ulloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: a) El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del veintiuno al veintitrés de este mes y año. b) En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. c) Asimismo, no existen tomos de pruebas que devolver a autoridad alguna. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte la existencia de los acuses de los ocursos presentado ante la responsable el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis, documentos originales que ameritan su devolución al quejoso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 74 a 84), este juzgado concedió el amparo solicitado para el efecto de que, el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial dependiente de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado: I. Dejara sin efecto el oficio 0029/2016, de trece de diciembre de dos mil dieciséis; y II. Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emitiera una nueva determinación en la que se pronunciara sobre las peticiones realizadas por el quejoso mediante escritos presentados ante su instancia el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis; en el entendido de que no se restringía el sentido en que podía emitirse la determinación, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución General de la República. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutora de amparo se concretaron en la emisión de una respuesta fundada y motivada a las peticiones realizadas por la parte quejosa, en concreto, porque se consideró que la autoridad responsable no había invocado los preceptos legales sustento del acto reclamado, en relación con el impedimento para dar contestación a lo solicitado y ante cuál autoridad debería de acudir a solicitar la información requerida, es decir, tal concesión debería también contener la información relativa a qué autoridad podría contar con la información requerida por el quejoso, esto, a efecto de que el solicitante tuviera pleno entendimiento del asunto y estuviera en aptitud de defender sus intereses. En oficio presentado el veintitrés de mayo de la presente anualidad (fojas 122 a 127), el Subsecretario de desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que por oficio 296/2017, de seis de abril de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el oficio reclamado y dio respuesta a la petición del quejoso; en acuerdo de seis de junio de la presente anualidad (fojas 132-133), este juzgado consideró que la determinación anterior no acataba la totalidad de los lineamientos del fallo concesorio, en virtud de que, en concreto, no se refirió la autoridad que podría contar con la información solicitada o si la responsable era la única que podría brindarla. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior el Subsecretario de desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del Estado de Zacatecas remitió copia certificada del oficio 399/2017, en el cual dejó sin efectos al diverso 296/2017 y, en respuesta a las peticiones realizadas por el amparista mediante escritos presentados ante su instancia el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis, determinó que: Con base en los artículos transitorios décimo primero, décimo segundo y décimo sexto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial en el suplemento número 3 al 62, en fecha cuatro de agosto del año dos mil doce, se ordenó la transferencia de personal, recursos financieros y materiales del Consejo Promotor de la Vivienda a la Secretaria de Infraestructura, así como la competencia para asumir y atender los acuerdos, convenios, derechos y/o procedimientos que hubiere adquirido dicho consejo; asimismo, que a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento 3 al 96 del Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el artículo quinto transitorio, se estableció la competencia de la secretaria a cargo de la responsable para conocer respecto de los trámites y asuntos por resolver del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular. Con la entrega y recepción anterior se trasladaron libros blancos, archivo histórico y archivo de asuntos pendientes del consejo extinto. Empero, tras una búsqueda minuciosa y exhaustiva no se encontraron archivos, expedientes o documentos sobre la información solicitada por el amparista. En el entendido de que la secretaria citada, es la única dependencia del Gobierno del Estado de Zacatecas que tiene los archivos, información, expedientes y documentos del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular del Estado de Zacatecas. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable determinó no contar con la información solicitada sobre la base de que no existía registro documental alguno al respecto, siendo que era el órgano competente para conocer de los asuntos del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular y tenía los archivos de éste. De tal suerte que se dio respuesta congruente a la solicitud del amparista, pues su petición toralmente versaba sobre si el personal del consejo en referencia había cambiado la chapa de la puerta principal de su vivienda, realizado el desalojo de éste y sustraído el material almacenado; por lo que la haberse informado que no se tenía registró alguno de tal actuación, implica que se comunicó que la autoridad citada no la realizó. En esa línea, la copia certificada del oficio en comento presenta la firma de recepción del original por parte del quejoso, lo que implica la notificación de tal determinación. Por tanto, al haberse dado respuesta congruente, fundada y motivada (en virtud de que, en conformidad con lo expuesto, se citaron los preceptos legales aplicables y las razones de la respuesta), los efectos de la ejecutoria de amparo se han acatado en su totalidad. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, en virtud de que se advierte que en el presente juicio fueron presentados los acuses originales de los ocursos presentado por quejoso ante la responsable el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis; en términos del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, infórmese a la parte quejosa que cuenta con el plazo de NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, a efecto de que comparezca a recibir los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo seguirán la suerte del presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. ABL

