Marco Antonio Corona García
Expediente 1478/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1478/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/11/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio Corona García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de agosto del año que transcurre (fojas 193 a 195), la delegada de las autoridades responsables Tesorera y Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 196), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en trece de septiembre de dos mil diecsiete (fojas 96 a 115), se determinó conceder a Marco Antonio Corona García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 7 , 8 y segundo transitorio, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le devuelva al peticionario de garantías las cantidades de $3,149.66 (tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 66/100 moneda nacional) y $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de tarjeta de identificación de giro correspondiente al año dos mil diecisiete, relativo a "minisúper/abarrotes con bebidas alcohólicas" y tiempo extraordinario de giro correspondiente al año dos mil diecisiete, relativo a "venta de bebidas alcohólicas por botella cerrada en minisúper", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la parte solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada ley de ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Sentencia que quedó firme en proveído de once de julio de la presente anualidad (foja 177), toda vez que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por el Tesorero Municipal, Jefe de Funcionamiento de Negocios, Director de Egresos y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por lo que se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el catorce de agosto del presente año (fojas 193 a 195), la delegada de las autoridades responsables Tesorera y Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó copias de los cheques a nombre del quejoso (fojas 194 y 195), que contienen la suma de las cantidades erogadas y su actualización correspondiente. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió las cantidades de $3,283.33 (tres mil doscientos ochenta y tres pesos 33/100 moneda nacional) y $10,737.15 (diez mil setecientos treinta y siete pesos 15/100 moneda nacional), que corresponde a los montos erogados por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. En ese sentido, es oportuno destacar que los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados en seis y diez de julio de dos mil diecisiete, respectivamente y que el veinte de julio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por los montos totales actualizado de dichos recibos (foja 195 y 196), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecisiete a junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de junio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408 y para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 132.282, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.046460667046389. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por las cantidades erogadas por concepto del derecho en comento, a saber: $3,149.66 (tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 66/100 moneda nacional) y $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente se obtiene el monto de dichas contribuciones actualizadas a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,295.99 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 99/100 moneda nacional) y $10,778.54 (diez mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $146.33 (ciento cuarenta y seis pesos 33/100 moneda nacional) y $478.54 (cuatrocientos setenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional) No pasa inadvertido que los montos que la responsable debía devolver al quejoso eran de$3,295.99 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 99/100 moneda nacional) y $10,778.54 (diez mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $3,283.33 (tres mil doscientos ochenta y tres pesos 33/100 moneda nacional) y $10,737.15 (diez mil setecientos treinta y siete pesos 15/100 moneda nacional), es decir, presentan un déficit $12.66 (doce pesos 66/100 moneda nacional) y $41.39 (cuarenta y un pesos 39/100 moneda nacional), pero dichas cantidades no tienen relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de las diferencias a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolver, así como los que efectúe el quejoso, a fin de recibir dichos montos, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la delegada de las autoridades responsables Tesorera y Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la delegada de las autoridades responsables Tesorera y Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signado por la delegada de las autoridades responsables Tesorera y Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit y anexos que acompañan, a través de los cuales informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguense a sus autos para que obren como correspondan; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo que este juzgado estará a la espera del cumplimiento total del fallo protector. Por otro lado, en atención a la solicitud consistente en que le sea concedida una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos, por las razones que expone en los libelos de cuenta, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se le concede a los entes responsables de referencia dicha prórroga, a efecto de que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acaten la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que den cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de once de julio del año en curso (foja 177).
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