Marco Antonio Chulim Sierra

Expediente 519/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
519/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Chulim Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión de plano, se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    :: En quince de junio de dos mil veintidós, el secretario Osvaldo Hernández Romero, certifica: que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, con el informe justificado de la autoridad responsable, para que ampliara la demanda de amparo, transcurrió del veinte de mayo al nueve de junio de dos mil veintidós; lo anterior, debido a que el citado auto le fue notificado electrónicamente el diecinueve de dicho mes y año, surtiendo sus efectos el mismo día, en términos del artículo 31, fracción lll, de la Ley de Amparo. Se excluyen de ese cómputo el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro y cinco de junio de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Conste. El secretario En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 519/2021-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, da cuenta con la certificación que precede. El Juez acuerda: visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que le fue realizado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos correspondientes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la autoridad responsable Director de la Clínica de Medicina Familiar Cozumel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofreció pruebas documentales, así como esta autoridad de oficio requirió constancias al Director de la Clínica de la Región 93 de dicho instituto, con sede en esta ciudad; y las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba. A lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas exhibidas por la parte quejosa y autoridad responsable, así como las recabadas por esta autoridad, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez provee: se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 519/2021-IV, promovido por el Marcos Antonio Chulim Sierra, por propio derecho, contra actos del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cozumel, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cancún, Quintana Roo, remitido por razón de turno en la misma fecha a este juzgado de distrito, Marcos Antonio Chulim Sierra, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 4°, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acto que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS. - - -I. La omisión de brindarme de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, la cirugía que necesito para retirar la placa, tornillos y demás material médico de mi pierna derecha, y así salvar la vida y preservar mi salud. - - -II. La omisión de brindarme de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, el tratamiento médico que necesito para salvar mi vida y preservar mi salud, por el rechazo que mi cuerpo ha mostrado hacia el material médico que se me insertó quirúrgicamente en la pierna derecha. - - -III. La omisión de programar de inmediato la cirugía que quiero para preservar mi vida y salud. - - -IV. El injustificado riesgo al que se me somete de perder la vida y sufrir un daño irreparable en mi salud, por la omisión de brindarme la cirugía que necesito, bajo el argumento de que no sirve el quirófano del Hospital. - - -V. La omisión de otorgarme de manera inmediata, gratuita y segura, el servicio y tratamiento médico que requiero, a través de subrogación en un hospital del sector público o privado que tenga la capacidad de atenderme de manera integral. - - -VI. La omisión de trasladarme de inmediato, de manera gratuita, urgente y segura, a un hospital público o privado con la capacidad hospitalaria de brindarme el tratamiento y servicio médico integral que necesito. - - -VII. La omisión de realizar de forma inmediata, continua y gratuita, todas las acciones necesarias para salvar mi vida y preservar mi salud ante mi condición médica actual. - - -VIII. La omisión de brindarme de forma inmediata, continua y gratuita, todos los servicios y tratamientos médicos que necesito para dejar de sentir los efectos de rechazo de mi cuerpo hacia el material médico que en mi pierna derecha. - - -IX. La omisión de adoptar de forma inmediata, continua y gratuita todas las medidas urgentes y necesarias para preservar mi vida o minimizar el riesgo de que se pierda derivado de mi actual estado de salud. - - -X. La omisión de sufragar todos los gastos necesarios para mi traslado y hospitalización en una institución que cuente con la capacidad de otorgarme el servicio médico del mas alto nivel posible, para preservar mi salud y salvar mi vida. - - -XI. La omisión de prestarme atención médica del más alto nivel posible para rehabilitarme y restaurar mi estado de salud física. - - -XII. La omisión de otorgarme la licencia de incapacidad médica ante mi actual estado de salud, y la que ocuparé necesariamente derivado de la cirugía de requiero. - - -XIII. La omisión de otorgarme toda la atención