Marco Antonio Corona García

Expediente 1479/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1479/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Corona García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 256 a 258), la Delegada de la Tesorería Municipal y Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de agosto de la presente anualidad (foja 259), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 103 a 124), se determinó conceder a Marco Antonio Corona García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 7, 8 y segundo transitorio, de la ley así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le devuelva a la parte peticionaria de garantías, las cantidades de $2,812.20 (dos mil ochocientos doce pesos 20/100 moneda nacional) y $5,089.29 (cinco mil ochenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional) que el quejoso pagó por los conceptos de tarjeta de identificación de giro y tiempo extraordinario con vencimiento al 31 de diciembre del presente año (dos mil diecisiete), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la parte solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que fue recurrida por el Síndico, Tesorería, Director de Ingresos y Jefe del Departamento de Funcionamiento de Negocios, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, el cual recayó en el amparo en revisión 1179/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito; sin embargo, del testimonio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Décima Región, dentro del cuaderno auxiliar 511/2018 de su índice en el que se resolvió el amparo en revisión administrativo en comento (fojas 226 a 237), se advierte que se confirmó la sentencia impugnada, por lo que causó ejecutoria el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 239 a 240). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 256 a 258), la Delegada de las responsables Tesorería y Síndico Municipal, ambos de Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la entrega de dos cheques, el primero con número de 0121654, por la cantidad de $2,942.87 (dos mil novecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional) y el segundo con folio 0121655 bueno por $5,325.78 (cinco mil trescientos veinticinco pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional), los que fueron entregados en ocho de agosto de la presente anualidad (fojas 257 y 258), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad de $8,268.65 (ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional) En ese sentido, es oportuno destacar que los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el seis y siete de julio de dos mil diecisiete (fojas 18 y 20), y que se efectúo la devolución mediante los títulos de crédito citados en el párrafo anterior el ocho de agosto de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes junio de dos mil dieciocho fue de 132.282 y para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0464. Al respecto, es oportuno mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en la sumatoria de los recibos materia de concesión, el primero valioso por $2,812.20 (dos mil ochocientos doce pesos con veinte centavos) y el segundo por $5,089.29 (cinco mil ochenta y nueve pesos con veintinueve centavos moneda nacional) lo que da como resultado la cantidad de $7,901.49 (siete mil novecientos un pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $7,901.49 (siete mil novecientos un pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,268.11 (ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con once centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $366.62 (trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal, sentencia que fue recurrida y confirmada mediante testimonio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 256 a 258), la Delegada de la Tesorería Municipal y Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de agosto de la presente anualidad (foja 259), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 103 a 124), se determinó conceder a Marco Antonio Corona García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 7, 8 y segundo transitorio, de la ley así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le devuelva a la parte peticionaria de garantías, las cantidades de $2,812.20 (dos mil ochocientos doce pesos 20/100 moneda nacional) y $5,089.29 (cinco mil ochenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional) que el quejoso pagó por los conceptos de tarjeta de identificación de giro y tiempo extraordinario con vencimiento al 31 de diciembre del presente año (dos mil diecisiete), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la parte solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que fue recurrida por el Síndico, Tesorería, Director de Ingresos y Jefe del Departamento de Funcionamiento de Negocios, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, el cual recayó en el amparo en revisión 1179/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito; sin embargo, del testimonio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Décima Región, dentro del cuaderno auxiliar 511/2018 de su índice en el que se resolvió el amparo en revisión administrativo en comento (fojas 226 a 237), se advierte que se confirmó la sentencia impugnada, por lo que causó ejecutoria el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 239 a 240). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 256 a 258), la Delegada de las responsables Tesorería y Síndico Municipal, ambos de Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la entrega de dos cheques, el primero con número de 0121654, por la cantidad de $2,942.87 (dos mil novecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional) y el segundo con folio 0121655 bueno por $5,325.78 (cinco mil trescientos veinticinco pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional), los que fueron entregados en ocho de agosto de la presente anualidad (fojas 257 y 258), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad de $8,268.65 (ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional) En ese sentido, es oportuno destacar que los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el seis y siete de julio de dos mil diecisiete (fojas 18 y 20), y que se efectúo la devolución mediante los títulos de crédito citados en el párrafo anterior el ocho de agosto de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes junio de dos mil dieciocho fue de 132.282 y para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0464. Al respecto, es oportuno mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en la sumatoria de los recibos materia de concesión, el primero valioso por $2,812.20 (dos mil ochocientos doce pesos con veinte centavos) y el segundo por $5,089.29 (cinco mil ochenta y nueve pesos con veintinueve centavos moneda nacional) lo que da como resultado la cantidad de $7,901.49 (siete mil novecientos un pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $7,901.49 (siete mil novecientos un pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,268.11 (ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con once centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $366.62 (trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal, sentencia que fue recurrida y confirmada mediante testimonio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Delegado de la autoridad responsable denominada Tesorería Municipal y Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite lo solicitado en auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho en cumplimiento del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Delegado de la autoridad responsable denominada Tesorería Municipal y Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite lo solicitado en auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho en cumplimiento del fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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