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 74 a 84), este juzgado concedió el amparo solicitado para el efecto de que, el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial dependiente de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado: I. Dejara sin efecto el oficio 0029/2016, de trece de diciembre de dos mil dieciséis; y II. Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emitiera una nueva determinación en la que se pronunciara sobre las peticiones realizadas por el quejoso mediante escritos presentados ante su instancia el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis; en el entendido de que no se restringía el sentido en que podía emitirse la determinación, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución General de la República. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutora de amparo se concretaron en la emisión de una respuesta fundada y motivada a las peticiones realizadas por la parte quejosa, en concreto, porque se consideró que la autoridad responsable no había invocado los preceptos legales sustento del acto reclamado, en relación con el impedimento para dar contestación a lo solicitado y ante cuál autoridad debería de acudir a solicitar la información requerida, es decir, tal concesión debería también contener la información relativa a qué autoridad podría contar con la información requerida por el quejoso, esto, a efecto de que el solicitante tuviera pleno entendimiento del asunto y estuviera en aptitud de defender sus intereses. En oficio presentado el veintitrés de mayo de la presente anualidad (fojas 122 a 127), el Subsecretario de desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que por oficio 296/2017, de seis de abril de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el oficio reclamado y dio respuesta a la petición del quejoso; en acuerdo de seis de junio de la presente anualidad (fojas 132-133), este juzgado consideró que la determinación anterior no acataba la totalidad de los lineamientos del fallo concesorio, en virtud de que, en concreto, no se refirió la autoridad que podría contar con la información solicitada o si la responsable era la única que podría brindarla. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior el Subsecretario de desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del Estado de Zacatecas remitió copia certificada del oficio 399/2017, en el cual dejó sin efectos al diverso 296/2017 y, en respuesta a las peticiones realizadas por el amparista mediante escritos presentados ante su instancia el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis, determinó que: Con base en los artículos transitorios décimo primero, décimo segundo y décimo sexto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial en el suplemento número 3 al 62, en fecha cuatro de agosto del año dos mil doce, se ordenó la transferencia de personal, recursos financieros y materiales del Consejo Promotor de la Vivienda a la Secretaria de Infraestructura, así como la competencia para asumir y atender los acuerdos, convenios, derechos y/o procedimientos que hubiere adquirido dicho consejo; asimismo, que a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento 3 al 96 del Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el artículo quinto transitorio, se estableció la competencia de la secretaria a cargo de la responsable para conocer respecto de los trámites y asuntos por resolver del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular. Con la entrega y recepción anterior se trasladaron libros blancos, archivo histórico y archivo de asuntos pendientes del consejo extinto. Empero, tras una búsqueda minuciosa y exhaustiva no se encontraron archivos, expedientes o documentos sobre la información solicitada por el amparista. En el entendido de que la secretaria citada, es la única dependencia del Gobierno del Estado de Zacatecas que tiene los archivos, información, expedientes y documentos del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular del Estado de Zacatecas. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable determinó no contar con la información solicitada sobre la base de que no existía registro documental alguno al respecto, siendo que era el órgano competente para conocer de los asuntos del extinto Consejo Promotor de la Vivienda Popular y tenía los archivos de éste. De tal suerte que se dio respuesta congruente a la solicitud del amparista, pues su petición toralmente versaba sobre si el personal del consejo en referencia había cambiado la chapa de la puerta principal de su vivienda, realizado el desalojo de éste y sustraído el material almacenado; por lo que la haberse informado que no se tenía registró alguno de tal actuación, implica que se comunicó que la autoridad citada no la realizó. En esa línea, la copia certificada del oficio en comento presenta la firma de recepción del original por parte del quejoso, lo que implica la notificación de tal determinación. Por tanto, al haberse dado respuesta congruente, fundada y motivada (en virtud de que, en conformidad con lo expuesto, se citaron los preceptos legales aplicables y las razones de la respuesta), los efectos de la ejecutoria de amparo se han acatado en su totalidad. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, en virtud de que se advierte que en el presente juicio fueron presentados los acuses originales de los ocursos presentado por quejoso ante la responsable el uno de julio y trece de agosto de dos mil quince y el cinco de octubre de dos mil dieciséis; en términos del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, infórmese a la parte quejosa que cuenta con el plazo de NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, a efecto de que comparezca a recibir los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo seguirán la suerte del presente expediente. "

  3. Principal

    El trece de junio de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el oficio registrado con el folio 8042 y anexos que se acompañan. Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la determinación, emitida en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que estime pertinente, bajo apercibimiento que este juzgado resolverá, de oficio, lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. ABL

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 13 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la determinación, emitida en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que estime pertinente, bajo apercibimiento que este juzgado resolverá, de oficio, lo conducente."

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