médica, tratamiento y demás servicios médicos que necesito, sin tomas las medidas para evitar que me contagie de COVID-19" SEGUNDO. Radicación de demanda y audiencia constitucional. Recibida la demanda de amparo el diez de mayo de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito en auto de la misma fecha, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 519/2021-IV; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se requirió a las autoridades responsables su informe respecto de dicha medida cautelar, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Sobreseimiento fuera de audiencia, recurso de revisión y reposición de procedimiento. Por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Luego, por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra dicho acuerdo; del cual, conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión 352/2021, mismo que resolvió en sesión pública ordinaria por videoconferencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, en la que revocó el referido acuerdo, y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se diera vista a la parte quejosa, notificándole personalmente, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable por el término legal procedente, para que en caso de así estimarlo conveniente manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y continúe el juicio de amparo. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe rendido por la autoridad responsable Director de la Clínica de Medicina Familiar Cozumel, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, así como se ordenó notificarle de forma personal dicho acuerdo a fin de que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente al que surtiera efectos dicha notificación, ampliara su demanda si así los estaba conveniente. CUARTO. Preclusión de derecho de la parte quejosa y sobreseimiento fuera de audiencia. En esta propia audiencia, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo, en relación a la vista que se le dio por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos de autoridad administrativa que carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) La omisión de brindar de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, la cirugía que necesita el quejoso para retirar la placa, tornillos y demás material médico de su pierna derecha, así como de salvar su vida y preservar su salud. b) La omisión de brindar de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, el tratamiento médico que necesita el quejoso para salvar la vida y preservar la salud del quejoso. c) La omisión de programar la cirugía que requiere el quejoso. d) La omisión de otorgar el tratamiento médico al quejoso, a través de subrogación en un hospital del sector público o privado que tenga la capacidad de atenderlo de manera integral. e) La omisión de trasladar al quejoso a un hospital público o privado con la capacidad hospitalaria de brindarle el tratamiento y servicio médico. f) La omisión de brindarle todos los servicios y tratamientos médicos que necesita para dejar de sentir los efectos de rechazo del cuerpo del quejoso, hacia el material médico que está en su pierna derecha. g) La omisión de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para preservar su vida o minimizar el riesgo de que se pierda, derivado de su actual estado de salud. h) La omisión de sufragar todos los gastos necesarios para su traslado y hospitalización en una institución que cuente con la capacidad de otorgarle el servicio médico del más alto nivel posible, para preservar la vida y salud del quejoso. i) La omisión de brindar la atención médica necesaria. j) La omisión de otorgar la licencia de incapacidad médica, ante su actual estado de salud. k) La negativa de continuar proporcionándole la atención médica, tratamientos y demás servicios médicos que necesita, sin tomar las medidas necesarias para evitar que se contagie de COVID-19. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director de la Clínica de Medicina Familiar Cozumel, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian su certeza; por tanto, son ciertos los actos que se le reclaman. En efecto, la autoridad responsable señaló en su informe justificado que las omisiones que se le atribuyen no son ciertas, pues desde el tres de mayo del año en curso solicitó atención médica clínica al hospital del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de realizar a valoración médica al quejoso y en consecuencia poder determinar la cirugía o tratamiento que requiere, dado que la unidad médica a su cargo no tiene el nivel médico requerido para el tratamiento del quejoso. Sin embargo, de sus propias manifestaciones, se advierte que fue hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintidós -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo- que se inició el tratamiento médico del quejoso con la valoración correspondiente respecto de su padecimiento, en el servicio de ortopedia del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del expediente clínico del quejoso que fueron exhibidas por la autoridad responsable, así como las que remitió el Director de la Clínica de la Región 93 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, en atención al requerimiento que esta autoridad le realizó, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que fue hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, en que inició el tratamiento médico del quejoso con su valoración en el área de ortopedia del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta ciudad. Por tanto, resultan ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, en el caso, en cuanto al acto precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativo, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando la responsable actúa en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se precisó en el considerando tercero de esta sentencia, reclama de la autoridad responsable Director de la Clínica de Medicina Familiar Cozumel, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las siguientes omisiones: a) La omisión de brindar de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, la cirugía que necesita el quejoso para retirar la placa, tornillos y demás material médico de su pierna derecha, así como de salvar su vida y preservar su salud. b) La omisión de brindar de forma urgente, inmediata, gratuita y segura, el tratamiento médico que necesita el quejoso para salvar la vida y preservar la salud del quejoso. d) La omisión de programar la cirugía que requiere el quejoso. d) La omisión de otorgar el tratamiento médico al quejoso, a través de subrogación en un hospital del sector público o privado que tenga la capacidad de atenderlo de manera integral. e) La omisión de trasladar al quejoso a un hospital público o privado con la capacidad hospitalaria de brindarle el tratamiento y servicio médico. f) La omisión de brindarle todos los servicios y tratamientos médicos que necesita para dejar de sentir los efectos de rechazo del cuerpo del quejoso, hacia el material médico que está en su pierna derecha. g) La omisión de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para preservar su vida o minimizar el riesgo de que se pierda, derivado de su actual estado de salud. h) La omisión de sufragar todos los gastos necesarios para su traslado y hospitalización en una institución que cuente con la capacidad de otorgarle el servicio médico del más alto nivel posible, para preservar la vida y salud del quejoso. j) La omisión de brindar la atención médica necesaria. j) La omisión de otorgar la licencia de incapacidad médica, ante su actual estado de salud. k) La negativa de continuar proporcionándole la atención médica, tratamientos y demás servicios médicos que necesita, sin tomar las medidas necesarias para evitar que se contagie de COVID-19. Ahora, de las constancias que remitió dicha autoridad en el presente juicio, así como las que fueron recabadas por este órgano jurisdiccional del Director de la Clínica de la Región 93 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, las cuales fueron previamente valoradas en el considerando anterior, se advierte lo siguiente: 1. Mediante oficio DIR/0438/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, firmado por el Director de la Clínica de Medicina Familiar Cozumel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la autoridad responsable informó que en atención al derecho a la salud del quejoso, generó el formato SM1-17 de tres de mayo del año en curso, del que se aprecia que la Clínica Hospital ISSSTE de Cancún ubicada en avenida Kabah, esquina avenida Miguel Hidalgo, s/n, Región 93, Benito Juárez, Quintana Roo, código postal 77517, agendó cita al quejoso para el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo su valoración médica y poder determinar la cirugía o tratamiento médico respectivo; cita a la cual el quejoso deberá acudir, circunstancia que se acredita con el acuse de recibo de trece de mayo de dos mil veintidós, firmado por el quejoso. 2. De igual manera, se otorgaron al quejoso los boletos de ferry (ida) y de autobús para su traslado de Playa del Carmen a Cancún, así como un monto por $250.00 (doscientos cincuenta pesos, sin centavos, moneda nacional), para pago de ferry (vuelta), lo cual queda corroborado con el acuse de recibo del oficio DM/437/2021, así como el recibo de dinero, ambos de trece de mayo de dos mil veintiuno, firmados por el quejoso. 3. El paciente contó con incapacidad médica 093LM1485796 con cobertura hasta el día dieciséis de mayo de dos mil veintiuno y en dado caso de que el médico especialista definiera dar continuidad a la misma, se expediría a partir del diecisiete de mayo del año en curso, lo cual queda de manifiesto con la constancia relativa a dicha incapacidad. 4. Por diverso oficio DCHC/1205/2021 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Encargado de la Dirección de la Clínica Hospital Cancún del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comunicó que el aquí quejoso, el dieciséis de mayo del año en curso, fue valorado por el Médico Traumatólogo y Ortopedista adscrito a la Clínica del ISSSTE, quien determinó lo siguiente: "Acude con resultados de laboratorio dentro de parámetros normales, se programa para retiro de material de osteosíntesis tibi derecha el día 22/05/21 9:00, firma consentimiento y otorga hoja de internamiento". 5. Asimismo, informó que el veintidós de mayo de la presente anualidad, se le realizó la cirugía al aquí quejoso, y se le brindó atención médica especializada que requiere, siendo que mediante nota médica se describió lo siguiente: "Paciente en sala de quirófano, bajo efectos de bloqueo regional, decúbito supino, asepsia y antisepsia de miembro pélvico derecho, colocación de campos estériles, abordaje anterior sobre cicatrices quirúrgicas, disección por planos, exposición de material de osteosíntesis, placa dcp y tornillos, extracción de 7 tornillos de cortical 4.5, remoción de placa dcp la cual se observó integrada a hueso en sus bordes y cubierta por una capa de hueso en su extremo distal, retirándolo con ayuda de cincel, limpieza de lecho quirúrgico, regularización de bordes óseos, cierre por planos cobertura estéril, fin del procedimiento sin incidentes ni complicaciones", lo cual se corrobora con la nota postquirúrgica de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, elaborada por la médico traumatóloga del Hospital Cancún del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6. El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la nota de alta de sala de recuperación posanestésica, de la que se desprende que el paciente se encontraba con buena evolución posquirúrgica, hecho que queda acreditado con nota de alta de dicha fecha elaborada por el anestesiólogo del Hospital Cancún del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7. Mediante oficio DIR/0526/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el director responsable remitió fotocopia certificada de diversas constancias relativas al expediente clínico del quejoso, entre las que se encuentran la licencia médica de diecisiete del mes y año en cita, expedida por veintiocho días, del diecisiete de mayo al trece de junio de la presente anualidad, lo cual se demuestra con la licencia médica con número de serie 093LM1486137 De anterior, se advierte que, durante el trámite del juicio de amparo, se brindó atención médica especializada al quejoso y se le practicó la cirugía de retiro de material de osteosíntesis en tibia derecha, el veintidós de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, se le otorgó licencia médica por veintiocho días al aquí quejoso esto es del diecisiete de mayo al trece de junio de dos mil veintiuno, derivada de la cirugía realizada. En mérito de lo anterior, se concluye que las omisiones reclamadas por la parte quejosa han cesado, en razón de que éstas durante la tramitación del presente procedimiento fueron realizadas a través de las gestiones que realizó la autoridad responsable precisadas con anterioridad a efecto de brindarle la atención médica respecto de la realización de la cirugía que requería con motivo de la fractura segmentaria de tibia y peroné derecho. En efecto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diez de mayo de dos mil veintiuno), si bien la autoridad responsable había realizado gestiones para obtener la cita de la valoración médica del quejoso, respecto de su padecimiento, lo cierto es que fue hasta el trece de mayo del mismo año que le informó la generación del formato SM1-17, del que se aprecia que la Clínica Hospital ISSSTE de Cancún, le agendó cita para el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la cual se llevó a cabo su valoración médica y se determinó la cirugía o tratamiento médico respectivo, y posteriormente se fueron realizando las demás diligencias precisadas con anterioridad como parte de la atención médica que requería el quejoso hasta la intervención quirúrgica que le fue realizada y el otorgamiento de la licencia médica. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de los actos reclamados precisados. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia. Resulta aplicable, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marcos Antonio Chulim Sierra, por propio derecho, contra los actos reclamados de la autoridad responsable precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en los considerandos quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    ::Notificación personal a la parte quejosa y al Agente de Ministerio Público adscrito del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR EL ACTUARIO JUDICIAL DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN PROVEÍDO DE UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL AMPARO EN REVISIÓN 352/2021, DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE SU ADSCRIPCIÓN, SE ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA CONTRA EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO; DE LO QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUEDA ENTERADO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

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